Inmaculada Sánchez
Los jueces que tanto han hecho por hundir a este Gobierno se revuelven este miércoles todavía más en su contra. Han convocado un paro simbólico de 10 minutos contra las reformas del acceso a las carreras judicial y fiscal que prepara el ministro Bolaños a las que acusan de querer “politizar” la justicia. No piden dinero ni mejoras laborales sino simple y llanamente que retire de su tramitación en el Congreso ambas leyes, que supondrán la mayor reforma del sistema de entrada a la judicatura en 40 años. Que el manifiesto lo suscriban en exclusiva todas las asociaciones conservadoras de ambas carreras, sin la firma de Jueces para la Democracia o la Asociación Progresista de Fiscales, ya da una idea de por dónde les duele la reforma. Demasiado ha tardado el PSOE en enfrentarse a la democratización de los juzgados. Y así nos va.
¿Ha sido necesario que este primer Gobierno progresista de coalición, y su presidente socialista, sufrieran la mayor ofensiva judicial contra él vista en democracia, oponiéndose a leyes aprobadas, maniobrando para no aplicarlas, manifestándose públicamente en contra de sus decisiones, aceptando querellas infundadas de la ultraderecha e instruyendo investigaciones sin indicios contra su entorno para que el PSOE se arremangue, por fin, para ampliar la puerta de entrada a la carrera judicial? Pues así parece.
La ambiciosa reforma que Félix Bolaños pretende con sus dos proyectos, el que reforma el acceso a la carrera judicial y fiscal y el que modifica el Estatuto Orgánico de la Fiscalía, ha puesto, por primera vez, de los nervios a la poderosa derecha togada. El consabido argumento es el de siempre: que el Gobierno quiere meter sus sucias manos en la sacrosanta independencia judicial que, por supuesto, está garantizada por el limitado y controlado acceso al puesto de juez o fiscal mediante una dura oposición. Lo que defiende el Gobierno, por el contrario, es que pretende que a esas exigentes oposiciones pueda optar cualquier ciudadano sin que su situación económica se lo impida, que se amplíe el necesario número de jueces y fiscales y que se modernicen los ascensos y el funcionamiento de la carrera.
Vayamos por partes. La histórica llegada de becas para opositar no admite discusión sensata y ni la mayoritaria y conservadora APM se opone. Por primera vez se dotará de cuatro años con el Salario Mínimo al becado para que pueda opositar. A partir de ahí empiezan las pegas de los actuales jueces a los que Bolaños pretende tocar su tradicional camino para opositar. Según el proyecto de ley el Centro de Estudios Jurídicos se convertirá en un centro público para la preparación de oposiciones, hasta ahora solo en manos de academias privadas y jueces-tutores y sus sustanciosas minutas. Para los que llaman a la huelga esto supondrá una suerte de ‘adoctrinamiento’ y control político por el simple hecho de que el citado Centro depende del Ministerio de Justicia.
Pero no es a esta lenta llegada de becados a los juzgados a lo que más teme la derecha judicial sino a otras puertas que la reforma abre a sus dominios. El cuarto turno por el que acceden juristas de reconocido prestigio sin pasar por oposición amplía su hueco de un cuarto a un tercio de las plazas, aunque nunca se haya cubierto el cupo máximo. También se crea este cuarto turno para entrar en la fiscalía, además de modificar las pruebas, que se suma a la novedad más criticada: se van a consolidar las plazas de los actuales cerca de mil jueces sustitutos mediante un concurso-oposición. Las exigencias de Europa para reducir la temporalidad en la Administración mandan, según Justicia.
El ministerio apela a la urgente necesidad de más jueces y fiscales para explicar todas estas medidas pero la derecha judicial sabe que el objetivo es mucho más profundo y de ahí su indignación: que la judicatura deje de estar copada por la derecha y empiece a representar más fidedignamente la pluralidad política de la sociedad española.
Este Gobierno, acosado como pocos, está viendo reducida al mínimo su capacidad de acción, legislativa y ejecutiva, durante este mandato mientras la feroz oposición intenta acortarlo con la machacona exigencia de elecciones anticipadas que volvió a enarbolar este pasado domingo en la madrileña Plaza de España. Por eso urge aún más que reformas de calado como ésta encuentren su hueco en el calendario del Congreso y los apoyos necesarios para salir adelante cuanto antes.
Las asociaciones que llaman a la huelga de este miércoles también critican, claro, su tramitación de urgencia en el Congreso. Piden que se les escuche, que negocien con ellos y que se pida opinión a entidades y organismos, como el Consejo del Poder Judicial, que tan ‘colaborador’ se ha mostrado siempre con el Gobierno. El tiempo en el poder siempre corre en contra de quienes lo ostentan menos veces y con menos recursos para usarlo. Confiemos en que Sánchez, Bolaños y sus socios parlamentarios, que tanto llevan padeciendo a la derecha judicial, no dejen que esta histórica reforma se quede varada en los tiempos y las apreturas de esta compleja legislatura.
