Resumen
Francisco Márquez de la Rubia
@FMarquezdlr
«El sistema de gobierno más perfecto es aquel que produce mayor suma de felicidad, seguridad en la sociedad y estabilidad política». Simón Bolívar
El documento aborda el complejo panorama de inseguridad en México, destacando el legado de violencia y militarización heredado del gobierno de AMLO y los retos que enfrenta la nueva presidenta Claudia Sheinbaum. A pesar de avances parciales, como la creación de la Guardia Nacional y programas sociales orientados a combatir las causas estructurales del crimen, la violencia y la corrupción institucional persisten como desafíos significativos.
La estrategia de Sheinbaum se centra en la continuidad ajustada de políticas previas, con énfasis en abordar las causas de la violencia, fortalecer la inteligencia y consolidar la Guardia Nacional como eje operativo. Sin embargo, la militarización sigue generando críticas, mientras que las capacidades locales de seguridad permanecen limitadas.
El contexto internacional complica la situación, con tensiones crecientes en la relación con Estados Unidos debido al tráfico de fentanilo y armas, así como las amenazas de medidas punitivas bajo un posible gobierno de Donald Trump. Esto añade presión para obtener resultados inmediatos mientras se defiende la soberanía nacional.
En síntesis, la Administración busca equilibrar acciones inmediatas y reformas a largo plazo, enfrentando dinámicas complejas tanto internas como externas. El éxito dependerá de la capacidad de coordinar esfuerzos, adaptar estrategias y promover cooperación internacional para abordar una crisis que sigue siendo uno de los mayores retos del país.
La inseguridad en México sigue siendo una herida abierta y la principal preocupación para sus ciudadanos. Una encuesta reciente (2024) del mexicano Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) muestra que el 60,7 % de los adultos considera la seguridad como el problema más grave del país.
Aunque popular, el presidente saliente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) deja un panorama desolador: 171.085 asesinatos registrados en los primeros cinco años de su mandato, una cifra récord que supera a cualquier Administración previa. Este dato se traduce en 74 personas asesinadas o desaparecidas diariamente, ilustrando la magnitud del desafío que ahora recae sobre la nueva presidenta, Claudia Sheinbaum.
A pesar de destinar recursos sustanciales, como un presupuesto anual de defensa cercano a $10.000 millones de dólares y más de 200.000 efectivos militares desplegados en funciones de seguridad pública, México no ha logrado contener una crisis que sigue desbordándose.
La violencia no solo pone en jaque la soberanía nacional y debilita las instituciones democráticas, sino que también socava las perspectivas económicas del país. Esta situación ahuyenta la inversión extranjera directa y frena oportunidades como el nearshoring, limitando su capacidad para aprovechar ventajas competitivas clave.
En un contexto latinoamericano donde los resultados visibles son altamente valorados, la estrategia de mano dura siempre ha sido la preferida. Las operaciones militares, la captura de los capos del crimen organizado y propuestas extremas como «bombardear a los cárteles» generan rápidas victorias mediáticas y aumentan las perspectivas de éxito electoral.
Por esta razón, desde Felipe Calderón, todos los gobiernos han implantado tácticas militarizadas contra el crimen organizado, sin importar su orientación política. Incluso Andrés Manuel López Obrador (AMLO), quien asumió el cargo con el curioso lema «abrazos, no balazos», rápidamente militarizó la política de seguridad, ampliando el rol de las fuerzas armadas en proyectos de infraestructura, turismo y control aduanero.
Cada semana, nuevos brotes de violencia cada vez más estremecedora (Guanajuato, Sinaloa…), exigen el despliegue de tropas. Estas respuestas logran contener temporalmente la situación, pero difícilmente extinguen una crisis que se ha extendido a lo largo de los años y que parece ya consustancial con el país.
Los tres últimos gobiernos, provenientes de partidos distintos, apostaron por la contención mediante despliegues militares, apoyados por acciones policiales focalizadas. Sin embargo, los resultados han sido, en el mejor de los casos, cuestionables. Un ejemplo claro lo observamos si analizamos la fallida ofensiva de Felipe Calderón (2006-2012) contra Los Zetas.
Con la llegada del nuevo gobierno, se espera la continuidad de esta lógica de acción militar, pero con un giro hacia la integración de inteligencia y operaciones investigativas, marcando un enfoque de Estado. Este cambio ocurre mientras las Fuerzas Armadas se consolidan como el principal cuerpo de seguridad pública, tras una reforma constitucional que adscribió la Guardia Nacional al Ejército, una decisión que ha sido ampliamente criticada por sectores de la oposición y de grupos de defensa de los derechos humanos.
Conclusiones
El panorama de seguridad en México sigue siendo uno de los retos más significativos para el gobierno de Claudia Sheinbaum. La crisis de violencia, alimentada por el poder del crimen organizado, la corrupción institucional y los desafíos socioeconómicos, requieren un enfoque multifacético.
La nueva Administración ha priorizado la consolidación de la Guardia Nacional, el fortalecimiento de la inteligencia y la investigación, y la implementación de programas sociales que buscan atacar las causas estructurales del crimen.
Sin embargo, el éxito dependerá de su capacidad para coordinar esfuerzos entre las fuerzas armadas, las policías locales y las fiscalías, enfrentando la resistencia de los sectores críticos a la militarización de la seguridad pública. A nivel regional, el gobierno ha identificado zonas prioritarias que serán el foco de las «fuerzas de tarea conjuntas», que combinan recursos de las fuerzas armadas y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana.
Además, el tráfico de fentanilo y armas desde Estados Unidos se presenta como un desafío bilateral urgente que México debe abordar mediante una estrategia coordinada y diplomáticamente firme. La Administración de Donald Trump, con su énfasis en políticas de mano dura, amenaza con imponer medidas punitivas como aranceles y designaciones de organizaciones terroristas a cárteles mexicanos, lo que podría tensar aún más la cooperación bilateral.
Ante este escenario, Sheinbaum se enfrenta al reto de equilibrar la defensa de la soberanía nacional con la necesidad de colaboración para abordar problemas como la migración y el narcotráfico. Propuestas, como la Resolución 18 en Estados Unidos, destacan la creciente presión sobre México para obtener resultados inmediatos en la lucha contra el crimen organizado.
En última instancia, la Estrategia de Seguridad de Sheinbaum busca un equilibrio entre la acción inmediata y la construcción de soluciones estructurales sostenibles. Si bien se han logrado avances en la creación de estructuras y programas sociales, los niveles persistentes de violencia, la desconfianza en las instituciones y la falta de capacidades locales siguen siendo desafíos críticos.
El éxito de este enfoque dependerá de la capacidad del gobierno para implementar políticas audaces, adaptarse a un entorno político y social cambiante, y promover una cooperación internacional que permita a México avanzar hacia un futuro más seguro y estable.
