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Las dos caras de… Rodrigo Rato

Por Jano Luna

18 de enero 2024

El sábado 25 de febrero de 2023 José María Aznar celebró su 70 cumpleaños con una cena opípara, a la cual invitó a doscientos amigas y amigos en números redondos. El festejo tuvo como ‘marco incomparable’ el Teatro Real en Madrid. Al expresidente le gusta, y tiene medios para ello, contratar escenarios suntuosos para eventos familiares. Acudió la plana mayor del Partido Popular, más unos cuantos personajes de la política internacional, la gran empresa y otros centros de poder. Con la comentada ausencia de Mariano Rajoy y la comprensible de otro ex, Pablo Casado. El homenajeado aprovechó el ágape para exaltar a España y a la «libertad que mueve el mundo».

Casi un mes después, el 18 de marzo, Rodrigo Rato cumplía los 74 muy lejos de los flashes. Posiblemente meditaría acerca de su propia libertad restringida por la justicia, quien fuera omnipotente vicepresidente del Gobierno con mando en Economía y Hacienda, gracias a Aznar como gran valedor, y quien en la actualidad sufre un calvario judicial. 

El 1 de octubre de 2020 abandonó la prisión de Soto del Real, en régimen de tercer grado con control telemático, tras cumplir una cuarta parte de la condena por el uso y abuso de tarjetas crédito opacas, durante su catastrófica gestión al frente del conglomerado Bankia. Entre otros gastos, más propios de un tarambana en horas disipadas que de un digno mandatario, se descubrió que Rato cargó al banco 3.547 euros en bebidas alcohólicas —de una tacada— y otros 2.300 en salas de fiestas, pubs y discotecas… al principio de la tarde, cuando la gente corriente suele almorzar.

A Rodrigo Rato Figaredo, cuyos apellidos vienen de dos ilustres familias con raíces asturianas, aún le queda un largo recorrido por los tribunales. En diciembre de 2023 se inició el proceso por supuestos delitos de fraude, alzamiento de bienes y blanqueo de capitales. Esas irregularidades se habrían producido desde que comenzó su andadura en el gobierno y, a continuación, cuando traspasaba con asiduidad las puertas giratorias que premian a los políticos proclives al ‘capitalismo de amiguetes’. La Fiscalía pide setenta años de cárcel, aunque ni en el peor de los casos habitaría una celda hasta soplar 150 velas.

Poco queda de aquel dirigente altivo, con sonrisa de suficiencia en las fotos oficiales como director gerente del Fondo Monetario Internacional —285.700 euros al año, libres de impuestos—. Dimitió el 1 de noviembre de 2007 después de tres años y seis meses en una atalaya desde la que fue incapaz de atisbar la crisis económica. Al parecer se aburría en un Washington con muchos menos alicientes mundanos que Madrid. 

El hombre que frecuenta los juzgados y que asistió el pasado 11 de enero al velatorio de su gran amigo César Alierta, es un anciano de rostro sombrío con la expresión incrédula de los caídos en desgracia, que significa: «¿Por qué me ha tocado a mi cuando tantos han hecho lo mismo?». Pero Rato tiene motivos para la esperanza, aunque el Partido Popular le haya hecho un aparente vacío. Por lo pronto, de su corta estancia en el FMI ha heredado 54.536 euros anuales como pensión vitalicia. Una cantidad que no cobra ni el jubilado con el informe de vida laboral más top. Al igual que otra pensión indemnizatoria por la etapa bancaria, un porcentaje está embargado por los juzgados.   

A sumar —aparte del patrimonio que haya logrado preservar fuera del alcance de los investigadores tributarios— los rescoldos del poder. El ministro liberalizador de la economía  y privatizador de lo público a las órdenes de Aznar, el magnate que tocaba la campanilla en la salida a Bolsa de Bankia con gesto arrogante, el contribuyente que se acogió en 2012 a la amnistía fiscal de Mariano Rajoy —levantando la liebre de las sospechas—, dispone de una súper abogada para su defensa frente a la Agencia Tributaria.

María Massó Moreu es socia de Derecho Penal en la filial española de Baker McKenzie, el bufete con mayor número de profesionales en Estados Unidos. En su página de Linkedin escribe que asesora «en procesos penales y de implementación, revisión o desarrollo de sus programas de cumplimiento normativo penal». Ha solicitado a la Audiencia Provincial de Madrid la nulidad del auto de entrada y registro, el 16 de abril de 2015, en la oficina de Rato en Madrid. Si se aceptara la tesis de intromisión en la intimidad profesional de su cliente, reventaría el proceso.

No es novata en la materia. Fue quien consiguió convencer a un juez de que la destrucción de los discos duros del Partido Popular en el ‘caso Bárcenas’ fue legal, pues pertenecían al partido. Otras intervenciones en casos ligados a la corrupción política y económica han aumentado notablemente el precio de sus minutas. 

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