Presidentes y representantes de los países asistentes a la IV Conferencia Internacional de Naciones Unidas sobre la Financiación para el Desarrollo, celebrada en Sevilla
Antonio Papell
Los Estados Unidos, el líder de Occidente, han estrenado cuatrienio presidencial con un respaldo incondicional al genocidio israelí sobre los palestinos y con una agresión unilateral a la industria nuclear de Irán, acabando un “trabajo” iniciado por Israel. Tales iniciativas contradicen el absentismo exterior que defiende teóricamente el movimiento MAGA (Make America Great Again), convencido de que la pasada decadencia provocada por la globalización, la inmigración y el multiculturalismo puede revertirse si se eligen políticas introspectivas, se deja de intervenir en los conflictos ajenos y se cierran las fronteras.
La posición de Trump con relación a la seguridad ha sido siempre confusa pero el magnate ha ido incrementando el criterio interventor que ya expuso en la Cumbre de Cardiff en septiembre de 2014: elevar el gasto en defensa de todos los países al 2% del PIB como mínimo para corregir la escasa contribución de Europa a la Alianza. Tras la segunda llegada de Trump, la presión americana se ha intensificado y, para responder a la tendencia intensivista provocada por la guerra de Ucrania, en abril pasado, a requerimiento del secretario general de la Alianza, Mark Rutte, Pedro Sánchez anunció la aprobación del “plan nacional para el desarrollo e impulso de la tecnología de defensa y seguridad española”, según el cual España, cuyo gasto militar fue en 2024 del 1,28% del PIB, invertirá 10.471 millones más de euros en defensa en 2025, hasta llegar a un total de 33.123 millones en años sucesivos. Tal propuesta garantiza a los españoles que esta discreta elevación del gasto militar no afectará al gasto social. Pero poco después, Trump ha ordenado imperativa y arbitrariamente un rearme de los socios europeos hasta el 5% del PIB anual, según una fórmula en que el 3,5% se destinaría al gasto militar ‘duro’ —armamento y logística militar— y el 1,5% restante a “gastos relacionados con la defensa” (inversiones en ciberseguridad, infraestructura civil y militar, etc.). Ello supondría para España un salto disparatado: pasar de los 33.000 millones actuales a más de 80.000, imposibles de aportar sin afectar gravemente al gasto social y a las partidas destinadas a contener el cambio climático.
Salvo España, los socios de la Alianza, guiados por el melifluo Mark Rutte y atemorizados por las ínfulas del multimillonario, han firmado en La Haya una declaración de intenciones que contempla la elevación arbitraria de la inversión en defensa del 5%. Se sabe que varios países no están dispuestos a semejante sacrificio, pero en La Haya el objetivo era aplacar a la fiera, evitar que Trump cumpliera su amenaza de salir de la OTAN, algo que en las actuales circunstancias nos regocijaría a muchos… si no fuera por los embolados abiertos —la guerra de Ucrania— que Europa no sería capaz de resolver en solitario.
Sénchez, que gobierna gracias al apoyo de una compleja coalición, mantuvo poco antes de la cumbre de La Haya un diálogo epistolar con Rutte. En el intercambio de propuestas, España conseguía acordar no una cantidad concreta de inversión sino la aportación de determinadas capacidades. Sánchez ya declaraba entonces que la aportación española no llegará al 5% ni ahora ni en el futuro, porque su límite, calculado por expertos, será exactamente el 2,1% del PIB. Rutte, embarazado por el inminente examen a que le sometería Trump, respondía a Sánchez con otra misiva en la que aceptaba en principio tales criterios, que preservan la soberanía de cada miembro de la Alianza, pero ponía en duda que nuestro país pudiera cumplir sus compromisos con la Alianza con tan escasos medios. De cualquier modo, la inflexibilidad de Sánchez, basada en un razonamiento impecable y compatible con el interés occidental, ha sido bien acogida por toda la izquierda española y servirá de pauta —ya lo verán— a la mayoría de los socios europeos e incluso a Canadá. Además, esta serena firmeza devuelve la solvencia a la política internacional española (perdida en Irak en tiempos de Aznar).
Trump, que ya ha amenazado a España con aranceles y que ve el rearme europeo como un gran negocio americano (más del 80% del gasto en armamento de la UE se invierte en EE.UU) mantendrá tensa la cuerda mientras pueda, por lo que la buena diplomacia es fundamental en las relaciones trasatlánticas. En cualquier caso, la posición de Sánchez no debería ser negociable gobierne quien gobierne, ya que este país no puede someter su prosperidad esencial a un militarismo irreflexivo, que tendría gravísimas consecuencias sociales.
Para entender hacia dónde nos conduce esta voracidad militar norteamericana, conviene aportar algunos datos incontrovertibles referidos a los graves desequilibrios del planeta. En lo que a nosotros concierne, la Ayuda Oficial al Desarrollo (AOD) de España retrocedió del 0,3% del Producto Interior Bruto (PIB) en el año 2022, al 0,24% en 2023, si bien volvió a crecer hasta el 0,36% en 2024. Así avanzamos modestamente en la línea marcada por La Ley 1/2023 de Cooperación para el Desarrollo Sostenible y la Solidaridad Global, que dispone en el punto 6 de su artículo: “España destinará, al menos, el 0,7% del PIB a la AOD, conforme a los criterios acordados en el seno de la OCDE, en el horizonte del año 2030″, una progresión que contó con un amplio respaldo social y político.
En cuanto a los EE.UU., sus políticas ahora aislacionistas tienen el más descarnado y repulsivo reflejo en el desmantelamiento de la Agencia para el Desarrollo Internacional (USAID), impulsado por Elon Musk en su infausto paso por el Departamento de Eficiencia Gubernamental. El cierre de la Agencia, consumado con brutalidad, representa una gran catástrofe humanitaria a pesar de que los EEUU solo destinaban a la AOD el 0,24% de su Ingreso Nacional Bruto, una de las cifras más bajas dentro de la OCDE, y con aportaciones muchas veces vinculadas a favorecer sus propios intereses.
Sin embargo, este pequeño porcentaje de la riqueza americana representaba el 43% de la ayuda humanitaria global, esencial para paliar siquiera algunas de las principales crisis actuales y la hambruna crónica en los países más pobres del mundo, como Afganistán o Sudán. Davide Rasella, investigador del Instituto de Salud Global de Barcelona (ISGlobal) estima que con la disolución de la USAID el mundo registrará al año por hambre y enfermedad 14 millones de muertes adicionales, de las que 4,5 millones serán de menores de cinco años.
La Cuarta Conferencia Internacional de Naciones Unidas sobre la Financiación para el Desarrollo, que acaba de celebrarse en Sevilla, no ha pasado a ser un brindis al sol porque todo el mundo sabe que el problema nunca se orientará realmente hacia una solución consistente en tanto no acudan a la llamada los Estados Unidos, China y Rusia. Las conclusiones son estimulantes pero al no ser en absoluto vinculantes sirven para bien poco.
No hay, en definitiva, mucho lugar para el optimismo: los Estados Unidos, que atizan el fuego y el dolor en Oriente Medio, han apostado por un rearme global que agigante la monstruosa máquina de matar de los ejércitos mundiales, que detraerá recursos abundantes que son necesarios para colmar otras necesidades vitales de la humanidad, como la propia AOD, que pretende sacar de la miseria y de la muerte a los más desfavorecidos, y la lucha contra el cambio climático, que no admite demoras. El dilema es, en fin, entre las personas y las armas, entre la muerte o la vida. Y no se trata de alimentar un estéril drama retórico sino de promover la búsqueda de un desenlace a la locura impulsada por ese histrión peligroso que los norteamericanos han llevado al poder.
