Julio Martínez
Inmaculada Sánchez
Los delatores, los ‘arrepentidos’, los que, supuestamente, tienen manta de la que tirar amenazan con adueñarse de nuestra escena política. Turbios personajes, delincuentes confesos y reconocidos corruptores han encontrado una alfombra roja sobre la que transitar siempre que su testimonio vaya contra el entorno del PSOE o del Gobierno. Tras Víctor de Aldama ahora es Julio Martínez, el dueño de la consultora en la que trabajaba José Luis Rodríguez Zapatero, quien inculpa al expresidente de ser el cerebro de las influencias que vendía, incluido el rescate de Plus Ultra. La desproporcionada recompensa que el Tribunal Supremo concedió a Aldama por sus acusaciones en el caso contra Ábalos, pese a su ridícula aportación de pruebas, ha producido el efecto deseado. Mientras el ‘amigo empresario’ de Zapatero se revuelve contra él, otros investigados en causas sensibles a los socialistas, como Leire Díez o Santos Cerdán, calientan la banda espoleados por el PP. La derecha judicial que puede hacer, sigue haciendo, como vemos, y acaba de abrir una indeseable puerta a interesados delatores por la que, al margen del recorrido judicial de sus acusaciones, continúe entrando renovada munición política contra Pedro Sánchez.
Julio Martínez, dueño y administrador de Análisis Relevante, la consultora investigada por tráfico de influencias en el rescate de la aerolínea Plus Ultra, ha dado un vuelco a su estrategia de defensa esta semana al declarar ante el juez que no era más que un correveidile de Zapatero, echando sobre las espaldas del expresidente todas las acusaciones que se ciernen sobre él y que, hasta ahora, simplemente había negado. El antaño ‘amigo Julito’ ha caído de lleno en los brazos de la ‘vía Aldama’, de la que su ufano protagonista se jactaba nada más conocer que ni pisaría la cárcel ni tendría que devolver el dinero cobrado por las comisiones del ‘caso mascarillas’ tras la sentencia del Supremo. Para el corruptor confeso, ‘colaborar’ con la justicia salía muy a cuenta y otros debían seguir su ejemplo, como dijo nada más salir indemne del juicio que condenó a Ábalos a 24 años de prisión y a Koldo García a 19.
Ver actuar a nuevos seguidores de sus andanzas le debe hacer sentir tan seguro y fuerte que continúa recorriendo platós de televisión y lanzando nuevas acusaciones contra el Gobierno como ya hiciera antes del juicio, sin aportación de prueba alguna. Ahora es contra el ministro Félix Bolaños, de quien dice que le envió emisarios con ofertas de dinero y pactos para que no entregara a la justicia supuesta información sensible para Moncloa. También estos días ha vuelto a insistir, esta vez en una televisión canaria, contra el ministro Ángel Víctor Torres del que asegura contundente que “acabará imputado”.
Tal es el nivel al que ha llegado nuestro debate político que un delincuente confeso se permite amenazar a miembros del Gobierno y acusarles de todo tipo de trapacerías y delitos con la cobertura de medios de comunicación nacionales y el altavoz de la oposición, que da total veracidad a lo que diga, aunque tenga más que demostrado que nunca ha avalado con pruebas sus principales imputaciones. Y lo peor es que con la declaración de Julio Martínez ante el juez de esta semana la denominada ‘vía Aldama’ se está convirtiendo en un ejemplo a seguir.
Obvio es añadir que nada tendría que temer el PSOE, el Gobierno o el mismo Zapatero si no se hubieran visto involucrados en investigaciones sobre corrupción. El ciudadano ha de percibir que se administra justicia con rigor y que cada cual afronta sin privilegios las consecuencias de sus actos. También es evidente, sin embargo, que llevamos asistiendo demasiado tiempo a indagaciones extravagantes, diligencias desproporcionadas, acusaciones inverosímiles, procesos asimétricos y controvertidas sentencias que han hecho caer en picado la confianza ciudadana en los jueces, como yo misma refería hace un par de semanas en mi tribuna “El descrédito de la justicia”. Y que todas estas actuaciones se centran en casos relacionados con el entorno del PSOE, el Gobierno o la familia del presidente.
La llegada de nuevos ‘Aldamas’, lejos de contribuir a despejar las dudas sobre la fiabilidad de nuestra justicia, me temo que su principal aportación se dirija básicamente al avituallamiento de Génova y los discursos de Alberto Núñez Feijóo. Los Martínez y ‘Aldamas’ que quieran defenderse ante los jueces están en su legítimo derecho de hacerlo, igual que lo tienen a no decir la verdad. Y ése es el matiz que nuestra embarrada escena política parece incapaz de aclarar. Ayudaría a ello si el propio Rodríguez Zapatero diera alguna de las explicaciones que prometió públicamente nada más conocerse su investigación y cuando, después, la policía descubrió las joyas guardadas en su despacho. El creciente descrédito del expresidente está haciendo ya demasiado daño a Moncloa y a toda la izquierda.
Un detalle más a tener en cuenta. La nueva abogada de Julio Martínez, el delator de Zapatero, es María Dolores Márquez de Prado, una de las pioneras, junto a otros colegas, de las primeras ofensivas de la derecha judicial contra un gobierno socialista. Ex fiscal de la Audiencia Nacional y del Supremo, formó parte del conocido grupo de los “fiscales indomables”, adjetivo acuñado en su día por los medios de la derecha que jaleaban su oposición activa a las directrices de la Fiscalía General en los 90, con Felipe González en la presidencia. La elección de esta letrada dice mucho del interés político que Martínez quiere imprimir a partir de ahora a su defensa. En breve sabremos si estamos ante otro Aldama y el daño que puede hacer, no solo a Zapatero o al PSOE, sino a Pedro Sánchez en concreto, que hasta ahora apuesta por defender férreamente su presunción de inocencia.
