Inmaculada Sánchez
El Tribunal Constitucional ha revocado las condenas más relevantes del conocido como ‘caso de los EREs’ que afectaban a quienes fueran presidentes de la Junta de Andalucía y del PSOE, Manuel Chaves y José Antonio Griñán. Casi cinco años después de las sentencias de la Audiencia de Sevilla, confirmadas por el Supremo, que consideraron a ambos culpables de idear un sistema de ayudas a los parados malversando la hacienda pública, no sólo Chaves y Griñán, que no han llegado a pisar la cárcel, sino otros altos cargos del PSOE andaluz que sí han pasado meses en prisión, se ven reivindicados, aunque demasiado tarde.
Un ‘delito político’, que el PSOE andaluz ya pagó ampliamente perdiendo en sucesivas elecciones la mayor parte de su poder, se transformó, sin base jurídica, en un ilícito penal que llevó a la cárcel a dirigentes públicos por el mero hecho de haber aplicado leyes aprobadas en el Parlamento andaluz. No lo digo yo. Es lo que viene a decir el auto del Constitucional que da la razón a los recursos de amparo presentados por la mayoría de los políticos condenados en la causa.
Que la decisión del alto tribunal se haya tomado por mayoría de los siete magistrados progresistas frente a los cuatro conservadores remarca aún más, si cabe, la profunda condición política de este caso que significó el principio del fin de tres décadas de dominio socialista en Andalucía. El ocaso ya había comenzado y arribaría inexorablemente sin necesidad de que los primeros espadas del partido pasaran por el banquillo, pero la judicatura como actor político en España no ha nacido anteayer, ni únicamente para atacar al sanchismo. Era preciso que dos presidentes de la Junta y del PSOE fueran condenados, como así ocurrió.
Recordemos lo esencial. Tras los ‘EREs’, expedientes de regulación de empleo de empresas andaluzas que cerraban y despedían trabajadores a finales de los 90 y principios del 2000, estaban unas ayudas públicas específicas de la Junta de Andalucía pensadas como lo que hoy llamaríamos un ‘escudo social’ para los damnificados por los cierres y que el PP de entonces calificó de ‘compra de paz social’ con cargo a los presupuestos.
El estallido del caso vino por los dineros que se quedaron por el camino, con cargos públicos y sindicales aprovechando el sistema para lucrarse personalmente o incluir a familiares y amigos en el amplio listado de beneficiarios sin el necesario control exigible en el reparto de dinero público. A ellos llegó la justicia y no pocos fueron juzgados y condenados. Sin embargo, ni Chaves, ni Griñán, ni la exconsejera y exministra Magdalena Álvarez se llevaron un euro a su bolsillo. No todas las corrupciones son del mismo calibre ni merecen el mismo reproche, permítanme pronunciarme.
De igual manera es de justicia señalar que toda esta amplia red de corruptelas al calor del sistema de ayudas de los EREs no podría haber nacido y crecido sin el tejido clientelar con el que el socialismo andaluz venía asentando su poderío durante décadas. Aquello estaba sentenciado socialmente y, en su momento, la propia Susana Díaz, pese a su edad y el masivo apoyo de la oficialidad del PSOE, vio lastrada y condenada su apuesta al liderato del partido por el insoportable peso de un socialismo antiguo que ya no caminaba al paso de la sociedad española.
Mucho sufrió el PSOE con el derrumbe de lo que fue su histórico feudo electoral y de poder político durante décadas. Incluida la expulsión del partido de Chaves y Griñán a los que Ferraz abre las puertas ahora a reintegrarlos en sus filas.
Hoy, el Tribunal Constitucional, con su decisión, viene a enmendar un ensañamiento judicial que ya es irreparable para quienes lo sufrieron en primera persona pero, también, a sentar un valioso precedente sobre lo que es una decisión política discutible o censurable y lo que es un delito penal. Tomen nota, señores jueces.
