Se creía dotado de competencia para hundir España pues contaba con la confianza de Mariano Rajoy que delegaba en él como virrey económico
por José García Abad
Es lo que proclamó apocalípticamente Cristóbal Montoro (Cambil, Jaén, 28 de julio de 1950) en mayo de 2010 en coherencia con el sentido patrimonialista del país de la derecha española. Lo más importante para el PP de entonces como el de hoy no es el buen patriotismo, lo mejor para España, que no importa que caiga, sino que caiga la izquierda. Montoro dijo lo que dijo en un momento tremendo cuando nos jugábamos la intervención de nuestra economía.
«Que caiga España, que ya la levantaremos nosotros», fue la frase que la portavoz de Coalición Canaria (CC) en el Congreso, Ana Oramas, desveló que le había dicho Cristóbal Montoro para pedirle su voto negativo al paquete de recortes que pretendía José Luis Rodríguez Zapatero en mayo de 2010. Los nacionalistas canarios tuvieron en su mano la llave de la votación y a sabiendas de que su rechazo provocaría la intervención de la economía exhibieron patriotismo español.
Montoro, virrey económico de Rajoy
De la chulesca frase del entones ministro de Hacienda se deduce que este se creía dotado de competencia para hundir España pues contaba, o creía contar, con la confianza plena de Mariano Rajoy que delegaba en él como virrey económico.
Graciano Palomo que le entrevistó para el diario El Mundo el 8 de diciembre de 2013 nos cuenta que el ministro había abandonado su despacho oficial en el histórico edificio de Hacienda junto a la Puerta del Sol para ocupar “un pequeño cubículo adyacente con una diminuta mesa por donde pasa todo lo que ocurre en España… hasta el último dato, ayudado por su inseparable tablet a modo de espada flamígera desde que le convenció de sus bondades su hermano Ricardo. Éste es mi poder, lo tengo todo».
Le lanza Montero al periodista otra frase histórica que contrasta con lo que estamos sabiendo: “Si yo hubiera tenido algo que ocultar – aseguraba – ya no existiría en la vida pública». Y advertía como aviso a navegantes, que conoce “con apellidos y nombres los que han ido a por él desde antes de que Rajoy le encargase lo más difícil todavía. Que se está consiguiendo, pero es doloroso que algunos de los tuyos no se enteren…”
Disfruta el ministro explicando al periodista lo mucho que Rajoy confía en él, la de enemigos que conspiran contra su persona y el hecho, también digno de memoria histórica de que los adversarios le califican de “encarnación del mal’.
Exige a Carlos Alsina que pase por el aro
Me lo imagino como un Rasputín que en la oscuridad maneja los hilos del poder, castigando al enemigo y premiando a los adictos. De este hecho, concretamente de las amenazas que profería a quien no jaleaba sus éxitos, da fe el periodista Carlos Alsina quien relató el pasado 17 de julio una reunión que mantuvo el ministro con él y con los dirigentes de Planeta, editora de Onda Cero hace trece años.
“Érase una vez un ministro de Hacienda, hombre poderoso, al que irritaba sobremanera que se le criticara en un programa de radio“, ha desvelado Alsina en ‘Más de uno’, donde ha contado que llegó a convocar en su Ministerio a los responsables del programa de ‘La brújula’ entonces y también de Onda Cero: “Irritado, contrariado y convencido de que el poder le daba carta blanca, convocó en su Ministerio a los responsables del programa y de la cadena que lo emitía”.
Lo que pretendía entonces Cristóbal Montoro era “ejercer toda la presión que pudo para intentar que el programa se volviera complaciente con él y con su Gobierno”: “Que aplaudiera cada noche sus decisiones y lo celebrara a él como el hombre que estaba arreglando España”.
El ministro invocó las oportunidades de negocio que se abrirían en el país gracias a su sabiduría y su acierto innegable”. “Oportunidades de negocio, dijo, para aquellos que remen a su favor, del Gobierno, se entiende”, desvela el director de ‘Más de uno’, que señala que el éxito del ministro fue “cero” y que por ello tuvo que cambiar de táctica al “castigo fiscal que podrían sufrir las empresas que no entraran por el aro”.
“Fracasado de nuevo en su labor coactiva, aquel hombre poderoso perdió los nervios, y perdió los papeles, y le espetó (tuteando) al responsable del programa de radio denostado: ‘Soy el ministro de Hacienda, ¿entiendes?, yo decido el IVA del libro digital y no creo que los accionistas de tu grupo editorial les guste que se lo suba, tenlo en cuenta’“, continúa Alsina.
Aquel ministro, reitera Alsina retóricamente era Cristóbal Montoro, quien hace trece años presionó a ‘La brújula’ cuando el periodista presentaba el programa en Onda Cero. “Veremos – reflexiona – cómo sigue la causa y que será de Montoro, hoy imputado. Pero que entendía el poder como una vía para premiar favores, beneficiar a afines y castigar a quien no tragara no hace falta que se esfuerce el juez en demostrarlo”.
Alsina no es el único. Javier Chicote, jefe de investigación del diario ABC, destapó las primeras informaciones que revelaron que el ex ministro de Hacienda, “gestionó presuntamente, una red de influencias” para favorecer a empresas gasistas durante el Gobierno de Mariano Rajoy.
Lo que levantó Montoro fue un pastizal de dinero con la venta de trozos del Estado. España no ha caído, pero si (justicia poética) quien fue ministro durante 11 años, con José María Aznar y con Mariano Rajoy.
El 16 de julio de 2025 Cristóbal Montoro y compañía fueron imputados por Rubén Rus Vela, titular del Juzgado de Instrucción número 2 de Tarragona, por los presuntos delitos de cohecho, fraude contra la Administración Pública, prevaricación, tráfico de influencias, corrupción en los negocios, falsedad documental y negociaciones prohibidas cometidos entre 2011 y 2018, durante el gobierno de Mariano Rajoy.
Capitalismo de amiguetes
Lo habitual en el capitalismo de amiguetes que padecemos es que determinadas empresas compren a políticos o funcionarios públicos para obtener contratos aplicando la fórmula que designan cínicamente como “captura del Estado”. Cristóbal Montoro invirtió el procedimiento. El eterno ministro de Hacienda, con Aznar y sobre todo con Rajoy, marcaba el paso a los empresarios corruptos tomando la dirección del procedimiento para lo que había montado chiringuitos ad hoc y encargándose directamente de que el gobierno cambiara la norma o que la agencia tributaria mirara para otro lado.
El titular del Juzgado número 2 de Tarragona, Rubén Rus Vela, abrió en 2018, tras el “hallazgo casual” de unos correos electrónicos de 2013, una investigación que hasta el pasado 19 de junio permanecía en secreto, imputando a Montoro y a 27 colaboradores, la mayoría de la cúpula ministerial del montaje de una organización delictiva “en la que muchos de los intervinientes habrían desempeñado altos cargos en el Gobierno y la Administración central, desde donde habrían creado una red de influencias cuyo fin último sería la obtención de un lucro económico”.
Constató el juez que las empresas se valían de las influencias de Montoro en el Gobierno para lograr reformas legislativas que les beneficiaban, pasando siempre antes por el despacho de abogados que fundó Montoro en junio de 2006 bajo el nombre de “Montoro y Asociados” que transformaron en razón de las incompatibilidades de Montoro quien en 2008 vendió sus acciones de forma que se investiga en Equipo Económico (EE). Actualmente se denomina Global Afteli.
Rubén Rus Vela constata que Montoro nombró entre sus altos cargos ministeriales “a personas estrechamente vinculadas al despacho Equipo Económico ”, de forma que anteproyectos de ley y proyectos de reglamentos “se redactasen ‘a demanda” de las empresas investigadas tras un pago. Eso permitía, a su vez, que “el control de los órganos con competencias decisivas” quedase vinculado al despacho que él había fundado y del que fue presidente y consejero hasta 2008.
Las pesquisas judiciales afectan al ministro en sus actuaciones realizadas entre 2011 y 2018, cuando presidía el Gobierno Mariano Rajoy. Montoro y gente de su equipo tejieron una red de influencias, que implicaría a empresas como Air Liquide, Abelló, Messer, Praxair y Carburos Metálicos. Se asociaron personajes influyentes como Lorenzo Bernaldo de Quirós y el exministro de Economía Luis de Guindos, actualmente vicepresidente del Banco Central Europeo (BCE).
Montoro muerde desde la Administración Pública
Cristóbal Montoro ocupó el cargo de máximo responsable de Hacienda justo en los años en los que se tramitaron las normas de las que se habrían supuestamente beneficiado empresas, presuntamente haciendo uso, según el juez “de las potestades que le corresponden en la iniciativa legislativa de su Ministerio, lo que presuntamente aseguraría una ganancia al despacho Equipo Económico (EE).
El uso de tales potestades habría permitido a EE poder ofrecer a sociedades de distintos sectores reformas que beneficiasen sus intereses económicos, en menoscabo del sector público. El juez explica que Montoro nombró entre sus altos cargos a personas estrechamente vinculadas con Equipo Económico, asegurándose que elaboraran normas a demanda de las mercantiles investigadas, tras aceptar aquellas pagar por ello.
De su equipo en Hacienda constan como investigadas una decena de personas, entre las cuales destacan Miguel Ferre, exsecretario de Estado de Hacienda; Pilar Platero, que fue subsecretaria de Estado de Hacienda; Rogelio Menéndez y José María Buenaventura, exasesor y exdirector del gabinete del ministro, respectivamente, y Santiago Menéndez, que fue director general de la Agencia Tributaria. Veamos uno por uno.
Miguel Ferre Navarrete, un cargo decisivo
Fue secretario de Estado de Hacienda entre 2011 y 2016, nombrado a propuesta de Montoro. El juez afirma que está probada su relación con Equipo Económico y empresas vinculadas al despacho y subraya que ocupaba uno de los “cargos decisivos para que los textos de los Anteproyectos de ley y Proyectos de Reglamento a elevar recogieran las pretensiones concertadas con las gasistas”. El auto señala que así lo confirman los correos intervenidos en la investigación, en los que Ferre Navarrete aparece “reiteradamente” mencionado.
Destaca que, en un correo de octubre de 2013, comunicó al director general de Feique (Federación Empresarial de la Industria Química Española) las razones por las que no cabía atender sus pretensiones. Estas razones desaparecen unos meses más tarde, coincidiendo con la intervención de EE.
Pilar Platero Sanz, subsecretaria y socia
Fue subsecretaria de Hacienda y Administraciones Públicas entre 2011 y 2016, con capacidad para representar al ministerio y responsable del asesoramiento jurídico al ministro. Fue socia de Equipo Económico entre 2009 y 2011.
Al salir de la subsecretaría fue nombrada presidenta de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), sociedad ‘holding’ propietaria de empresas como Enresa, Navantia, Tragsa, Hunosa o RTVE, y de las participaciones estatales en cotizadas como Airbus, REE o Enagás.
Habría participado en los hechos investigados al ocuparun cargo decisivo para que los anteproyectos de ley y reglamentos recogieran las pretensiones concertadas con las gasísticas.
“Este hecho – aclara el auto – se manifiesta especialmente relevante si se tiene en cuenta que la Subsecretaría de Hacienda y Administraciones Públicas/Función Pública, es el órgano encargado del impulso y la coordinación normativa”.
Felipe Martínez Rico, jefe del gabinete
Ocupó el cargo de subsecretario de Hacienda y Función Pública en 2016 en sustitución de Platero. Fue anteriormente jefe de gabinete de Montoro. Según el juez, al igual que Platero y Ferre, ocupó puestos “decisivos”
cuando se redactaron las normas investigadas.
Diego Martín-Abril Calvo, un cargo decisivo
Director General de Tributos entre 2012 y 2016, el juez considera que “habría participado activamente” en los hechos investigados, “ostentando uno de los cargos decisivos para que los textos de los Anteproyectos de ley y Proyectos de Reglamento recogieran las pretensiones concertadas con las gasísticas como evidencian los mails intervenidos en la causa”.
El juez subraya que era director general de tributos cuando se aprobaron las normativas en cuestión, “siendo el interlocutor con EY en el periodo de tiempo en que la AFGIM [Asociación de Fabricantes de Gases Industriales y Medicinales] intentaba la modificación de los epígrafes del IAE [impuesto sobre actividades económicas]”, constando numerosos mensajes dirigidos a su persona.
José Alberto García Valera, reformas de favor
Director general de tributos entre 2016 y 2018, cuando se modificaron los epígrafes del Impuesto sobre Actividades Económicas. (IAE). Bajo su mandato y una vez que entró en escena EE, el subdirector general de tributos locales, en contra de lo expresado en anteriores ocasiones, consideró viable introducir la modificación del IAE en la Ley de Presupuestos para el año 2018. Ese mismo año, pasó a ser socio de EY, consultora que intervino en los hechos investigados y que se prestó a participar en los supuestos trabajos técnicos de aparente soporte para las citadas reformas legales de favor.
Óscar Del Amo Galán se reúne con los gasistas
Subdirector general de tributos locales nombrado en 2011, cargo que ostentaba cuando se modificó el IAE y que ocupó tanto con Martín-Abril Calvo como con García Varela. Los correos intervenidos revelan que mantuvo contacto y reuniones con las gasistas, en las que les comunica la imposibilidad de atender a sus pretensiones respecto de la modificación de los epígrafes del IAE. Poco después y tras la intervención de EE, se producen nuevos contactos y reuniones, esta vez, las gasistas sí lograron la reforma legal pretendida.
Del Amo Galán no solo recibió de las gasistas las redacciones del texto legal a reformar, “sino que además contactó telefónicamente con ellas para aclarar dudas sobre dichos textos, lo que permitiría concluir no sólo que dicha redacción del texto fue consensuada sino también que sería impuesta por los pagadores del despacho.
Hay más imputados de la Administración Pública, de Equipo Económico y del resto de empresas implicadas, que afrontan acusaciones por presuntos delitos de cohecho, fraude contra la administración pública, prevaricación, tráfico de influencias, negociaciones prohibidas, corrupción en los negocios y falsedad documental.
Resumiendo: Rogelio Menéndez Menéndez, que fue asesor del gabinete de Montoro; José María Buenaventura Zabala, director de Gabinete del secretario de Estado de Hacienda; Santiago Menéndez Menéndez, director de la Agencia Tributaria y hermano de Rogelio; Ricardo Martínez Rico, hermano de Felipe Martínez Rico, socio fundador de Equipo Económico y su presidente ejecutivo desde 2008. Con anterioridad, ocupó diversas posiciones relevantes en los ministerios de Comercio, Economía y Hacienda y en 2003 fue nombrado Secretario de Estado de Presupuestos y Gastos; Manuel De Vicente Tutor Rodríguez, socio director de Equipo Económico, ocupó distintos cargos de responsabilidad en la Agencia Tributaria y formó parte entre 2001 y 2004 de su Comité de Dirección como director del gabinete de su director general; Salvador Mariano Ruiz Gallud, socio director del Área Fiscal de Equipo Económico, fue director General de la Agencia Tributaria desde agosto de 2001 hasta abril de 2004; Francisco Piedras Camacho. socio director de Equipo Económico, fue director general del Gabinete Técnico en el Ministerio de Hacienda; Covadonga Gómez Garrido, trabajadora del departamento de administración de Equipo Económico, que era quien se encargaba de realizar la facturación de la sociedad y reclamar su pago, además de ser apoderada o representante en prácticamente todas las empresas presuntamente instrumentales vinculadas a los socios del despacho, de las que recibió ingresos entre 2009 y 2017.
El juez imputa, además de al exministro, a nueve altos cargos de la segunda etapa de Montoro al frente del Ministerio de Hacienda y a cuatro de la primera época, estos últimos por su actuación desde Equipo Económico. Junto a ellos, están imputadas las empresas Equipo Económico/Global Afteli, Air Liquide España, Praxair España, Carburos Metálicos, Abelló Linde y Messer Ibérica de Gases y algunos de sus directivos.
Rato intentó personarse
Rodrigo Rato, exministro de Economía y Hacienda con Aznar a quien sucedió Cristóbal Montoro, solicitó al juzgado personarse en la causa afirmando que fue perjudicado y perseguido por su excompañero de partido y Gobierno de forma palmariamente delictiva, pero no recibió respuesta.
Asegura Rato al diario ABC que Montoro lo investigó de forma “irregular” y “rozando el delito” durante 2014 y 2015 e interpuso ante el juzgado un recurso de reforma contra el auto por el que se le rechazó su personación como acusación popular. Expuso Rato que Montoro accedió a datos de trascendencia tributaria cuya fuente es la AEAT según los correos electrónicos remitidos en diciembre de 2014 a Cristóbal Montoro por Félix Martínez Rico, entonces jefe de Gabinete del ministro de Hacienda información que previamente Martínez había recibido por parte de Santiago Menéndez, quien era a la sazón director general de la AEAT.
Recuerda Sofía Soler, redactora de RTVE que este vals entre Montoro y Rato se remonta al menos públicamente al 2015, cuando se conoció que el también exministro de Economía y Hacienda y expresidente del Fondo Monetario Internacional estaba siendo investigado por la Agencia Tributaria.
Ocurría después de que se acogiera a la amnistía fiscal diseñada por Montoro como titular de Hacienda. Tras ejecutarse, se creó un listado de 705 personas sospechosas de haber podido blanquear capitales y, según publicó la prensa en el momento, el exministro estaba incluido.
Sin embargo, Montoro siempre mantuvo que las acciones contra Rato no tenían nada que ver con la amnistía fiscal, sino con una investigación de la Agencia Tributaria sobre la declaración 720 de bienes y derechos en el extranjero bastante tiempo anterior a la medida de gracia.
Quién es Rubén Rus Vela el juez que investiga el caso Montoro
Según nos explica Jan Magarolas en “El Periódico” del pasado 25 de julio, Rubén es de tendencia progresista. Magistrado desde hace más de 14 años, la mayoría de los cuales ha ejercido en Catalunya.
Su primer destino fue el juzgado mixto de primera instancia de Barbastro (Huesca), en el Tribunal Superior de Justicia de Aragón (TSJA), ya como titular del cargo de la segunda oficina judicial. Durante su estancia en Aragón, en junio de 2013, firmó un Manifiesto en Defensa de la independencia judicial en contra de la reforma del Consejo General del PoderJudicial (CGPJ) impulsada por el entonces gobierno de Mariano Rajoy. En ese ejecutivo, el ministro de Hacienda y Administración Pública era, precisamente, Cristóbal Montoro.
El magistrado Rus ha tenido en Tarragona un papel silencioso durante sus nueve años en Tarragona, en los que ha estado investigando la supuesta trama de Cristóbal Montoro. Estas indagaciones las ha realizado en secreto y sin levantar sospechas hasta el punto de que tenía al exministro bajo la lupa desde 2018, cuando empezó a considerarlo un investigado.
