Escrito por • 10:44 am• Política

¿Otra vez a defender el derecho al aborto?

Inmaculada Sánchez

Han sido años, décadas, reclamando el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo en España desde que murió Franco. En poco más de un mes se cumplirán 50 años de la muerte del dictador y este mismo martes el Consejo de Ministros ha tenido que aprobar un texto para proponer a las Cortes que ese derecho se incluya en la Constitución porque lo considera en peligro. No doy crédito. Que medio siglo después, y tras duras batallas del feminismo incluso dentro de la propia izquierda, remisa en su día a priorizar las reivindicaciones sexuales y reproductivas de las mujeres entre las difíciles conquistas de la Transición, se ponga en cuestión el derecho al aborto mantiene atónitas, aunque vigilantes, a quienes tantas veces lucharon por ello. Entre las generaciones que han llegado a la madurez sexual con el camino resuelto muchos jóvenes se apuntan ahora a continuar la batalla mientras otros engrosan las filas y los votos de la ultraderecha, aunque más ellos que ellas. Difícilmente un derecho tan esencial como exclusivo de las mujeres entrará en la Carta Magna mientras el PP se oponga, pero habrá que seguir peleando para que, al menos, las leyes que hoy lo protegen se cumplan.

Hace una semana titulaba esta tribuna de ‘ojoavizor.eu’ con un “Más ideología y menos jueces”, para reclamar al Gobierno redoblados esfuerzos en la batalla ideológica contra la reacción que nos rodea y como herramienta contra el frente judicial puesto en marcha por la derecha para segar la hierba y la vida de la legislatura. Constataba, también, que Moncloa, en efecto, se ha puesto las pilas tras la vuelta del verano en el frente del ideario. En los últimos días, además, tanto Díaz Ayuso como Núñez Feijóo han acudido, con sus mensajes, a confirmar a Sánchez que ha tomado el camino adecuado.

Al PP le costó tiempo aceptar que el aborto libre en España era no sólo un derecho legalmente establecido sino una realidad asumida con total normalidad por la mayoría de la sociedad. Lo tildó en su momento de inconstitucional y elevó recurso ante la justicia contra la ley que lo consagraba. Posteriormente, sin embargo, no tuvo prisa en activarlo y la mayoría conservadora del Tribunal Constitucional que debía pronunciarse congeló su debate y decisión al respecto, conscientes de que para el PP de Rajoy era una patata caliente que convenía enfriar. Ha tenido que ser el Constitucional presidido por Conde-Pumpido, con mayoría de magistrados progresistas, quien avalara en 2023 la plena constitucionalidad de la ley trece años después de su aprobación y rechazara las objeciones de los populares.

Ya antes Alberto Ruiz-Gallardón, cuando llegó a ministro de Justicia, en 2011, había avivado la llama más católica y conservadora del PP proponiendo una reforma de la ley de plazos aprobada por el gobierno Zapatero que contenía dos únicos supuestos: el aborto sólo sería legal en caso de violación o de grave peligro para la salud física o psíquica de la madre que, además, debían certificar dos médicos. El proyecto llegó a ser aprobado en Consejo de Ministros pero las protestas ciudadanas y la tensión social y política que provocó llevó a Rajoy a aparcarlo y a renunciar a presentarlo en el Congreso. Este intento de retroceso a los años 80 terminó con la carrera política del prometedor y ambicioso exalcalde de Madrid que fue cesado como ministro en 2014.

Parecería, pues, que el PP hubiese digerido hace tiempo que ciertas conquistas de las mujeres ya no tienen vuelta atrás, pero el amenazador avance de la extrema derecha global de los últimos tiempos, que alimenta el de Vox en España, está poniendo de nuevo todo lo avanzado en cuestión y el débil liderazgo de Núñez Feijóo bracea a su compás para no quedarse fuera de juego. Más curioso resulta que la adalid de ala más liberal del partido, la presidenta madrileña, haya entrado al trapo postulándose como una rancia activista provida que no cuadra con su defensa de la libertad, de la disipada vida madrileña ni con su propia trayectoria personal, alejada de algunos de los convencionalismos más conservadores. No sólo convive con su pareja sin estar casada sino que en los inicios de su carrera política, defendía abiertamente, en tertulias y entrevistas, que se permitiera abortar a las menores de 16 años sin el permiso paterno

La inquina contra Sánchez, sin embargo, parece pesar más, o quizá los intereses de la sanidad privada en Madrid, y Díaz Ayuso ha roto con esa ‘convivencia’ del PP con el aborto. Ha llegado a decir a las mujeres desde la Asamblea madrileña “váyanse a otro lugar a abortar” y al negarse a remitir el obligado registro de médicos objetores de conciencia de los hospitales públicos se ha declarado insumisa con la ley y ha vuelto a poner en un serio aprieto a Feijóo. El líder del PP la llamó tímidamente al orden, por escrito, en un comunicado en el que ratificaba que el partido, y todos sus presidentes autonómicos, cumplen la ley. Pero el lío está lejos de resolverse.

El gallego sabe que la puerta que no quiso abrir en el último congreso del partido, soslayando el debate sobre el aborto que algunas voces reclamaban, ya no hay manera de cerrarla, Hace unos días quiso pronunciarse en la senda que Ayuso, como tantas otra veces, le señala, y aseguró que él cambiará la lista de médicos objetores por otra de médicos que admitan realizar abortos. Rechazan el señalamiento de los primeros, que la ley protege con el anonimato, pero anuncian un listado público de los segundos, para que las mujeres sepan “qué médicos tienen disponibles”, según dijo, y para pasmo de la clase médica. Todavía están intentando matizar la propuesta desde Génova mientras los jardines de Feijóo no paran de crecer.

Tanto desatino tiene movilizado al Gobierno y en breve llegará al Congreso una propuesta de reforma de la Constitución para blindar el derecho al aborto que obligará a las derechas a retratarse, aunque sin posibilidad alguna de salir adelante. El debate recordará la fragilidad de las conquistas, señalará a quien las defiende, a quien las combate y a quien no se moja, pero no blinda ni da garantías sobre su permanencia. Las mujeres de las generaciones que lucharon por esos derechos bien lo saben. Ahora urge que se enteren las de todas las edades y que, si llega el caso, podamos caminar juntas como tantas veces nos ha tocado.

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