Mientras sobreviva el ‘caso Begoña’ los jueces seguirán mostrando al PP cuál es el camino correcto para reconquistar La Moncloa.
Juez Peinado
Inmaculada Sánchez
Tras la reciente jubilación de Manuel García Castellón y la renovación del Tribunal Constitucional, el brazo armado de la judicatura conservadora podría creerse desasistido en su feroz lucha contra el Gobierno de Pedro Sánchez pero la Audiencia de Madrid ha llegado al rescate validando esta semana la investigación del juez Peinado contra la esposa del presidente. Mientras sobreviva el ‘caso Begoña’ los jueces seguirán mostrando al PP cuál es el camino correcto para reconquistar La Moncloa.
García Castellón ha sido durante años el guía de la ofensiva judicial que azota al Gobierno de coalición desde sus primeros pasos. Su jubilación el pasado septiembre, obligado por el límite legal de los 72 años, dejaba un hueco difícil de ocupar pero el juez Peinado se ha manifestado, en pocos meses, como un digno sucesor.
Pendía de él, sin embargo, una espada de Damocles en base a una estrambótica instrucción, llena de singularidades e insólitas decisiones que, incluso, han llevado a la Abogacía del Estado a denunciarle por prevaricación en nombre del presidente del Gobierno. El patio político esperaba, pues, expectante la decisión de la Audiencia Provincial de Madrid sobre los recursos de la Fiscalía y la defensa de Begoña Gómez solicitando el archivo o, al menos, la limitación de la causa que instruye contra ella.
La Audiencia asume las tesis indagatorias del magistrado instructor.
Tomándose su tiempo, con varios meses antes de abordar la cuestión, los tres jueces que componen la sección 23 de la Audiencia, instancia inmediatamente superior a Peinado y mayoritariamente conservadora, han decidido finalmente permitirle continuar investigando a Gómez. Sólo unas líneas para recordarle que debe dejar fuera de la instrucción el rescate de Air Europa, una orden que ya le dictó hace meses y el magistrado ha sorteado por distintas vías, y, a continuación, varios folios rebatiendo a Fiscalía y defensa sobre la condición prospectiva de sus actuaciones y asumiendo las tesis indagatorias del magistrado instructor.
La Audiencia Provincial, incluso, no solo estima que ‘hay cosas que investigar’ sino que, además, le reconoce a Juan Carlos Peinado que puede tomarse el tiempo que considere para hacerlo al citar expresamente que el caso “se encuentra en una fase muy inicial, teniendo en cuenta la complejidad de los hechos investigados”. Una forma de decir a Moncloa, en lenguaje judicial, que se prepare para un largo calvario político antes de que se pueda saber si la mujer del presidente hizo algo indebido o no. Y también de confirmar al PP que dispondrá de tiempo para administrar sus acusaciones de corrupción al entorno personal y familiar de Pedro Sánchez durante meses.
El confirmado rechazo a la recusación de Cándido Conde-Pumpido para los debates sobre la Ley de Amnistía en el Tribunal Constitucional de este martes apenas ha supuesto un leve respiro para el Gobierno. Salvo la mayoría progresista del tribunal de garantías Sánchez no dispone de oxígeno alguno entre los togados, como le acaba de confirmar la Audiencia Provincial madrileña con el caso de su esposa, que amenaza con convertirse en una permanente diana contra el presidente.
Díaz Ayuso ya ha enfocado el objetivo y el PP de Madrid ha citado a Gómez para comparecer el 13 de noviembre en la comisión de investigación que ha puesto en marcha en la Asamblea sobre su master en la Complutense.
La simpar lideresa madrileña conseguirá ese día la foto de la esposa del presidente en la cámara autonómica, donde tiene obligación de acudir, para no decir nada a sus diputados acogiéndose a su derecho al silencio por estar inmersa en una investigación judicial. El juez Peinado lo logró también el pasado julio con Sánchez con su inaudita visita a Moncloa para tomarle declaración. Una vez más los jueces señalan el camino por si en el PP alguien se despista.
