José Sanuy
El último informe del Consejo Económico y Social de España, presidido por Antón Costa. titulado “La realidad migratoria en España: prioridades para las políticas públicas, La inmigración, clave en la recuperación postpandemia y para un crecimiento económico sostenido” destaca que los inmigrantes contribuyen positivamente a la sostenibilidad del sistema de pensiones ya que su integración laboral favorece el aumento de los ingresos por cotizaciones sociales y la mejora de la ratio entre cotizantes y pensionistas.
No obstante, matiza, la inmigración no constituye una solución estructural por sí sola, dependiendo también de la calidad de la integración laboral, de la estabilidad económica y del conjunto de políticas, entre ellas las políticas activas, que mejoren su inserción en el mercado laboral.
Una presión hasta el año 2050
El sistema público de pensiones español se enfrenta al reto derivado de la entrada a la jubilación una cohorte de población especialmente numerosa que, hasta aproximadamente el año 2050, ejercerá una notable presión sobre el gasto en pensiones.
En este contexto, más allá de las reformas aprobadas recientemente dirigidas a preservar la sostenibilidad a largo plazo del sistema de pensiones, la llegada de población inmigrante está contribuyendo positivamente, a través del incremento de la afiliación en alta laboral y, con ello, de los ingresos por cotizaciones sociales.
La mayor parte de la población inmigrante se encuentra en edad activa con una elevada participación en el mercado laboral, representando la afiliación extranjera alrededor del 14 por 100 del total.
En cambio, la proporción de pensionistas es muy reducida: el número de pensiones contributivas de jubilación percibidas por extranjeros apenas alcanza los 80.000, es decir, en torno al 1 por 100 del total y, de estas, solo una tercera parte se corresponde con legislación española, circunscribiéndose el resto a convenios bilaterales con otros países.
Base media de cotización de los inmigrantes: 1.798 euros mensuales
En definitiva, la entrada de inmigrantes está teniendo un impacto positivo sobre la sostenibilidad del sistema de pensiones, por su contribución a los ingresos y la elevación de la ratio entre cotizantes y pensionistas y, ello, a pesar de que, en términos generales, cuentan con menores bases de cotización, al ocupar mayoritariamente empleos de baja cualificación y bajos salarios.
Hay que tener en cuenta, por otra parte, que con el paso del tiempo la población inmigrante tiende a asimilar sus patrones reproductivos a los de la sociedad de acogida, reduciéndose, en el largo plazo, su capacidad para contribuir a mitigar el envejecimiento de la población.
Es de prever que parte de la población de origen inmigrante llegará a la edad de jubilación habiendo generado el derecho a una pensión en España, aunque su evolución dependerá, a su vez, de distintas variables.
De cara a los próximos años, las proyecciones de población realizadas por diferentes organismos apuntan al mantenimiento de flujos positivos de inmigración neta exterior y señalan que, si bien, estos serían inferiores a los observados durante el periodo 2022-2024, se espera que sigan contribuyendo a sostener parcialmente la población activa y a moderar el incremento de la tasa de dependencia.
En todo caso, conviene recordar la cautela con que hay que tomar las proyecciones a largo plazo, especialmente en un contexto como el actual marcado por una elevada incertidumbre económica y geopolítica, así como por rápidos cambios tecnológicos y climáticos; factores, todos ellos, que inciden directamente tanto en el signo como en diciembre de 2024, la base media de cotización de los cotizantes extranjeros se situaba en 1.798 euros mensuales (1.642,88 euros en los no comunitarios), frente a una base media de 2.275 euros en el caso de los cotizantes de nacionalidad española.
A lo largo de los últimos años, la llegada de población inmigrante ha contribuido a la sostenibilidad del sistema de pensiones mediante su integración laboral, al favorecer el aumento de los ingresos por cotizaciones sociales y la mejora de la ratio entre cotizantes y pensionistas. Sin embargo la inmigración no constituye una solución estructural por sí sola. Su éxito dependerá de la calidad de la integración laboral, de la estabilidad económica y de políticas activas que mejoren la inserción de los inmigrantes en el mercado formal, con empleos estables y bien remunerados.
