Escrito por 4:11 pm Justicia

Sobre la discriminación y la ideología de los tribunales

Una tormenta jurídica y mediática ha estado presente esta semana en los medios de comunicación porque el Tribunal Supremo norteamericano ha revocado unas decisiones de las prestigiosas universidades americanas de Harvard y de Carolina del Norte, pues en sus protocolos de admisión se ponía en valor positivo la raza de aquellos que querían incorporarse a esas universidades (negros y latinos) en caso de que existiera igualdad de méritos; era un caso de discriminación positiva que ha existido frecuentemente en Estados Unidos para corregir las desigualdades de origen en los postulantes a determinadas situaciones o puestos de trabajo (hace años ocurrió lo mismo con los bomberos). Y si merece especial atención esa decisión del Tribunal Supremo americano es porque está adoptada por su mayoría conservadora y revoca una anterior decisión del propio Tribunal.

Y un caso con cierta similitudes -como vamos a exponer- es el existente con la sentencia de nuestro Alto Tribunal de lo Contencioso Administrativo en lo referente al nombramiento del fiscal de Menores por la fiscal general del Estado. En este caso, el Tribunal Supremo, con una composición de mayoría conservadora, y en línea con su actitud reticente para con las decisiones de la citada fiscal, ha considerado que no estaba suficientemente motivada y explicada la razón de la elección del candidato efectuada por ella, pese a tener derecho a adoptarla dentro de sus competencias discrecionales. Y no es casual que esa sentencia ha tenido un voto particular discrepante a favor de la decisión de la fiscal general por la miembro ‘progresista’ de dicho tribunal, de forma parecida con lo sucedido con el tribunal americano que ha suprimido la discriminación positiva (igualitaria) su mayoría conservadora.

Y no hace falta leer entre líneas para constatar que la aplicación del Derecho depende del “cristal con que se mira” como decía nuestro clásico, y ello abona a reflexionar sobre la subjetividad en la aplicación de las normas ya sean constitucionales o de legalidad ordinaria, y ese “cristal” hace referencia a la ideología de los jueces (conservadora o progresista). Y no sostengo nada nuevo, porque todos los filósofos del Derecho opinan en común lo que les estoy apuntando: que desde su proceso mental, la judicatura toma una decisión y luego la visten de ‘argumentos’, resultando por ello absurda e ingenua la vieja anécdota que figura en muchos de nuestros textos jurídicos de que cuando un rey de Prusia quería comprar un molino a un campesino holandés, y como éste se negaba, el rey le amenazó con expropiárselo sin más, a lo que el campesino le digo “bueno, pero siempre hay jueces en Berlín”, como si estos fueran capaces de oponerse a los designios reales.

Y volviendo a la cruda realidad tal cual es, debe quedar claro, como ya hemos escrito hace años, que el máximo poder del Estado es el de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, que es la competente para revisar la actuación del poder ejecutivo del Gobierno y por ello dejemos de sacralizar la función judicial, pues salvo honrosas excepciones, sus decisiones decidirán los asuntos litigiosos según sus preconcepciones ideológicas, que hoy por hoy son mayoritariamente conservadoras (y de ahí el atrincheramiento de los vocales conservadores del Consejo del Poder Judicial para evitar nombramientos que no les sean ideológicamente afines), y es que, como dijo un magistrado del Tribunal Supremo americano (Yackson), “el Derecho es lo que los tribunales dicen que es”.


Es miembro del Colegio de Abogados de Madrid desde 1963 y Medalla de Honor de dicha institución concedida en 2016. Está en posesión de la Gran Cruz de San Raimundo de Peñafort por méritos a la Justicia y es presidente honorario de la Asociación de Abogados Demócratas por Europa y patrono de la Fundación Justicia y Paz.

Close