Inmaculada Sánchez
Despedimos al 2024, y a toda su carga de venturas y desventuras, con un insólito protagonismo en la política española, la de los jueces que, además, reclaman más espacio en el guión del 2025. Las investigaciones de los casos ‘Ábalos’, ‘Begoña’, ‘hermano del presidente’ o ‘Fiscal general’ tienen importantes citas en los primeros meses del año nuevo y el PP avisa: “lo que viene para 2025 es bastante peor para el presidente del Gobierno”. ¿Seguro?
Pocas veces como en los últimos doce meses la labor de oposición al Gobierno ha estado tan en manos de las decisiones de determinados jueces. Y no hablo de sentencias, que ya sabemos que Pedro Sánchez llegó por primera vez a La Moncloa gracias a una moción de censura impulsada por la sentencia condenatoria contra el PP tras el juicio de la Gürtel.
La munición judicial que está usando la oposición se basa, hasta ahora, en la admisión de querellas, la apertura de diligencias, la citación de testigos, la imputación de delitos y en la investigación a personas muy señaladas políticamente. Iniciativas de los instructores que, salvo en la compra irregular de mascarillas que destapó el ‘caso Koldo’, están siendo objeto de discusión entre juristas por su posible arbitrariedad y su inusual lentitud.
Imposible, sin embargo, eludir los pasos de la justicia, por muy estrambóticas que se presenten las investigaciones, y, a pocos días de las campanadas de Nochevieja tañerán de nuevo sonadas declaraciones en los juzgados. Las primeras, las de los testigos de la investigación al Fiscal General: entre el 8 y el 21 declararán ante el Tribunal Supremo el jefe de Gabinete de Isabel Díaz Ayuso, Miguel Ángel Rodríguez, ocho periodistas y la fiscal jefe de la Comunidad de Madrid sobre quién tuvo acceso y cuándo a los correos entre el novio de la presidenta madrileña y la fiscalía intentando llegar a un acuerdo sobre su delito fiscal reconocido. ¿Avanzará la investigación? ¿Se sabrá quién filtró a los medios la negociación de González Amador y los fiscales? La historia del periodismo nos recuerda insistentemente que no suele ser posible y que, además, así tiene que ser para que el público pueda tener acceso a numerosas informaciones relevantes como, por otra parte, recoge nuestra Constitución.
También en los primeros días de enero, el 9 y el 11, está citado el hermano del presidente, David Sánchez, dentro de la llamativa instrucción sobre su historia laboral en la Diputación de Badajoz junto al presidente y varios cargos de la misma y del PSOE. ¿Habrá delito en su contratación como músico, incluso antes de que su hermano habitara La Moncloa? ¿Se resolverá como ilegal su presencia diaria o esporádica en su puesto de trabajo? Difícil de desentrañar.
Luego llegará el turno del juez Peinado que, después de haber escuchado a la esposa del presidente negar cualquier irregularidad con el software creado en el master que dirigía en la Complutense el pasado noviembre, tiene citados a varios ejecutivos de la universidad y de algunas empresas que participaron en él. ¿Terminará por deducirse alguna ilegalidad en la actividad laboral de la esposa del presidente de la última década? ¿Cuánto prolongará la investigación el juez hasta abrir juicio o archivar la causa? Imposible aventurar respuesta tratándose de tan simpar magistrado.
Nos queda que el Supremo reactive las indagaciones del caso Koldo-Ábalos en cuanto el Congreso vote el suplicatorio solicitado para el exministro y todavía diputado y ello no será antes de febrero, cuando se reanudan las sesiones plenarias de la cámara.
Cabría desear que, tal como aventuraba la vicesecretaria de Sanidad y Educación del PP, Ester Muñoz, hace unos días, los jueces decidan este 2025 abrir juicio contra quien lo merezca, o archive definitivamente las causas. Otro año más con los jueces como prima donas del escenario político sería el peor regalo de Reyes para nuestra democracia.
