Inmaculada Sánchez
Una mujer va a ocupar, por primera vez, la presidencia del Tribunal Supremo y del Poder Judicial en España. Un ministro llegará, también por primera vez, directamente del Ejecutivo a la presidencia del Banco de España. El curso político ha arrancado con dos designaciones de alto voltaje que demuestran que los pactos entre PSOE y PP para garantizar la neutralidad de las instituciones sólo funcionan cuando la derecha impone a los suyos.
El mayor bloqueo institucional de nuestra reciente historia, el del Poder Judicial, ha llegado a su fin este martes con la elección de la magistrada Isabel Perelló como presidenta de su Consejo General y del Tribunal Supremo. Han sido más de cinco años de mandato caducado de los miembros de un Consejo, mayoritariamente conservador, que el PP se ha negado a renovar con sucesivas excusas y exigencias al Gobierno de Pedro Sánchez que nada tenían que ver con la judicatura y mucho con su interés en deslegitimarlo.
Antes del verano, por fin, llegó el dificultoso pacto, que, para sorpresa de más de uno, alumbró un insólito reparto diez a diez entre miembros progresistas y conservadores, a propuesta en exclusiva del PSOE y el PP. El nuevo CGPJ sólo daría una mínima ventaja al ala izquierdista con la elección del presidente, que asume el voto de calidad ante posibles empates. Y para dar más pátina de independencia política al organismo, incluso, se dejó la elección en sus manos, al margen de “interferencias” del pacto entre Bolaños y González Pons, se dijo. El problema llegó cuando los magistrados propuestos por los de Feijóo se negaron a votar a la primera candidata de ‘los del Gobierno’, la jueza del Supremo Pilar Teso.
Después de cinco reuniones, sucesivos empates en las votaciones y recurrir a nuevos candidatos el flamante Consejo logró esta semana fumatta blanca para Isabel Perelló, que cumple las condiciones de ser mujer y progresista, pero con un perfil mucho más técnico y templado del que muchos esperaban para reequilibrar la correlación de fuerzas en la judicatura que tantos años llevan copando los conservadores. De hecho, cuatro de los diez miembros del Consejo propuestos por el PSOE votaron a la candidata alternativa, Ana Ferrer, magistrada del Supremo abiertamente partidaria de aplicar en su integridad la Ley de Amnistía.
Como Perelló era aceptable para la derecha judicial y para el PP su designación ha sido aplaudida por toda la grada mediática. Todo lo contrario de lo que ha ocurrido con el nombramiento de José Luis Escrivá como gobernador del Banco de España, al que las críticas le llueven incluso desde las filas próximas al PSOE por la falta de estética de tan inmediato trasvase.
Para visualizar bien todo el escenario hay que señalar que el nombramiento del gobernador del Banco de España es prerrogativa legal del presidente y que sólo los pactos no escritos del bipartidismo dejaban en manos del Gobierno su designación y en las de la oposición, la del subgobernador. Como el elegido por Sánchez no gusta al PP, pese a su indiscutible idoneidad técnica y profesional (recordemos que fue Cristóbal Montoro quien le nombró en su día presidente de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal y que ha trabajado años en el BdE y en política monetaria) se niega al pacto y a elegir al subgobernador al tiempo que acusa al Gobierno de “colonizar las instituciones”.
Lo que no explica el PP es que el acuerdo sobre la renovación de cargos en el Banco de España venía ligado a un pacto más amplio sobre otros organismos reguladores como la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) o la futura Comisión Nacional de la Energía (CNE) que el Gobierno le venía proponiendo desde junio pasado, cuando se logró desbloquear el Poder Judicial, y que Génova ha rechazado.
A Feijóo le han convencido de que es más rentable negarse a pactar renovaciones de cargos nombrados cuando gobernaba el PP y acusar, a la vez, al actual Gobierno de pretender monopolizarlos siempre que, además, se consiga retrasar o bloquear las sustituciones.
Sánchez, esta vez, ha dado un puñetazo en la mesa con Escrivá, asumiendo las críticas, para poder contar con un aliado en las deliberaciones del BCE sobre el ritmo y cuantía de las próximas bajadas de tipos de interés que tanto interesan a nuestra economía. En Moncloa aún habrán de calibrar muy bien los frutos de su más blanda jugada en el CGPJ o de las que quedan por plantear en el resto de instituciones en fase de renovación. Porque en cuestión de pactos, en la derecha nunca tienen dudas ni complejos.
