Se pondrá límites a la aberración de asuntos en permanente secreto como las penas del infierno
José García Abad
Por fin vamos a tener una ley democrática, homologable con Europa, de secretos oficiales, devenida en ley de Información Clasificada, superando la vergüenza de mantener la norma del franquismo de 1968, con retoques del 7 de octubre de 1978, antes de la Constitución. Lo de por fin es un decir pues en el mejor de los casos el proyecto enviado por el Gobierno al Congreso de los Diputados el pasado 22 se convertirá en ley hasta pasado un año de su publicación en el BOE, a finales de 2026.
El Gobierno ha enviado este proyecto para cumplir con el PNV que reclamaba la desclasificación de documentos sobre la guerra sucia contra ETA, o sea hasta 1980 evitando por razones secretas la desclasificación del golpe de Estado de febrero de 1981.
Sánchez ha cumplido con el dirigente del PNV Aitor Esteban y llegaremos a la desclasificación automática de todos los documentos que lleven secretos 45 años o más, o sea durante la dictadura y los primeros años de democracia.
Se va a saber antes quién mató a Kennedy que quién estuvo detrás del 23-F
Es decir, hasta 1980, al borde del golpe de estado del 23 F, que queda fuera, lo que daba pie a Gabriel Rufián, portavoz de Esquerra Republicana de Catalunya a lamentarse: “Al final, se va a saber antes quién mató a Kennedy que quién estuvo detrás del 23-F. Igual come en Abu Dabi”, aunque Rufián daba alguna pista al aludir al rey Juan Carlos.
En todo caso el nuevo proyecto va por el buen camino al establecer desclasificar automáticamente la documentación de los últimos 12 años de la dictadura y la transición; al acabar con la aberración de que hubiera asuntos sin fecha de desclasificación en permanente secreto como las penas del infierno. Se crearán cuatro categorías con plazos asociados de desclasificación: “Alto Secreto”, “Secreto”, “Confidencial” y “Restringido”. Las dos primeros son competencia exclusiva del Consejo de Ministros. La información de “alto secreto” será pública a los 45 años, pudiendo prorrogarse de manera excepcional y motivada por 15 años más hasta un total de 60. La secreta, durante 35 años prorrogables a 45. La confidencial, entre siete y nueve años no prorrogables; y la restringida, entre cuatro y cinco no prorrogables.
Solo en el caso de que se “aprecie motivadamente y de forma excepcional que perdura la amenaza o el perjuicio para la seguridad y defensa nacional”, podrá mantenerse secreto algún documento, una decisión deberá revisarse con carácter anual.
Según una disposición transitoria se dará prioridad a la información relacionada con graves violaciones de los derechos humanos o crímenes de lesa humanidad. Un buen paso, aunque obvio.
La información procedente de otros Estados u organizaciones internacionales no será objeto de desclasificación automática.
El tiempo máximo de clasificación será de 45 años prorrogables de forma motivada otros 15 años. Como máximo 60 años.
Bolaños se queda con algunas competencias de Robles
También me parece positivo que se ocupe de gestionar la información clasificada como de “alto secreto”, “secreto” y “confidencial” Félix Bolaños, ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes donde recalará la Autoridad Nacional de Información Clasificada, hasta ahora adscrita al Centro Nacional de Inteligencia (CNI), dependiente hasta ahora del departamento de Defensa. La autoridad nacional delegada es en este momento la directora del servicio secreto CNI, Esperanza Casteleiro.
Sin embargo, en razón de la fuerte resistencia de la ministra de Defensa Margarita Robles se ha añadido en última instancia que la ministra de Defensa “ejercerá las responsabilidades de la Autoridad Nacional de Seguridad respecto a la información clasificada en el ámbito de las relaciones con la OTAN” y su departamento llevará el registro de las diligencias y directivas de clasificación de la información secreta de la Alianza Atlántica, así como el registro de las habilitaciones de su personal.
La opinión del historiador Ángel Viñas
En opinión de Ángel Viñas expresadas en un artículo publicado en eldiario.es existe el riesgo de perennizar más de lo recomendable el continuado cierre de la documentación relacionada con la época franquista.
“Reconozco que puede ser una casualidad, explica, pero todos mis intentos por analizar las negociaciones militares con Estados Unidos en los años 1952 y 1953 han topado siempre con la negativa a abrir los archivos correspondientes por parte del Ministerio de Defensa.
Me permito, pues, airear algunas reflexiones. No porque espere nada, sino para demostrar que a veces las mejores intenciones no se cumplen o topan con obstáculos no previstos o su conveniencia no está adecuadamente estudiada. No me guía otro propósito. A los 84 años pienso en los futuros historiadores que puedan o quieran continuar la labor de despeje de un terreno minado.
(…) Tomo como ejemplo la documentación sobre las negociaciones militares con los norteamericanos en 1952-1956. Toda la calificada de “secreta” se mantendría bajo el nuevo sistema, bien como “alto secreto” o como “secreto”. Si, tal y como está hoy redactado el APL, la futura Ley de Secretos Oficiales entrara en vigor en 2026, es decir, cumplidos los cincuenta años del fallecimiento de Franco, la documentación generada durante su régimen no se desclasificaría, a tenor del artículo 16 del anteproyecto de ley, hasta cumplirse los 50 y 40 años de su clasificación, pero podría alargarse 15 y 10 años más, respectivamente.
Para el ejemplo que nos ocupa, la desclasificación de la documentación fechada en 1952 podría empezar, en el peor de los casos, a partir de 2017 (1952 + 65) y, en el mejor, en 1992 (1952 + 40). No habría, pues, que aguardar mucho. Pero, ¿qué ocurre si se toma como base la documentación franquista generada el año 1975? Llegaríamos, en el peor de los casos, a 65 años más, es decir, a 2040. Para quienes piensen en los enigmas que subsisten sobre la Transición y hasta el intento del golpe de Estado de 1981 cabe pensar en 65 o 50 años después, según las decisiones que adopte el Consejo de Ministros y pasen el filtro de las Cortes.
Es más, el apartado 7 de la disposición transitoria en el APL prevé que lo establecido noserá aplicable a “la información clasificada protegida por Tratado internacional para el intercambio y protección mutua de la información clasificada suscrito por España con otros Estados u organizaciones internacionales”. Es lógico, pero no sé si los que hubiera habido en los años cincuenta (no se me ha informado de ninguno) continúan en vigor o si han sido endurecidos en el período democrático. Fuera de un acuerdo público de 1985 con Estados Unidos y que cabe leer en el BOE se ignoran los no públicos. Si los hay.
A todo ello cabe añadir que en 1979, 1983 y 2005 quien esto escribe dio a conocer el contenido de los acuerdos secretos que subyacieron a las negociaciones de 1953. Que se sepa no ha ocurrido nada en detrimento de los intereses de la España democrática. Tampoco es probable que ocurra si se desclasifica algo más.
Ojo, pues, al canto, no sea que con la leche se tire también al lechero”.
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Le dieron largas tanto Felipe González, como Aznar, Zapatero y … Pedro Sánchez
LA CENSURA DE SECRETOS, UN AUTOPRIVILEGIO ANTIDEMOCRÁTICO HEREDADO DEL DESPOTISMO ILUSTRADO
Que el Estado, los gobiernos, no solo los españoles, nos nieguen el conocimiento de determinados asuntos clasificándolos de secretos de estado me parece un escándalo constitucional de que la soberanía reside en el pueblo. O sea una burla desde arriba a los que consideran los de abajo, tratados como menores de edad. Es un autoprivilegio antidemocrático heredado del despotismo ilustrado.
Resulta asombroso que los partidos, los periódicos, y los lideres sociales traguen con este abuso de poder conformándose con reclamar tímidamente que se acorte el plazo de vigencia de los asuntos escondidos, o que, como en el singular caso de España, que se acabe con los secretos eternos, o sea los que no se extinguen nunca.
No es la única singularidad aberrante pues hay que añadir el hecho de que la ley española de secretos oficiales vigente es de 1968, promulgada en pleno franquismo.
Arrastrando los pies
En 2022 el gobierno Sánchez llevó al parlamento un anteproyecto de ley que sustituyera a la franquista pero no fue promulgada al ser disuelto anticipadamente. No lo hubiera vuelto a presentar en la presente legislatura iniciada el 17 de agosto de 2023 como había hecho con otros asuntos como la Ley de Paridad o el estatuto de los bomberos forestales si no hubiera sido porque el dirigente del PNV Aitor Esteban no le haya afeado que mantuviera vigente una ley franquista. Sánchez le prometió: “No te preocupes Aitor lo sacaremos ya”.
El GAL, Zabalza, el 23-F
El problema es que al Gobierno le producían escalofríos lo previsto en la propuesta del PNV de que los secretos de Estado deberían concluir a los 25 años, salvo escasas excepcionales para las que se prevé una prórroga de diez y que deberían ser desclasificados automáticamente al transcurrir dicho periodo, algunos casos como el GAL y concretamente el asesinato de Zabalza.
La ley franquista de 5 de abril de 1968 solo se modificó parcialmente el 7 de octubre de 1978 que mandaba que podrán ser declaradas "materias clasificadas" los asuntos, actos, documentos, informaciones, datos y objetos cuyo conocimiento por personas no autorizadas pueda dañar o poner en riesgo la seguridad y defensa del Estado. Limitaba tal calificación al Consejo de Ministros y a la Junta de Jefes de Estado Mayor y aseguraba que la declaración de "materias clasificadas" no afectaría al Congreso de los Diputados ni al Senado, que tendrían “siempre acceso a cuanta información reclamen, en la forma que determinen los respectivos Reglamentos y, en su caso, en sesiones secretas”.
Ni González ni Zapatero
Felipe González y José Luis Rodríguez Zapatero dieron largas al asunto. El 27 de julio de 1990 el gobierno de González aprobó un anteproyecto pero, sorprendentemente, nunca llegó al Congreso. Cuatro años después, en 1994, el PP instaba al Gobierno a remitir a la Cámara el proyecto en el plazo de quince días y en 1996, cuando González abandona el poder, el proyecto seguía sin dar señales de vida.
José María Aznar y Mariano Rajoy hicieron lo mismo
Nada más llegar a la Moncloa, en 1996, el presidente Aznar anunció el envío a las Cortes de un anteproyecto que incluía sanciones administrativas de hasta 100 millones de pesetas contra los medios de comunicación que publicasen secretos, una norma que el diputado del PNV Iñaki Anasagasti calificó de «absolutamente antidemocrática”. El anteproyecto no llegó al Congreso durante el mandato de Aznar.
Mariano Rajoy tampoco se ocupó del asunto y Sánchez que, como hemos dicho, presentó un anteproyecto en la pasada legislatura no lo ha vuelto a presentar en 2024.
En las dos últimas legislaturas el EAJ-PNV presentó su proyecto. Su actual portavoz parlamentario, Aitor Esteban, pidió «que en el país se pueda hablar con normalidad de temas que parecen hoy en día todavía tabú». Y el diputado nacionalista por Álava, Mikel Legarda, afirmó que confía en que la iniciativa de su partido sea precursora del cambio de la ley franquista pero expresó su desconfianza: “Hay elementos o indicios que nos hacen dudar de las intenciones del Gobierno sobre la nueva Ley de Secretos Oficiales en esta legislatura”, aseguró. “Por ello, presentamos de nuevo la iniciativa que debatimos. Para que sea precursora del cambio y que el Gobierno no tenga la tentación de dejar morir este asunto como en tantas ocasiones en el pasado”. Concluyó recordando que el Ejecutivo español “no ha hecho mención ni una sola vez desde el inicio de la XV legislatura a su intención de retomar esta reforma”.
La última propuesta del PSOE
En la exposición de motivos del Anteproyecto de Ley de Información Clasificada elaborado en la pasada legislatura y decaído por la disolución de las Corte se explicaba elocuentemente la necesidad de actualizar la legislación al respecto.
“Transcurridos más de cuarenta años – recuerda - desde la entrada en vigor de la Constitución de 1978, sigue vigente la Ley 9/1968, de 5 de abril, sobre Secretos Oficiales, que ha sido objeto de modificaciones puntuales que trataron de adecuar el texto a la nueva etapa que iniciaba España tras la dictadura a través de la Ley 48/1978, de 7 de octubre, por la que se modifica la Ley 9/1968, de 5 de abril. Desde entonces, no se han acometido reformas sustantivas sobre una materia de tan significativa relevancia como es la información clasificada, a diferencia de lo que ha ocurrido prácticamente en todos los Estados de la Unión Europea, puesto que los diversos proyectos o proposiciones legislativas que procuraron actualizar la Ley de Secretos Oficiales no prosperaron. La necesidad de dotar al ordenamiento de un régimen actualizado y acorde a los estándares internacionales en la materia se cumple con la presente Ley de Información Clasificada”.
La filosofía que se desprende de este proyecto nonnato es que solo permanezca clasificado aquello que comporte un verdadero peligro para la defensa o seguridad nacional. Aseguraba el PSOE que toda aquella información que no suponga un peligro inminente o futuro para nuestro Estado debe quedar al margen de la Ley, favoreciendo su accesibilidad y, con ello, la transparencia de las actuaciones de los poderes públicos.
Para la redacción de esta Ley se constituyó un Grupo de Trabajo liderado por el ministro de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, Félix Bolaños, del cual formaron parte representantes de los ministerios de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, Justicia, Defensa e Interior.
Quedaban derogadas la Ley 9/1968, de 5 de abril sobre secretos oficiales y el Decreto 242/1969, de 20 de febrero, por el que se desarrollan las disposiciones de la Ley 9/1968, de 5 de abril sobre secretos oficiales.
Firmaban el documento: el ministro de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, Félix Bolaños García; el ministro de Asuntos Exteriores, Cooperación y Unión Europea, Juan Manuel Albares Bueno; la ministra de Justicia, Pilar Llop Cuenca; la ministra de Defensa, Margarita Robles Fernández; y el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska
La opinión de Ángel Viñas
Pedí entonces la opinión de Ángel Viñas, asiduo consultor de archivos a veces de limitada accesibilidad y explorador infatigable de asuntos clasificados su opinión al respecto.
Esta fue su opinión: ”Por experiencia propia puedo decirte que, en lo que se refiere a documentos militares, que son lo que yo conozco por experiencia propia, la situación es la siguiente: La ministra de Defensa a lo largo de los últimos años ha ido sacando una serie de órdenes ministeriales (al menos tres son las que yo conozco) que se basan en el supuesto siguiente:
La LSO franquista es de 1968 y entró en vigor ese mismo año. A su tenor, todos los documentos militares estampillados como secretos no pueden considerarse como tales ya que la citada ley y la Ley del Patrimonio Histórico Español solo permiten entender como secretos los estampillados como tales los de después de 1968. Esto significa que para estos no es necesario acudir a una decisión del Consejo de Ministros para que los desclasifique. Un procedimiento completamente absurdo.
Que yo sepa los archivos militares se han atenido a tales instrucciones y, a la chita callando, han ido abriendo dichos documentos anteriores a 1968.
A pesar de algunas reticencias la desclasificación global no afectaba a todos los documentos, que yo sepa. Y, ciertamente, no es aplicable a los de otros departamentos ministeriales (Justicia e Interior en primer lugar y fundamentales para el estudio de la represión franquista).. Una negación de hecho del principio
