José Luis Martínez Almeida, alcalde de Madrid, en el pleno el Ayuntamiento
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Inmaculada Sánchez
La ideología parece, por fin, abrirse paso en el enfangado escenario político español. El genocidio de Gaza ha movilizado las calles como no se veía desde hace años y el Gobierno ha tenido que salir en defensa del derecho al aborto, puesto en cuestión desde el ayuntamiento de Madrid. En el PP han detectado el peligro y acusan a Sánchez de parapetarse tras la agenda ideológica para eludir sus responsabilidades mientras Feijóo pisa el acelerador y anuncia que citará al presidente a la ‘comisión Koldo’ del Senado. Fue precisamente ese ideario progresista el que alumbró el bloque de la investidura frente a la amenaza de un gobierno del PP de la mano de la ultraderecha y el que mantiene los apoyos que sostienen la legislatura pese a la agresiva agenda judicial. Sánchez también sabe que es su mejor baza para el caliente otoño y se ha permitido dirigirse a Feijóo con un burlón “Ánimo, Alberto” en su cara a cara de este miércoles en el Congreso. Para disgusto del líder de la oposición, al presidente se le ve últimemente más animado.
La ideología política lleva décadas siendo denostada desde quienes reivindican el orgullo de no tenerla y apelan a un supuesto ‘sentido común’ que todo lo sana. Es decir, desde la derecha de siempre a la que tanto interesa camuflar sus intereses y su creciente abrazo con la ultraderecha. Se critican por ideológicas determinadas propuestas o iniciativas políticas frente a soluciones técnicas supuestamente incuestionables y desinteresadas y se pretende asimilar ideología con adoctrinamiento. El diccionario de la RAE, sin embargo, aclara el significado de tan noble concepto: “Conjunto de ideas fundamentales que caracteriza el pensamiento de una persona, colectividad o época, de un movimiento cultural, religioso o político”. Por eso conviene conocer la de quien nos gobierna o pretende gobernar.
Pedro Sánchez ha echado mano, siempre que lo ha necesitado, del armamento ideológico de la izquierda para hacer frente a los embates de la oposición y ha llegado a situar al PSOE en unas posiciones nunca vistas por los socialistas que vivieron la Transición. La feroz ofensiva judicial contra su Gobierno y su propia familia, tan insólita como agresiva, sin embargo, ha nublado buena parte de los logros de su Gobierno y ha tensado al límite la legislatura decidiendo al PP de Feijóo a poner toda su carne en el asador de los juzgados.
Se acerca el juicio del Fiscal General, que arranca el 3 de noviembre, y Génova y Moncloa se apuntarán solemne victoria o amarga derrota según se pronuncie el Tribunal Supremo. De la declaración de culpabilidad o inocencia de Álvaro García Ortiz dependen muchas más cosas que el futuro personal y profesional del encausado. Pese a la mayoría conservadora de la Sala que enjuiciará el caso la debilidad de la instrucción y de no pocos de sus indicios pondrán a prueba la posición de los magistrados y nadie da hoy la causa por ganada para nadie.
Mientras se sustancia esta primera batalla con la derecha judicial y siguen su curso las de la mujer y el hermano del presidente y la más crucial de Cerdán y Ábalos en el Supremo, circunstancias externas parecen haber señalado el camino a Moncloa para enderezar un mandato que sigue lastrado por la falta de Presupuestos y la incertidumbre a cada votación en el Congreso. La indiscriminada matanza de palestinos en Gaza ha resucitado el indignado ‘No a la guerra’ que, ya en su día, sirvió de catalizador a la unidad de las izquierdas y puso en jaque al Gobierno de Aznar. El periplo de la flotilla humanitaria que partió de Barcelona, con activistas y políticos españoles a bordo, ha realimentado la posición de la izquierda y el Gobierno y retratado al PP, que no logra sacudirse una desalmada imagen de apoyo al Israel de la matanza.
El alcalde de Madrid, con su apoyo a la moción de Vox para informar a las mujeres que quieren abortar sobre un inverosímil síndrome postaborto, ha puesto su granito de arena en el rearme ideológico que pertrechan en Moncloa. Aunque rectificado en cuestión de horas desde Génova, el patinazo de Almeida ha dado pie a que Sánchez proponga el blindaje constitucional del derecho, a que Sanidad reclame a Díaz Ayuso el obligado listado de médicos objetores en los hospitales públicos y a que el Gobierno y sus socios saquen pecho feminista frente a un PP que, además, afronta estos días un escándalo mayúsculo con los retrasos en los diagnósticos de cáncer de mama en Andalucía. No ha arrancado muy bien octubre para Génova.
Al margen de errores del contrario, Moncloa y sus socios parecen haber visto un sendero por el que transitar al tiempo que sueltan piedras en la cómoda alfombra por la avanzan los de Feijóo gracias a la inestimable ayuda de la derecha judicial. No sólo es Gaza o el aborto. El ideario progresista con el que ilusionó este Gobierno tiene otras muchas razones que poner encima de la mesa haciendo uso de todos los recursos de que dispone. La exigencia de la lista de facultativos que objetan realizar abortos es un buen ejemplo. ¿Había que esperar al resbalón de Almeida para señalar que Ayuso lleva años sin cumplir la ley? También ahora el Gobierno anuncia un decreto para impedir que las autonomías gobernadas por el PP permitan la creación de más universidades privadas sin la calidad académica requerida. ¿No podía haberlo aprobado antes de que Madrid y Andalucía se llenen de lucrativos ‘chiringuitos universitarios’ mientras escatiman financiación a la universidad pública?
Nunca es tarde si la dicha es buena, sostiene nuestro refranero. Veremos si esta ofensiva en el frente ideológico se mantiene lo suficiente en el tiempo y si es capaz de vencer al frente judicial. En cualquier caso, yo prefiero que me gobiernen dirigentes con ideología reconocida, que jueces que alardeen de no tenerla.
