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Las dos caras de… 

José Luis Ábalos

Por Jano Luna

Con el tránsito de José Luis Ábalos al grupo mixto en el Congreso —según un mal chiste, algo aprendería cuando fue ministro de Transportes y Movilidad—, el PSOE pierde un peso pesado y un escaño al mismo tiempo, aunque el protagonista declare que seguirá apoyando al partido de sus amores desde hace 43 años, que le ha retirado el carné de socio. Antes, entre 1976 y 1981, pasó por el Partido Comunista. En la cercanía a Ione Belarra, Javier Sánchez, Martina Velarde y Noemí Santana — supervivientes de Podemos en el hemiciclo—, comentará tal vez episodios de su juventud, como cuando el PCE decidió pactar con la burguesía y renunciar a la revolución.

A la contra, el PP gana munición para seguir ametrallando al presidente del Gobierno, y así lo ha hecho en la última sesión de control parlamentario. Un intento de elevar el ‘caso Koldo’ a ‘caso Sánchez’, como suele suceder cuando un escándalo afecta a izquierdas o derechas, casi siempre en la órbita de las dos formaciones hegemónicas por pura importancia cuantitativa.  

Turbulencias en la vida pública reciente del valenciano José Luis Ábalos Meco, 64 años. Sus primeros tiempos como maestro de enseñanza primaria auguraban el porvenir tranquilo y mal remunerado que identifica a la profesión. Pronto pidió la excedencia e hizo una carrera ascendente. Desde puestos locales hasta llegar a ser una de las sucesivas ‘manos derechas’ de Pedro Sánchez. 

También sus argumentos en este suceso se han modulado. Primero negó conocimiento sobre la presunta corrupción de su ex asesor ministerial, mostrándose «sorprendido y decepcionado». Enseguida dijo esta perogrullada: «Si esto se hubiese producido siendo ministro, debería haber dimitido en el momento, pero ahora soy diputado». Aludía a las supuestas mordidas de Koldo García Izaguirre, mediante el tráfico con mascarillas en plena pandemia al amparo del tráfico de influencias.

Finalmente, y aunque su culpa haya sido tan solo no vigilar como es debido a un subalterno dudoso, Ábalos se ha amparado en la inmunidad parlamentaria. Su argumento resulta de nuevo obvio, «para defenderme quiero estar protegido, y seguir siendo diputado me permite estar en la tribuna». Aunque una cosa sea el privilegio, y otra la garantía de salir ileso.

Lo que le resta de carrera política será más breve que la docencia juvenil. Su salida del Gobierno, el 10 de julio de 2021, fue tan extraña como la ausencia de explicaciones sobre las causas del cese. Le destinaron a la presidencia de la Comisión de Interior en el Congreso, puesto mucho más plácido.

En el trasfondo del nuevo culebrón, la codicia de empresarios oportunistas, improvisados al calor de las instituciones. Extendido el virus, vida y salud de millones de españoles dependían de las mascarillas y de otros recursos. Las múltiples infracciones —no es un caso aislado— exigen una extensa auditoría y la intervención de la Justicia. 

Civio, grupo multidisciplinar que quiere contribuir a la mejora de la calidad democrática en España, ha investigado durante meses la trama y sus vínculos. A continuación, algunos de sus datos sobre las adjudicaciones, cifradas en 6.554 millones de euros.

«Cuatro empresas se llevaron el 10% de todo ese dinero. Y la que más se llevó ni siquiera se dedicaba a asuntos sanitarios antes de la pandemia».

«Algunos organismos han colado concesiones de televisión pública, piscinas, compra de pistolas láser, y hasta camellos para la cabalgata de Reyes, entre las concesiones de emergencia». 

«Faltaba stock de muchos suministros y surgían intermediarios ávidos de hacer negocio Las mascarillas FFP2, por las que unas administraciones llegaron a pagar 25 céntimos por unidad y otras 8 euros, son un buen ejemplo».

«Algunos precios se multiplicaron por 10 en semanas. ¿Hubo empresas que se aprovecharon? Sí. ¿Vendieron los mismos productos a unas administraciones más caros, y otras más baratos, incluso en el mismo día? Sí. ¿Hubo organismos públicos que pagaban de más, incluso cuando los precios ya habían bajado? También».

«La obligación más importante era la transparencia. Las adjudicaciones se tenían que haber publicado en 15 días, y hemos demostrado que más de la mitad incumplieron esa regla». 

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