El Gobierno prepara un proyecto de ley para evitar algunas corruptelas en la preparación de los aspirantes a la carrera
José García Abad
Ciertamente los jueces han cambiado mucho en los últimos años con la incorporación de gente más joven, con más mujeres, con porcentajes más bajos de hijos de otros jueces, en la mayoría gentes de clase media, que no son tan carcas como antes pero han cambiado menos que el conjunto de la sociedad española. Siguen siendo en su mayoría de derechas por caminos más sutiles que antaño.
Consciente de ello el gobierno ha preparado una norma para evitar algunas deficiencias y corruptelas en la preparación de los aspirantes a jueces o fiscales, el anteproyecto de ley orgánica para «la ampliación y el fortalecimiento de las carreras judicial y fiscal», que ha presentado para su informe al Consejo General del Poder Judicial (CJPJ). Este órgano ha aceptado la mayor parte de la propuesta gubernamental planteando algunas objeciones, sostenidas mayormente por los vocales conservadores.
Estos critican el intento gubernamental que recoge la critica que se hace a la preparación memorialista de los aspirantes a jueces y pone el énfasis en la práctica, como sentenciar sobre casos concretos. Critican que «Si la prueba o pruebas concretas que se realicen no son suficientemente rigurosas, se corre el riesgo de que este llamamiento excepcional pueda evidenciar una renuncia a la comprobación objetiva de los conocimientos que el aspirante a juez posea sobre las materias jurídicas” Afirma que «esa renuncia puede debilitar la independencia del Poder Judicial, entendida como la independencia de cada uno de los jueces, juezas, magistrados y magistradas en el concreto ejercicio de su función jurisdiccional».
Critican también lo dispuesto en el anteproyecto sobre el acceso por el ‘cuarto turno’, que permite la entrada a la carrera judicial a licenciados en Derecho que lleven 10 años en ejercicio a través de un concurso-oposición. Concretamente que se señala que el número de plazas a convocar «no podrá ser inferior al equivalente a un tercio de las ofertadas para el acceso por el turno libre», lo que «supone un claro incremento respecto de la previsión legislativa actual»; y al establecer que quienes ingresen de este modo a la carrera se les reconocerá a todos los efectos cinco años de servicios prestados en la categoría de juez en el orden jurisdiccional por el que hubieran accedido lo que consideran discriminatorio en perjuicio de quienes han alcanzado la categoría de magistrado por promoción desde la de juez, que no resulta justificado.
Canta el corporativismo del CGPJ
Lo que detecta con más claridad el corporativismo del CGPJ es lo referente a la corruptela de los jueces que preparan a los aspirantes a jueces. En el anteproyecto se fija que sea obligatorio que los preparadores pidan la compatibilidad que ahora solo afecta a los que superen un determinado número de horas con el objeto de acabar con el cobro en negro por parte de los preparadores.
El informe del CGPJ reprocha esta medida y sostiene que tal actividad ha de ser entendida como una obligación moral/deontológica en cuanto que una manera de trasladar los conocimientos y amplia experiencia profesional en el ejercicio de la jurisdicción a las nuevas promociones que integrarán la Carrera Judicial, sin olvidar que, en muchas de las ocasiones, tal preparación obedece, más que a fines mercantilistas, a fines generosos de colaboración e intercambio de conocimientos jurídicos respecto, en gran número de casos, de personas más o menos cercanas.
El preparador es decisivo y turbio
Como explica Joaquín Urías en su libro “La justicia en el banquillo” publicado en mayo de 2024, los nuevos jueces ya no son hijos de ricos pero el coste para preparar oposiciones está en torno a los 300 euros mensuales a lo que hay que añadir los gastos de vivir sin ingresos, normalmente en domicilio paterno durante 5 años. Solo el 40 % de las familias españolas podrían dedicar 300 euros mensuales.
Denuncia Urias que la mayoría cobra a escondidas de Hacienda, sin solicitar al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) la autorización de compatibilidad. Si el preparador es magistrado del Tribunal Supremo incrementa el éxito en las oposiciones. No todo el mundo tiene acceso a estos magistrados, que exige posición social y contactos. Estos jueces al seleccionar alumnos configuran perfil de los que entran lo que tiene que ver con la selección ideológica de los candidatos.
“En todo caso – concluye Urias – la íntima relación que se forma entre el preparador y el opositor puede tener alguna influencia sobre el modo en que este entiende su futura posición como juez y en la selección ideológica de los candidatos”.
Quien sostiene: “Permiten la entrada a un grupo cerrado y elitista. El resultado es un Poder Judicial muy homogéneo, donde las nuevas incorporaciones asumen como propios los valores y el sentido corporativo de quienes ya están dentro. Se garantiza la continuidad de tal modo que “aunque cambien los jueces, el Poder Judicial no cambia”.
Tal como lo denunció El País hace ocho años
Sigue siendo válido lo que publicó Jordi Pérez Colomer el 5 de enero de 2017 en en el diario El País bajo el título : EL NEGOCIO LIBRE DE IMPUESTOS DE LOS ALTOS FUNCIONARIOS”: “Un día el preparador nos juntó a todos sus opositores. Estábamos todos en el salón, éramos más de 10”,le cuenta a Jordi Pérez un ex opositor que no ha llegado a ser juez tras 7 años de estudio. Era un piso señorial en el barrio de Salamanca de Madrid. “Esperábamos, cantábamos el tema y nos íbamos. En una hora nos ventilaba a tres”, añade. El preparador era un magistrado del Tribunal Supremo y cobraba a cada opositor 325 euros al mes en un sobre”.
El dinero que los altos funcionarios ingresan por estas clases no está regulado. La tributación depende exclusivamente de la buena voluntad de los empleados públicos. “Hay un agujero en la tributación de esta labor”, le dice al periodista Álvaro García Ortiz, portavoz entonces de la Unión Progresista de Fiscales y en la actualidad fiscal general del Estado. “No solo es feo, es ilegal. Es del tipo de cosas que la gente prefiere mirar a otro lado. Esto era escandaloso hace unos años y ahora se va regularizando algo más, pero no es aún un campo limpio”, añadía.
La adscripción a las asociaciones judiciales muestra el predominio conservador
Como sostiene José Antonio Martín-Pallín, la finalidad de la conservadora Asociación Profesional de la Magistratura fue monopolizar el poder judicial.
El artículo 127 de la Constitución establece que jueces y magistrados no pueden pertenecer a partidos y sindicatos y se remite a futura ley que regule las “modalidades de asociación profesional”. Un grupo significativo de conservadores cercanos al régimen franquista decidió crear una asociación profesional que al aspirar a ser la única la denominaron Asociación Profesional de la Magistratura. La fundan en el parador de Sigüenza en 1979.
En la asamblea fundacional inicialmente se quiso evitar cualquier referencia explícita al nuevo texto constitucional y sus valores, rechazados por una mayoría de asistentes. En mayo de 1981, la asamblea de la asociación reunida en Madrid rechazó expresamente la ponencia que explicitaba la sumisión de los jueces a la Constitución.
Data de entonces la idea de que impartir justicia es una tarea técnica que permite a los jueces imponer un modelo social y conservador y que la interferencia de partidos políticos solo viene a ensuciar tal modelo ideal.
La finalidad de la primera asociación judicial era exclusivamente conseguir el poder en el nuevo Consejo General del Poder Judicial, y en la medida de lo posible, frenar la penetración democrática en la judicatura.
El sistema de elección era mayoritario y, efectivamente, la constitución de la APM le permitió copar la práctica totalidad de los puestos en el órgano de gobierno de los jueces excluyendo a todos los candidatos progresistas. Fue un instrumento del ala dura de la magistratura derechista para acceder al poder y evitar cualquier cambio como consecuencia del desarrollo de la Constitución.
Una vez que se les cierra la puerta los progres se ven obligados a crear su asociación en 1984: Jueces para la Democracia. Surge una tercera de UCD por iniciativa de UCD: la asociación Francisco de Vitoria.
Intercambio de favores
La relación entre la APM y los gobiernos de derecha estuvo caracterizada por el intercambio continuo de favores. Los comunicados públicos de la asociación se alinean siempre con las posiciones de la derecha y la ultraderecha, contrarias al aborto y a la inmigración, negadora de la violencia machista y desconfiando del Estado Autonómico.
A cambio, los partidos de derechas promocionan sin pudor a los miembros destacados de la APM. Tradicionalmente sus presidentes son nombrados magistrados del Tribunal Supremo.
De los cerca de 5.400 jueces, más de 1.300 son APM, 850 de la Francisco de Vitoria y 430 de la progre. Si se suma la cuarta asociación, el Foro Judicial Independiente, de marcado carácter corporativo la conclusión es que de todos los jueces que pertenecen a alguna asociación, el 43% pertenecen a una asociación muy conservadora, el 37 % a una asociación conservadora moderada, y solo el 15% a una progresista. Año tras año desciende la afiliación a la asociación progresista, mientras aumentan las demás. Nuestros magistrados se sitúan mucho más a la derecha que el resto de la sociedad española, una inclinación ideológica que no es exclusiva de España.
No aplican la misma vara de medir
Parece claro que la justicia española tiene unos límites marcados por el conservadurismo de los jueces, según los cuales no aplican la misma vara de medir a los delincuentes comunes que a los de cuello blanco, y que no terminan de considerar como muy graves los delitos fiscales.
En opinión de Jiménez Villarejo “la persecución del delito económico desde las más altas posiciones de poder es aceptada con dificultad por la Administración de Justicia, -jueces y fiscales- con las necesarias excepciones”. Considera significativo que, además de las excesivas dilaciones y de los reiterados pronunciamientos judiciales favorables a los presuntos responsables, el Ministerio Fiscal, en varios procedimientos, se alinease objetivamente con los imputados y acusados en lugar de servir a los intereses generales. Y señala que el impulso de estos procesos fue posible gracias al ejercicio de la acción popular por los ciudadanos”.
Concluye Jiménez Villarejo que los jueces no solo no valoran como infracciones penales conductas presuntamente delictivas que han puesto en peligro o lesionado el orden económico constitucional, sino que las justifican apelando al valor intrínseco del mercado.
Son jueces, no ya conservadores, a lo que no habría nada que objetar, sino que no han asumido los valores constitucionales sobre los límites a la economía de mercado. Y, en consecuencia, más allá de su intencionalidad, se alinean objetivamente con los intereses de quienes han adoptado decisiones que profundizan la desigualdad de nuestra sociedad y crean obstáculos para una más justa distribución de la riqueza. “Son ejemplos – concluye Jiménez Villarejo – de como los Tribunales no contribuyen, como les exige el artículo 9.2 de la Constitución, a que la igualdad sea más real y efectiva de lo que es actualmente. La consecuencia es que, para estos jueces, los imputados y acusados en estos procesos están por encima del alcance de la ley·.
La opinión de Torres-Dulce
Otro límite de la justicia es su reticencia para interpretar la irresponsabilidad del rey en el ámbito de lo político y en general a la hora de juzgar delitos del monarca y su familia.
Hay quien explica esta actitud sosteniendo que la Transición no ha pasado por la Judicatura, un hecho que me niegan con vehemencia los magistrados que han tenido la amabilidad de recibirme para mi libro “Todos lo sabían”, incluso los más progresistas.
Es especialmente vehemente al respecto Eduardo Torres-Dulce, quien mostró su independencia cuando fue Fiscal General del Estado. Esta fue nuestra conversación al respecto:
ETD: “Yo llamo Transición a lo que supuso la Constitución Española, que representó un pacto para conseguir un Estado de derecho, con división de poderes y demás. A partir de 1978 lo que hacen los tribunales es aplicar la gran norma y a final del año 80 u 81 se crea un cuerpo de doctrina muy importante en el que se van resolviendo recursos de amparo y se empieza a llamar la atención a aquellos tribunales que no eran suficientemente conscientes de ello. Así que decir que la Transición no ha afectado a la justicia es, como mínimo inexacto”.
JGA: Pero los jueces eran muy franquistas. No nos olvidemos del Tribunal de Orden Público, el siniestro TOP, cuyos jueces siguieron ejerciendo hasta su jubilación
ETD: También eran franquistas los militares, y los políticos… Eso no significa nada. Un juez puede tener la ideología que quiera, pero está sometido a la Constitución y, desde 1978, tenían que atenerse a ella; su nivel de impregnación fue desarrollándose progresivamente.
JGA: “Mortis causa”, conforme se iban muriendo los franquistas
ETD: Todos, incluidos los del TOP asumieron la Constitución. Yo, te insisto, no puedo estar de acuerdo en que la Transición no afectara a la Judicatura. Objetivamente no es verdad. Normativamente, tampoco. Habrá los casos que quieras, pero en general, a partir de 1978 y de forma muy acusada en los años 80, se produce un cambio estructural y de mentalidades en jueces y fiscales. ¿Qué actos contra la Constitución perpetraron esos jueces franquistas?
Martín-Pallín no ve la Transición
Probablemente no habrá jueces más progres que José Antonio Martín-Pallín que aceptando que la Transición no afectó a los jueces, extiende las deficiencias de la misma a todos los estamentos sociales.
“La Transición – enfatiza – no afectó a la judicatura, ni al periodismo, ni al Ejército, digan lo que digan; ni a los notarios, ni a los registradores por supuesto, ni a gran parte de la sociedad española. Si se hubiera hecho no asistiríamos al espectáculo que estamos viviendo. Cuando en noviembre de 1989 me nombran magistrado de la sala II me encontré con uno que había estado en la División Azul y otros como Antonio Huerta y Álvarez de Lara, que eran muy conservadores, pero debo decirte que con ellos tuve menos problemas que con Marchena que es un genio del mal. Que es como doña Rogelia”.
Clemente Auger: Al juez hay que reconocerlo por sus resoluciones, no por su ideología
Clemente Auger, crítico con muchos aspectos de la progresía me aconseja que no le ponga el ejemplo de Alemania donde los nazis cayeron tras la derrota en la II Guerra Mundial. Aquí Franco murió en la cama.
“A España – sostiene – le libraron de la guerra mundial los aliados porque les convenía. Aquí la Transición fue un pacto muy amplio en el que entraba que no se tocara la Magistratura … Cada uno es como es, no es posible ajustar cuentas…. Si llegamos a la Transición de la que algunos estamos tan contentos fue por un pacto con los que estaban”.
Sostiene Auger que al juez hay que reconocerlo por sus resoluciones, no por su ideología. “Las ideologías – sentencia – son malas, tanto la del progre como la de los conservadores. Ahora no lo sé, pero creo que antes la Magistratura era el resultado de la sociedad española. No creo que al régimen le preocupara la Magistratura…Contaba con el TOP y fuera. La judicialización de la política es un invento del Progre. Usted no puede desjudicializar; no utilice esa palabra sino “despenalizar”. Mientras el código penal está así no puede usted hablar de desjudicializar”.
La opinión de José Ajenjo, dircom del CGPJ
José Ajenjo, dircom del CGPJ niega rotundamente que no haya pasado la Transición por la Judicatura: “Yo creo que decir que la Transición no haya pasado por la judicatura es absolutamente voluntarista. Hay unos 5.500 jueces en España, la media de edad está en los cincuenta y tantos años. Todos ellos, si no nacidos en democracia, tendrían 6 o 7 años cuando murió Franco, y que hubieran ingresado en la carrera judicial antes de la aprobación de la Constitución no se si habrá alguno. Uno de los últimos que ya no está en activo era Luciano Varela, uno de los fundadores de Jueces para la Democracia. No sé si queda alguno más”.
En mi opinión, también muy personal, el caso de la Magistratura es diferente al de otros sectores al permanecer en él los jueces que integraron el siniestro Tribunal de Orden Público (TOP), un instrumento de la dictadura.
José Asenjo, dircom del Consejo General del Poder Judicial reconoce que la justicia no tiene buena imagen, lo que atribuye al poco roce de los ciudadanos con ella. “Cuando preguntas por la justicia- argumenta – solo uno de cada tres ciudadanos tiene a lo largo de su vida algún contacto con la justicia y la mitad solo uno en la vida.
Si preguntamos a un señor de la calle -anota – quien crees que es juez de los que pasan por allí, seguramente te va a señalar a un varón de cierta edad, cuando en la realidad de la carrera judicial está compuesta por un 56 % de mujeres. Las mujeres son mayoría en 17 de las Comunidades Autónomas, y en la única que no lo son, Murcia, las mujeres son más del 49 %. Y la media de edad es muy joven”. Asegura que desde hace años el poder judicial es el mejor valorado en todas encuestas de los tres poderes del estado, del Parlamento y del Ejecutivo, aunque reconoce que en parte no solo por el mérito del poder judicial como del demerito de los otros, de la clase política.
“Cuando le preguntas a un ciudadano por la justicia, en qué piensa – argumenta – el ciudadano que normalmente no va al Juzgado su opinión está muy condicionada por lo que recibe de los medios de comunicación y los medios se fijan en esos grandes casos. Cuando ves los juicios del Consejo de Europa, puedes observar que las cifras de resolución en España son bastante más positivas que en otros países con sistema judicial parecido al nuestro, un sistema continental, el francés o el italiano”.
Se están cumpliendo los malos augurios
En opinión del director de comunicación del CGPJ la fórmula establecida en la Constitución es muy abierta: al indicar “de la forma que elijan…” El Tribunal Constitucional no decidió sobre la fórmula, pero dijo que valía la de los doce.
Hoy, tantos años después, se están cumpliendo los malos augurios: que se convertiría en un sistema de cuotas. Es verdad que hay unos contrapesos, por ejemplo, el sistema de mayorías necesarias para hacer los nombramientos, pues dentro del consejo hace falta la mayoría de tres quintos para elegir a cualquier cargo discrecional. De forma que los nombramientos del Consejo ya si son consensuados, Si repasas los nombramientos que se han producido en este último Consejo. por ejemplo, verás que todos han salido con mayorías amplísimas. Naturalmente con votos de ambos sectores.
En la opinión, “muy personal” de Asenjo, “el sistema está tocado, porque se ha pervertido por parte de los grupos parlamentarios” pero no es necesario cambiar la Constitución.
