Jorge Azcón
Inmaculada Sánchez
Jorge Azcón acaba de ser investido por segunda vez presidente de Aragón. Ha continuado la estela de su compañera María Guardiola en Extremadura y, tras meses de agónicas negociaciones, le ha comprado a Vox su ‘prioridad nacional’ a cambio de mantenerse en el gobierno. Le seguirá, previsiblemente, Alfonso Fernández Mañueco en Castilla y León, con el que la ultraderecha sumará tres, de tres, sonoras victorias frente al PP. Pese a no haber ganado las elecciones en ninguna de las tres autonomías convocadas, sus mejores resultados le han permitido entrar con más fuerza en sus gobiernos y, sobre todo, imponer sus prioridades políticas, entre ellas la que abre la puerta a la xenofobia y el racismo en la Administración. Gobernar es cuestión de prioridades y ya sabemos, al menos, cuáles serán las de un futuro Ejecutivo en manos de Feijóo y Abascal.
Mucho se ha tenido que esforzar Azcón en su discurso de investidura de esta semana para hacernos creer que la ya famosa ‘prioridad nacional’ de su pacto con Vox no es lo que es. El objetivo, reconoció, es que los aragoneses “no se vean postergados” en el acceso a las ayudas públicas. Mal comienzo si pretendes camuflar una política claramente discriminatoria por el origen de los potenciales beneficiarios. Luego se agarró a un concepto con el que el PP pretende librarse de las acusaciones de racista, el del arraigo. “ Nos hemos comprometido a establecer una asignación justa de los recursos públicos a quienes mantienen un arraigo real, duradero y verificable con el territorio”, añadió, solemne, ante las Cortes autonómicas.
Siguiendo la frase a pies juntillas, tan peregrina decisión política supondría que un aragonés que lleve décadas residiendo y trabajando, pongamos, en Madrid y vuelva a su ciudad natal tras su jubilación se tendría que poner a la cola, cual inmigrante recién llegado, para disponer de las ayudas autonómicas que necesitase por edad o situación económica. ¿O es que también se va a priorizar por apellidos o el lugar de nacimiento que figure en el DNI? El presidente aragonés se extendió en explicarlo pese a que, según él “es fácil de entender”. Los beneficiarios de ayudas, “sea cual sea su procedencia” deberán acreditar una vinculación “legal, efectiva y beneficiosa” con la comunidad autónoma. Acabáramos. Todo aclarado, siempre que alguien defina, en lenguaje legislativo, qué se entiende por vinculación “efectiva y beneficiosa” para Aragón.
El tremendo jardín en el que se ha metido el PP de Feijóo no tiene salida posible. La prioridad nacional de Vox no puede leerse de otro modo que como un referente de la superioridad aria que impusieron los nazis o, sin irnos tan lejos, del supremacismo blanco que reina en el trumpismo actual. Tampoco el PP puede ocultar determinada historia propia caminando hacia la desigualdad, como la decisión tomada por el Gobierno de Rajoy en 2012 de eliminar la universalidad de la sanidad pública en España negando la tarjeta sanitaria gratuita a los inmigrantes en situación irregular. Pedro Sánchez la restableció en 2018, nada más llegar al poder, y el reciente decreto de su Gobierno para la regularización masiva de migrantes ha simplificado aún más el acceso gratuito a la atención sanitaria a cualquier persona que resida en el país.
Los recursos, seamos realistas, siempre son limitados y las decisiones sobre quién dispone de ellos antes que otros se toman cada día tanto en hospitales y triajes de urgencias como en el autobús sobre quién hace uso del último asiento. También el SEPE o la Seguridad Social ha de determinar quién accede a un subsidio y quién no. La ley, por supuesto, garantiza los servicios públicos y también establece sus límites discriminando por prioridades pero, hasta ahora, éstas se han basado en la vulnerabilidad del beneficiario, su capacidad económica, edad o situación social y laboral. Podríamos llamarla una ‘prioridad de clase’. Si en el listado de quienes tienen el Ingreso Mínimo Vital o una vivienda pública de alquiler social predominan los “Mohamed”, como despectivamente los ha denominado estos días el portavoz de Vox en las Cortes de Aragón, será por el simple hecho de que su situación social es mucho peor que la de una mayoría de los ‘Rodríguez’.
Quienes más tienen también podrían ser excluidos de determinados servicios públicos que su capacidad económica alcanzaría a pagar sin gran esfuerzo pero la izquierda gobernante siempre ha entendido que la universalización garantiza y consolida el derecho, a la vez que cohesiona la sociedad y construye una convivencia más sana. No lo dudo, pero tampoco que la ‘prioridad de clase’ se ha aplicado habitualmente con excesiva cautela por los gobiernos de izquierda que ha tenido este país, incluso fiscalmente, donde la prudencia se ha convertido en cobardía no pocas veces. Llegan tiempos de derechas sin complejos, como estamos viendo en Extremadura y Aragón, y convendría adecuar prioridades.
