Escrito por 12:37 pm Política

Mónica Oltra y el lado oscuro de la política

La investigación judicial por la que tuvo que dimitir Mónica Oltra como vicepresidenta de la Generalitat valenciana hace dos años acaba de ser archivada por el juez. No había nada de nada. Ni delito alguno, ni indicios siquiera. Sólo meras elucubraciones, según el auto de archivo. Tras su marcha, su partido, Compromís, quedó descabezado, el Ejecutivo de Ximo Puig, tocado, y en las siguientes elecciones ganó el PP, que hoy gobierna con Vox en la Comunidad. La jugada la salió perfecta a la derecha, que siempre cuenta con el dinero, los abogados, los medios de comunicación y los jueces necesarios para atacar desde el lado más oscuro de la política.

El juez que acaba de archivar el caso, Vicente Ríos, titular del Juzgado de Instrucción número 15 de Valencia,  es el mismo que citó a declarar como investigada a Oltra, desencadenando un terremoto político que dinamitó el Pacto del Botànic, entre el PSOE valenciano y la izquierda nacionalista, y sus posibilidades de futuro. El magistrado, que hoy hace prácticamente una enmienda a la totalidad a su instrucción inicial, atendió y dio credibilidad en su momento a las tesis de las acusaciones, que pretendían involucrar a Oltra y su equipo en la supuesta ocultación del delito cometido por su ya entonces exmarido: nada menos que abusar de una menor tutelada por la administración autonómica, por lo que fue juzgado y sentenciado a cinco años de cárcel.

Conviene recordar que esas acusaciones no eran inocuas políticamente. Por un lado ejercían la acusación popular Vox y la activista Cristina Seguí, antigua dirigente del partido de Abascal en la comunidad y presidenta de la asociación ultra Gobierna-Te, que fue quien presentó la primera querella contra Oltra. La acusación particular estuvo a cargo del abogado José Luis Roberto, líder de la ultraderechista España 2000, y de quien la menor víctima de los abusos se desvinculó posteriormente tras señalar que la había prometido casa y trabajo por involucrar a la líder de Compromís. Tan evidente conjunción de intereses políticos no hizo, sin embargo, saltar alerta ni extremar prudencia alguna en el juez instructor.

Si fuera un caso único no dejaríamos de señalarlo pero, para desgracia de nuestro sistema democrático, es uno más de una larga lista que siempre tiene como objetivos a dirigentes de la izquierda. Innumerables han sido las querellas presentadas contra Podemos desde que irrumpió en el panorama político español. Desde las iniciales, centradas en una supuesta financiación ilegal del partido y blanqueamiento de capitales relacionándolo con Venezuela o Irán, hasta el famoso caso Neurona, convertido por el instructor, Juan José Escalonilla, en una macrocausa con ocho líneas de investigación de las que siete ya han sido archivadas.

Suman más de una veintena los casos admitidos por la judicatura contra la formación morada o alguno de sus dirigentes, ampliamente difundidos por la derecha mediática y, posteriormente, sentenciados al olvido por inconsistentes. Citemos algunos a modo de ejemplo: el ‘caso Dina’, sobre el ‘sospechoso’ contenido del móvil de la asistente en Bruselas de Pablo Iglesias, Dina Bousselham; el ‘caso niñera’, sobre la ‘utilización’ de trabajadoras del Ministerio de Igualdad para cuidar a los hijos de Irene Montero; el ‘caso Vicky Rosell’, sobre supuestas ‘prevaricaciones’ de la jueza y candidata morada que tuvo que renunciar; el ‘caso Alberto Rodríguez’, que privó al diputado de Podemos de su escaño por una denuncia menor que se saldó con una multa, lo mismo que le ocurrió a Isa Serra, exdiputada en la Asamblea de Madrid; o la pieza del ‘caso Neurona’ contra Juan Carlos Monedero, sobre una presunta falsificación de facturas para encubrir pagos al partido.

Todos estos procesos, al igual que el de Mónica Oltra, siguen el mismo patrón. Tienen nombres y apellidos en sus objetivos. Quienes presentan las denuncias, querellas y recursos que alargan hasta el extremo su vida en los juzgados son partidos, organizaciones o particulares abiertamente ligados a la derecha o la extrema derecha. Son admitidos con sospechosa facilidad por una mayoría de jueces. Los medios de comunicación les dedican amplia cobertura y foco. Y, finalmente, son archivados. Demasiado evidente y demasiado irreparable.

Inmaculada Sánchez

Periodista. Exdirectora de EL SIGLO (2011-2023), colaboradora y analista política en TVE, Telemadrid y otros medios

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