Manuel Marchena
José Mariano Benítez de Lugo
Presidente Honorario de la Asociación de Abogados Demócratas por Europa. Medalla de honor del Colegio de Abogados de Madrid.
Me centraré en dos aspectos: el primero sobre la judicatura en general, ofreciendo trazos y criterios sobre quiénes y cómo son, según diversos y prestigiosos juristas. Y el segundo sobre la supuesta amenaza a la justicia, cuyo valedor paradigmático es el magistrado Marchena.
I.- Hace ya doce años que el consagrado escritor Jesús Cercas manifestó que la impresión ciudadana era que los jueces no habían hecho su transición, y que continuaba siendo un poder “retrógrado, indigno y antidemocrático”. Y ¿es la suya una opinión sin fundamento? Procederemos a una sucinta exposición doctrinal de diversos y prestigiosos juristas que se refieren a las conductas del estamento judicial.
En primer lugar, citaremos a R. POSNER, magistrado norteamericano que expone en su obra “Como deciden los jueces”, que para entender la actividad de los jueces (“políticos con toga judicial”, los llama), es necesario conocer sus motivaciones y su psicología, pues sus decisiones se ven fuertemente influidas por sus (camufladas) preferencias políticas y sociales.
En la misma línea A. NIETO afirma que con frecuencia los jueces silenciarán las causas de su decisión, pero que los ciudadanos saben que debajo de su toga “resultan vulnerables a todo tipo de presiones, políticas, económicas, de corporación y de casta”, por lo que ellos toman su decisión primero y posteriormente buscan argumentos para sostenerla, denunciando también la “volubilidad” del Tribunal Supremo al resolver los recursos, el cual, cuando los hechos no se acomodan a la decisión deseada, rebuscan interpretaciones hasta que alguna les sirve y dice el citado jurista lo importante que es el análisis de los “trasfondos” de las decisiones judiciales.
Y es que los jueces, a menudo, están influidos por ideas preconcebidas, prejuicios que son enemigos de la justicia imparcial, pues primero deciden y luego justifican su decisión, operando con racionalizaciones que son disfraces de deseos escondidos, filias y fobias, pues sus decisiones se manifiestan “dentro de los límites puestos por su status social”, revistiendo de apariencia lógica una decisión previamente tomada, “procediendo el inclinar la balanza antes de pesar los materiales” (De la Vega Benayas).
II.- Y pasamos al segundo aspecto, referido al leading fellow judicial, el magistrado Marchena, quien por lo que dice, habla y escribe se puede conocer su trasfondo.
a) Dejemos de lado (sin olvidarlo) que ya fue considerado el baluarte de los intereses jurídico-políticos del Partido Popular, según trascendió del tan conocido WhatsApp de un parlamentario de ese Partido, declarando que era su juez de confianza … y tenía buenas razones para decirlo.
b) El magistrado Marchena concedió el pasado verano para promocionar su libro al que luego nos referiremos (al que ya en Facebook busca apoyo), dos entrevistas, una al diario EL PAIS, exigiendo que las preguntas le fueran enviadas por escrito previamente para así poder (y lo hizo) contestar solo aquellas que le convenían. Y la otra entrevista se la hizo el diario EL MUNDO, sin que exigiese tal proceder (para algo era “fuego amigo”).
En la primera entrevista, ya afirmó que “se pone en riesgo la paz social si la sociedad no confía en los jueces”, que “los ataques a los jueces están teniendo un efecto demoledor en la credibilidad de la justicia” . Sacrosanta palabra que utiliza al titular su libro “La justicia amenazada” recientemente publicado y que he tenido el coraje -no gusto- de leer.
Pero resulta que nuestro mencionado magistrado, utiliza la palabra “Justicia” dando por supuesto que los jueces la imparten, cuando su función es declarar lo que es justo o no, lo cual es harto diferente, pues con alguna frecuencia no lo cumplen. Administrar la justicia es la labor de los jueces de “que se ejecute lo que es justo” (Dicc. Lengua). Por ello y siguiendo lo manifestado en su citada entrevista, no cabe hablar de que esté en cuestión la “credibilidad de la justicia” o que “la justicia esté amenazada”, sino en su caso, que los administradores de la justicia, los jueces, tienen discutida credibilidad, o que su labor -no la justicia- se ve cuestionada, concepto éste radicalmente diferente al empleado en su libro.
En efecto, los jueces como administradores de la justicia, son un conjunto de personas que se dedican a aplicar las leyes, tienen esa excelsa función pública (“Diccionario español jurídico”), y como tales administradores (como todos los que lo sean en otras actividades), lo pueden hacer bien o mal, en su caso, ser justos o no, y consecuentemente, es radicalmente falso decir que la “justicia (esté) amenazada”, como se dice en el libro del magistrado Marchena, pues lo que a veces se cuestiona es su injusta labor como administradores de la justicia. Su labor como tales, permítasenos insistir, es un desiderátum, y no siempre va ínsita en sus resoluciones o actuaciones.
Por ello, cuando se critica la forma en que ejercen su función, no cabe hablar impropiamente -como se hace por el magistrado Marchena- de que ello supone un atentado a la separación de poderes, un agravio a su independencia, pues lo que -en su caso- se ataca, es su imparcialidad, concepto este bien diferente del anterior. Y es que nadie ataca su independencia, pero sí su arbitrariedad (falta de imparcialidad) en el ejercicio de sus funciones.
El eventual ataque a la independencia de los jueces sí afectaría al equilibrio de los poderes del Estado (introducción del libro de Marchena), pero no así sucede con el reproche a su parcialidad en los temas que tienen que decidir sobre lo que es justo, en cuyo trance no cabe prescindir la presencia de sus prejuicios, tal como antes hemos expuesto.
Desde tal confusión se pretende que la judicatura esté formada por seres intocables, cuando ni ellos, ni los otros poderes del Estado lo son cuando malejecutan sus respectivas competencias. Vaya un ejemplo:los jueces pueden decidir que el poder ejecutivo ha incurrido en la desviación de poder, y ¿qué sucede con el poder judicial cuando no son imparciales?, que sus desvíos de poder pueden ser corregidos, biendisciplinariamente por el Consejo del Poder Judicial, que está compuesto mayoritariamente por los propios jueces, bien por instituciones judiciales superiores, y en ambos casos, el virus del corporativismo puede hacer acto de presencia. Valga por ejemplo, el absurdo el caso del enjuiciamiento del Fiscal General de Estado, cuyo instructor es magistrado del Tribunal Supremo, y otros miembros de éste -compañeros diarios suyos- habrán de decidir sobre su culpabilidad o no.
Y es que el magistrado Marchena confunde la independencia con imparcialidad; en efecto, nadie cuestiona la independencia de los jueces, pero sí su falta de imparcialidad en algunas actuaciones que, obviamente, puede y deben ser objeto de críticas. Y resulta curioso que en su mentado libro (su pág. 41), Marchena hace referencia por ejemplo, a que la conducta de un Fiscal General del Estado tiene mucho que ver con “su talante personal”, pero pretende ignorar que en la determinación de lo que es justo por los jueces, también influye decisivamente, dicho talante (sus prejuicios).
Por cierto, que a este respecto es asombroso que el editorial del periódico EL MUNDO del día 27 de octubre pasado afirme que estamos en tiempo “en que el Ejecutivo busca subordinar a los jueces”, notable e infundada afirmación, pues confunde palmariamente la crítica de la labor de algunos jueces, a la búsqueda gubernamental de una imaginaria subordinación de ellos.
