Escrito por 7:29 pm Justicia

“LOS DESAHUCIOS INSTADOS POR LOS FONDOS BUITRE” Y EL JUEZ PEINADO

José Mariano Benítez de Lugo (abogado) autor de este artículo y Juan Carlos Peinado (juez)

«Los desahucios instados por los fondos buitres» es el título del libro que acaba de salir al mercado (Editorial Dykinson) en el que he reflejado por un lado, la nefasta operación de venta de viviendas sociales vendidas a Fondos Buitre (BLACKSTONE y LAZORA fundamentalmente) y por otro lado, los 280 juicios que he “sobrellevado” contra los desahucios de modestos inquilinos instados por los referidos fondos especulativos, exponiendo en la obra, la acreditada postura hiperformalista (y a veces incluso reaccionaria) de muchos de los jueces españoles que son incapaces de comprender en su indiscutible extensión, los dramas humanos que suponen esos lanzamientos cuando existen, y haberlas haylas, soluciones estrictamente jurídicas para evitarlos. 

         En el acto de presentación del libro la pasada semana en la sede del Consejo General de la Abogacía Española, me refería, entre otros temas, al LAWFARE, como fenómeno que contiene dos etapas claramente diferenciadas; una primera, cuando alguien, persona física o jurídica, insta un procedimiento judicial de cualquier naturaleza con objetivos bastardos, ya sean políticos o económicos, y la siguiente etapa, no menos importante, es que el juez al que le ha correspondido esa denuncia o querella, no quiere ver el deleznable objetivo y causa de la denuncia, y la asume, aun siendo sus torpes objetivos manifiestos para cualquier mente humana objetiva. 

Y tal es el caso del comportamiento del Juez Peinado respecto de la denuncia contra la esposa del Presidente del Gobierno por el pseudosindicato “Manos Limpias” quien, a diferencia de lo obligado, no solicitó el criterio del Fiscal para la admisión de la denuncia, de la cual éste ha manifestado que se enteró por la prensa que, obviamente, tuvo noticia de ella desde su Juzgado. 

Y es que el bajo nivel jurídico del citado Juez, nos lo demuestra cuando habiendo sido criticado (extrajudicialmente) por vulnerar una “regla no escrita” de que determinadas resoluciones judiciales no deben formularse en periodos electorales para evitar su incidencia en el que comportamiento de los ciudadanos como votantes, expide un peculiar manifiesto (que reviste forma de Providencia) diciendo obviedades, cuales son que no hay ninguna norma que impidiera su decisión por estar en tal periodo. Y decimos peculiar -por calificarla suavemente- porque los jueces en un caso sometido a su competencia y jurisdicción deben pronunciarse con Resoluciones (providencias, autos o sentencias), tal como dispone el, art. 245 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, pero no haciendo alegaciones fuera de tales vías, a modo de respuesta a críticas extrajudiciales, por más que las quiera revestir como “providencia”, pues estas solo tienen por objeto “la ordenación material del proceso”, tal como inequívocamente señala el precepto citado, y en el caso expuesto su manifestación es totalmente ajena a tal cometido legal.

         Y de su sesgada posición como juez instructor es otra muestra la forma de relacionarse con el Fiscal del caso, con expresiones inapropiadas en grado sumo a las que debe hacerse ante el genuino defensor de la legalidad y de los derechos de los ciudadanos, según marca el art. 124.1 de nuestra Constitución y su Estatuto Orgánico.

         Ante este caso, nos vemos obligados por más que nos repugne, a dar la razón a los independentistas cuando se quejan -muchas veces sin razón- del lawfare presente en determinados miembros de la magistratura, y es que ésta, con denostada frecuencia, tiene en común con los mentirosos su intención de desembarazarse de los hechos y manipularlos (H. Arendt).

         Se nos podría decir que la Audiencia Provincial por su Auto de 29 de mayo pasado, pese haber estimado parcialmente el recurso del Fiscal contra lo decidido por el Juez Peinado, ha avalado la realización de éste para proseguir las diligencias que considere necesarias “en los términos establecidos”, y éstos son los que la sospecha del delito debe “decantarse y superan los filtros establecidos”, “y solo después” en su caso, “llamar a alguien a declarar como investigada”, y en el caso que referimos, el juez en su Auto de 3 de junio, se ha precipitado a citar a la Sra. Gómez como investigada aun cuando solo existan, como el mismo afirma “aparente, inicial, sospecha de indicios”, cúmulo de calificativos que contradicen lo resuelto por la A.P. como exigencias para (y antes) de tomar la declaración ya acordada, máxime cuando con anterioridad ya había acordado la citación de más testigos que podrían apoyar o no esas etéreas sospechas.

         Quizás el meollo de las decisiones judiciales y del antes mencionado LAWFARE se halla en que el Juez Peinado es miembro de la Asociación de Jueces conservadora (que tiene idilios con el PP), y el ponente del Auto de la Audiencia Provincial mencionado pertenece a una Asociación escindida (más a la derecha incluso) de la antes mencionada.     

José Mariano Benítez de Lugo

Presidente Honorario de la Asociación de Abogados Demócratas por Europa. Medalla de honor del Colegio de Abogados de Madrid.

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