Escrito por 6:34 pm Política

Novios, esposas, parejas… y política

por Inmaculada Sánchez

La tensión política que vivimos en España desde hace ya demasiado tiempo ha querido que esta semana hayan sido lanzadas como munición de ataque las respectivas parejas de los principales rivales de la contienda nacional: la esposa del presidente del Gobierno y el novio de la presidenta de la Comunidad de Madrid. Que la refriega política alcance a la vida privada y más íntima de los dirigentes no es nuevo pero hay que calibrar muy bien las acusaciones y discernir hasta dónde implican al político.

En nuestro Estado de derecho nadie paga por lo que pueda hacer su pareja o su familia, afortunadamente, pero la política tiene sus propias reglas y responsabilidades, aunque también diferentes varas de medir según quien las exija. Recordemos flagrantes casos de persecución política a cuenta de los cónyuges como el de la exvicepresidenta balear, Mónica Oltra, que se vio obligada a dimitir tras la acusación de abusos sexuales a una menor contra su entonces ya exmarido, juzgado y sentenciado, pero a la que se intentó involucrar en la supuesta laxitud en los controles de los servicios sociales.

También María Gámez, primera directora General de la Guardia Civil, renunció a su cargo hace ahora un año tras conocerse que su marido había sido imputado en la investigación de un caso de malversación y blanqueo de dinero, a través de una empresa de su hermano, que unos meses después fue anulado por un juzgado de Sevilla. El PP exigió en su momento, y aplaudió con entusiasmo, sendas dimisiones que expulsaron de la vida política a dos dirigentes que no han podido regresar a la primera línea.

Hoy nos enfrentamos a dos casos que podrían afectar nada menos que a Pedro Sánchez y a Isabel Díaz Ayuso, aunque con sensibles diferencias entre ellos. En el primero, Begoña Gómez, la esposa del presidente, viene siendo señalada por la derecha mediática desde que estalló el ‘caso Koldo’ debido a su relación con Globalia, matriz de Air Europa, y a un par de encuentros con el empresario de la trama, Enrique de Aldama, propiciados por el líder de la compañía aérea para ‘venderla’ algún proyecto empresarial conjunto del que no recibió respuesta.

Gómez era directora entonces del Instituto de Estudios Africa Center y sí negoció y obtuvo diversos patrocinios para su entidad con Globalia. Hasta ahí todo lo que se sabe y conoce. Ni su nombre, ni su Instituto, del que ya no es directora desde junio de 2022, aparecen en ninguna investigación, sumario, conversaciones ni se ha relatado relación alguna con los implicados en la trama que provocó la ruptura de José Luis Ábalos con el PSOE.

Lo del novio de la presidenta madrileña, por el contrario, es una investigación judicial en toda regla y no una simple inspección fiscal, como pretenden diluirlo desde el PP. La inspección se inició hace dos años y concluyó con tales indicios que Hacienda los trasladó a la fiscalía, que es quien ahora ha abierto diligencias. Lo conocido de la investigación apunta a delitos de fraude fiscal, con facturas falsas y empresas pantalla, para ocultar al fisco un abultado crecimiento de beneficios durante los años de la pandemia. Alberto González Amador llegó a comprar con esos ingresos un piso de 200 metros cuadrados en Madrid donde convive con Díaz Ayuso desde hace tiempo (su relación se conoció en 2021).

Núñez Feijóo ha pasado de pedir explicaciones a Sánchez, en relación al ‘caso Koldo’, por lo que pasa “en su Gobierno, en su partido y en su casa”, a censurarle abiertamente por no haberse inhibido en el Consejo de Ministros que aprobó el rescate a Air Europa, dada su relación con la entidad en la que trabajaba su mujer, mezclando corrupción, favores, trabajo y familia.

Por su parte, Sánchez ha arremetido en la sesión de Control del Congreso de esta semana exigiendo la dimisión de Isabel Díaz Ayuso por el conocimiento que pudiera tener de las actividades presuntamente delictivas de su pareja. El presidente ha bajado a la arena personalmente y ha colocado a la presidenta madrileña en la diana de su contraataque sin medias tintas, lo que alerta de la preocupación de Moncloa sobre el daño que la corrupción puede hacer al Gobierno.

¿Recuerdan cuando Ana Mato, entonces ministra del PP, señaló en sede judicial cuando se juzgaba a su marido, Jesús Sepúlveda, por un enriquecimiento ilícito que no sabía cómo había llegado a su garaje un Jaguar de lujo? Pues eso. Los cónyuges de nuestros políticos tienen derecho a trabajar y a hacer negocios, pero pidamos que en la guerra abierta que se ha desatado esta semana no nos tomen por tontos.

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