Mónica Garcia, ministra de Sanidad
Inmaculada Sánchez
Cada día que transcurre de esta convulsa legislatura sumamos un paso más en el destrozo del edificio común de convivencia donde albergamos nuestro debate político, sus leyes, sus consensos y sus disputas. El escándalo de los cribados de cáncer de mama en la sanidad andaluza ha derivado en la negativa de los gobiernos de Murcia, Valencia y, por supuesto, Madrid, a entregar los datos sobre los suyos al Ministerio de Sanidad. No es la primera vez que autonomías del PP sortean la legalidad para hacer oposición al Gobierno de la nación pero empieza a convertirse en habitual la falta de lealtad institucional, cuando no la abierta insumisión. ¿Para qué sirven los ministerios de Sanidad, Educación o Vivienda si las autonomías no aplican sus normativas, leyes o controles apelando a sus competencias? ¿O el mismo Congreso de los Diputados, cuando sus votos refrendan leyes como la de Amnistía, que también se encuentran con la ‘barrera interpretativa’ de los jueces para poderse aplicar?. Tan insólitas insubordinaciones sabemos dónde se alimentan: en la permanente deslegitimación de este Gobierno cultivada por la derecha política y mediática, pero no hasta dónde podrían llegar si no se las pone freno.
La ministra Mónica García es la que más recientes desaires a su autoridad acumula en estas semanas. Su departamento ha requerido a las autonomías que aún no lo tuvieran el obligatorio listado de médicos objetores de conciencia para la práctica de abortos en hospitales públicos. Algunas han remoloneado y Madrid, abiertamente, se ha negado, criticando la ley que lo exige, como si no tuviera obligación de cumplirla. Ahora, tras los dramáticos retrasos en las pruebas complementarias de los cribados de cáncer de mama dudosos de Andalucía, ha solicitado al resto de comunidades los datos y plazos de sus programas de prevención del cáncer, encontrándose con nuevas negativas.
Hay que recordar que las transferencias de la sanidad pública cedieron en su día a los gobiernos autónomos su gestión pero reservó al Estado su control, planificación y legislación común a todo el territorio para preservar la igualdad de acceso al servicio de todos los españoles. De la misma manera ocurrió con la educación pero también ahora la ministra Pilar Alegría ha tenido que anunciar un endurecimiento de las condiciones para abrir una universidad privada después de que tanto en Madrid como en Andalucía hayan proliferado en los últimos años centros certificados por los respectivos gobiernos regionales sin el mínimo nivel exigible a una docencia universitaria. En este caso la letra de la ley se habrá cumplido de puntillas pero de su espíritu llevan tiempo carcajeándose Ayuso y Bonilla mientras tienen a sus universidades públicas, especialmente la madrileña, al borde de la quiebra por falta de financiación.
El peligro que el troceamiento de la gestión de servicios tan esenciales como la sanidad o la educación hubiera acompañado a la cesión de competencias se pretendió conjurar manteniendo vivos los ministerios y una básica legislación común en sus manos. Su mantenimiento y existencia ha quedado más que justificada en situaciones de emergencia como la pandemia del Covid aunque ya entonces empezaron a aflorar los primeros síntomas de esta nociva deslealtad entre administraciones que, a mi juicio, empieza a mutar en crisis legislativa poniendo en solfa las capacidades y legitimidades del Gobierno de la nación.
La ministra de Vivienda, por su parte, está resultando la más perjudicada políticamente en este río revuelto de insubordinaciones y competencias. Esta semana Sumar ha llegado a sugerir su dimisión, aunque a las pocas horas haya rectificado tras el monumental enfado del PSOE con su socio de Gobierno. Los de Yolanda Díaz echan en cara a Isabel Rodríguez no estar haciendo “nada” por solucionar el problema de vivienda en España y si bien es cierto que entre las medidas propuestas desde Sumar, Podemos o ERC, como regular precios y prohibir alquileres turísticos, hay un abismo de valentía política con los proyectos más conciliadores con caseros y propietarios del Ministerio, el gran hándicap de la manchega para exhibir algún triunfo radica en una Ley de Vivienda que nadie ha querido cumplir. Sólo Cataluña y unos cuantos municipios del País Vasco o Galicia se han acogido a los precios tasados que prevé la ley para zonas tensionadas que, previamente, debe aprobar la comunidad autónoma de referencia.
Suma y sigue. No pocas veces hemos considerado a España un país con muchas leyes pero con escaso cumplimiento, aunque sinceramente considero que hemos avanzado mucho al respecto en los últimos tiempos. La situación actual, sin embargo, no va de demoras o falta de eficacia y rigor en la aplicación de lo legislado, sino de enfrentamiento y rechazo a acatarlo. No cabe otra explicación para la interesada lectura de la ley de Amnistía que llevan meses haciendo los jueces del Supremo, bloqueando su aplicación a Carles Puigdemont y su regreso a España, demorando así el capítulo final de un problema político de primera magnitud que la ley pretendía resolver. Capítulo aparte merecería, también, la aplicación de la ley del “Sólo sí es sí”, otra normativa, de enorme avance en derechos para las mujeres, asediada desde la judicatura y restringida en su aplicación por sesgadas interpretaciones.
Este Gobierno discurre desde que nació con limitaciones y obstáculos nunca vistos pero no debía suceder lo mismo con su producción legislativa que, una vez aprobada, debería convertirse en patrimonio común. Pasito a paso las autonomías gobernadas por el PP, con el apoyo de Vox en muchos casos, están minando esa confianza en la ley como garante de convivencia. El próximo episodio puede ser la declaración de la sede de la Comunidad de Madrid como lugar de Memoria Democrática que acaba de aprobar el Gobierno y al que Ayuso se opone. La decisión obligará a colocar una placa que lo reconozca como tal en la fachada del edificio de la Puerta del Sol donde la presidenta madrileña tiene su despacho. Dudar de que la citada placa llegue a ser instalada supondrá ya un triunfo para los deslegitimadores. Esperemos que el Gobierno no lo consienta.
