Escrito por 1:14 pm Economía

LOS RICOS NO PAGAN IMPUESTOS, COMO RECONOCIERON AZNAR Y SÁNCHEZ Y DENUNCIAN TÉCNICOS DE HACIENDA

Cruzado y Mollinado denuncian que la Agencia se abstuvo de intervenir frente al mal comportamiento fiscal de Don Juan Carlos

José Sanuy 

Carlos Cruzado, presidente del Sindicato de Técnicos del Ministerio de Hacienda (GESTHA), afirmó en laSexta el pasado 6 de julio: «Aznar y Sánchez han dicho que los ricos no pagan IRPF, y llevan razón. No lo pagan, o al menos   en su justos términos pues lo hacen a través de grandes sociedades que tampoco pagan de acuerdo con lo que correspondería a su capacidad económica, sino que pagan mucho menos que las pymes» a lo que añadió que tampoco pagan los impuestos sobre la riqueza, sucesiones y patrimonio. Y concluyó pidiendo que se modificara esa situación.

Carlos Cruzado ha escrito junto a José M. Mollinedo, secretario general de GESTHA un libro titulado, justamente: “Los ricos no pagan IRPF”, editado por “Capitán Swing”  en 2024, donde analizan las deficiencias e injusticias de nuestro sistema fiscal y proporcionan propuestas para la reforma.

Señalan los autores que desde el inicio, la AEAT, o sea la Agencia Tributaria, nacida en 1992 ha tenido luces y sombras, entre los logros más destacados está la mejora de la asistencia al contribuyente, la inversión en últimas tecnologías que ha permitido prestar servicios online, y el aumento de la recaudación derivada de las actuaciones de control, hasta que el modelo ha empezado a mostrar síntomas de agotamiento. Pero las sombras han acompañado a la Agencia desde el inicio, con numerosos casos de corrupción de sus directivos, jefes e inspectores.

Puertas giratorias

Denuncian las “puertas giratorias” de directivos que abandonan su cargo para asesorar a grandes empresas con disputas tributarias con la Administración. Por ejemplo como ocurrió en junio de 2015 con la dimisión del director del Servicio Jurídico de la Agencia, Juan Manuel Herrero de Egaña que fue contratado por la firma Deloitte Abogados tras cesar de su cargo. 

Según datos del Portal de Transparencia de 2016 el 7 % de los inspectores (160) pidieron la excedencia para pasar a la asesoría  fiscal. En marzo de 2020, Elisa de la Nuez, de la Fundación Derecho, señalaba un trasvase de cargos intermedios de la Administración a bufetes.

No frena la creciente desigualdad

Señalan los autores que una importante consecuencia en la progresividad de los sistemas tributarios es la ineficacia de estos para reducir  la creciente desigualdad, que ha pasado a ser uno de los principales problemas económicos en la actualidad. Así, según el Fondo Monetario Internacional (FMI) aunque cierto nivel de desigualdad es inevitable en un sistema económico de mercado, un grado excesivo de la misma puede erosionar la cohesión social, conducir a la polarización política y, en última instancia, reducir el crecimiento económico.

Acabar con los “parcheos” 

Y concluyen la necesidad de abordar una reforma fiscal completa que contemple el sistema en su conjunto y ponga fin a los “parcheos” que desde hace años viene sufriendo nuestro sistema tributario. Proponen abordar los problemas relacionados con la insuficiente equidad, así como vinculados con la baja recaudación en relación con los países de la UE, a los que hay que sumar la agravada situación de incumplimiento fiscal, que nos sitúa a la cabeza de los países de nuestro entorno en nivel de economía sumergida y fraude fiscal. El informe “España 2050” cifra la economía sumergida en el 20 % del PIB y fija reducirlo al 15 % en 2040 y el 10 % en 2050.

Inacción respecto al comportamiento del rey Juan Carlos 

Cruzado y Mollinado denuncian que la Agencia se abstuvo de intervenir frente al mal comportamiento fiscal de Don Juan Carlos a pesar de que los hechos delictivos aparecían en la prensa y constaba un conjunto de indicios más que suficiente para que hubiera actuado, y no lo hizo.

Y refiriéndose al comunicado de la Casa Real de 15 de marzo de 2020, en el que Felipe Vi se desvincula de cualquier activo del que pudiera ser titular Juan Carlos I en el extranjero que conllevaba el reconocimiento sobre posibles titularidades de activos por parte de Juan Carlos I, la AETE siguió sin apreciar indicios suficientes para actuar. “Y, en ese sentido – señalan – no puede tomarse en consideración, por su inconsistencia, la excusa que algunos portavoces oficiosos de la AETE, como la Asociación de Inspectores de Hacienda del Estado, plantearon en su momento justificando la inacción de la Agencia Tributaria en la primacía del orden penal sobre el resto de las jurisdicciones y en el hecho de que la Administración no puede actuar sobre un asunto sobre el que ya están actuando los jueces o fiscales. Tal posicionamiento olvida el hecho de que las investigaciones de la Fiscalía tienen carácter “preprocesal”.

La Agencia Tributaria seguía sin ver indicios suficientes de actuación cuando la prensa informó sobre las transferencias efectuadas por el empresario mexicano Allen Sanginés-Krause a favor de una cuenta de un coronel del Ejército del Aire, ayudante en su día de Juan Carlos I, desde la que se hicieron transferencias a cuentas de familiares  y personas a él vinculadas, respecto a las cuales la Fiscalía investigaba la participación del rey emérito. Informaciones a las que se unieron otras relacionadas con la Fundación Zagatka, creada en Liechtenstein y que tenía como tercer beneficiario a Juan Carlos I, a quien había sufragado gastos por valor de varios millones de euros correspondientes a vuelos en aviones privados durante once años.

Y llegó la regularización. 

El 9 de diciembre de 2020 y los días 2, 3 y 18 de febrero, después de que la prensa machacara con los escándalos del emérito sin que se despertara el celo de la Agencia, el abogado del emérito presentó declaraciones tributarias  “sin requerimiento previo”. La primera por importe de 678.393 euros, en relación con el impuesto de donaciones sobre las cantidades transferidas por el citado empresario mexicano, y las de febrero, por importe de 4.395.901, 96 euros, correspondientes al impuesto sobre las rentas derivadas por la asunción, por la Fundación Zagatka, de gastos de viaje y servicios.

Dichas declaraciones tributarias pudieron realizarse  por la inacción de la Agencia Tributaria. Y así, mediante la presentación de dichas regularizaciones, se evitaba tanto cualquier sanción tributaria como la posibilidad de que pudieran exigirse responsabilidades penales por los posibles delitos fiscales, tal como establece el artículo 305 del Código Penal que castiga con pena de prisión a quien comete un delito fiscal salvo que hubiera regularizado su situación tributaria, antes de que el Ministerio Fiscal o el juez de instrucción realicen actuaciones que permitan tener conocimiento formal de la iniciación de diligencias.

“En definitiva, concluyen los autores, si en septiembre de 2018  la Fiscalía Anticorrupción, como hemos visto, se planteaba la posibilidad de que Juan Carlos I pudiera haber cometido delitos fiscales, cabe preguntarse por qué pasados más de dos años el rey emérito pudo presentar sus declaraciones tributarias “espontáneas” sin que la Agencia Tributaria hubiera iniciado actuaciones de investigación ni la Fiscalía del Tribunal Supremo le hubiera notificado expresa y formalmente el que se estuvieran investigando esos posibles incumplimientos de las obligaciones tributarias”.

Lo que cuenta en su libro José García Abad

Cruzado y Mollinedo confirman y amplían con perspicacia y valentía los datos que proporciona José García Abad en el libro “Todos lo sabían” editado por “La Esfera de los libros” aunque discrepan de sus compañeros, los inspectores de Hacienda, que defienden su trabajo, achacando las deficiencias de la Agencia en lo que al emérito se refiere a la falta de medios y a condicionantes legales y no a una omisión cómplice, al tiempo que señalaban chivatazos sobe la investigación de la Agencia Tributaria.

El presidente de los Inspectores de Hacienda del Estado (IHE), Julio Ramsés Pérez Boga, lamentó que haya quedado la imagen de que la hacienda pública no ha hecho nada para perseguir las irregularidades fiscales del rey emérito, cuando el problema está en su falta de competencias.

«Ahora, en cuanto tenemos el menor indicio de que se ha cometido un delito, tenemos que elevarlo a la Fiscalía», ha lamentado Pérez Boga, en discrepancia con los autores del libro que comentamos que aseguran que “las investigaciones de la Fiscalía tienen carácter “preprocesal”, o sea es previa al procedimiento judicial. Resalta Pérez Boga que el cuerpo de inspectores está en mejor preparado para investigar posibles delitos fiscales.

Durante la presentación de sus propuestas contra el fraude fiscal y reforma de las administraciones tributarias, insistió en que la Agencia Tributaria (AEAT) debería contar con unidades especializadas en la localización y administración de bienes procedentes de la delincuencia económica.

Opina que sería deseable que se dotara a la AEAT de mayores competencias en la investigación de estos delitos y que pudiera contar con una «policía fiscal» para asumir potestades similares al Ministerio Fiscal.

Según se plasma en el informe de IHE, en la situación actual se pierde eficacia porque la AEAT se ve obligada a la «judicialización temprana» de los expedientes. Propone la creación de equipos mixtos con la Fiscalía para la investigación de delitos económicos graves.

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