Escrito por 6:42 pm Economía

Los jóvenes exigen que se ponga coto a los lobbies energéticos

El fin de semana del 3 al 5 de noviembre de 2023, 90 jóvenes de todo el territorio español se han reunido en Guadarrama (Madrid) para celebrar la Conferencia de Juventud de Cambio Climático, bajo el paraguas de la LCOY (Local Conference of Youth), con el fin de elaborar una serie de puntos y propuestas que presentar como juventud española ante la próxima COP 28 que tendrá lugar del 30 de noviembre al 12 de diciembre en Dubái.

Han pedido que se aborde con contundencia un régimen de incompatibilidades en las próximas negociaciones. Como afirma una de las jóvenes presentes: “no pueden ser las personas con vínculos con los combustibles fósiles quienes dirijan las políticas climáticas”. Para ello se exige un registro de las reuniones de los parlamentarios para poner coto a los lobbies.

La juventud reunida en la LCOY declara que están “impacientes” por los insuficientes compromisos actuales de mitigación de gases de efecto invernadero. Los compromisos de cada país deberían ser más ambiciosos según su responsabilidad histórica, y deben rendir cuentas. España debe ser líder en la transformación del modelo energético, debe adherirse al Tratado de no proliferación de combustibles fósiles, apostar por su progresiva eliminación, y anticipar el horizonte de 2050 como fecha de su fin. Se acogen con interés las iniciativas de soberanía energética como las comunidades locales de energía, mientras que se rechaza la Taxonomía verde de la UE por incluir el gas o la energía nuclear.

En lo que respecta a España

España es un país amenazado por los embates del cambio climático. Ante el riesgo de subida del nivel del mar, de desertificación, de inundaciones y de incendios forestales, las personas jóvenes reunidas en la LCOY priorizan cuidar los ecosistemas y “ayudarnos con la naturaleza en lugar de ir en contra de ella”: restaurar las zonas naturales en las costas y en las zonas inundables, así como ampliar la red de parques naturales y áreas marinas protegidas. Consideran clave la planificación urbanística como una herramienta de adaptación múltiple, no construyendo en zonas en riesgo de incendios, adaptando y rehabilitando viviendas, o creando refugios climáticos. También se propone una gestión democrática del agua como bien común, y apostando por el agua regenerada. Se pone hincapié en los efectos del cambio climático sobre la salud de las personas, ante lo cual hay que adaptar la prevención como la vigilancia de enfermedades o la formación de la población sobre primeros auxilios climáticos como golpes de calor.

Opinan que España debe incrementar su capacidad de aportación financiera mediante instrumentos de fiscalidad sobre los beneficios de la industria de los combustibles fósiles. Debiera contribuir como país desarrollado, y aprovechar la presidencia rotatoria de la UE para apoyar a las migraciones forzadas por el cambio climático. Exigen  al gobierno de España que promueva el estatus de refugiado climático en el derecho internacional y establezca canales de acogida.

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