Inmaculada Sánchez
La interesada incursión de la justicia en la política española está arrastrando al banquillo a insospechados acusados. Ya tiene reservado tan indeseado asiento nada menos que el Fiscal General de Estado y esta semana hemos sabido que también irá a juicio el hermano del presidente y que hasta su esposa está a un solo paso del enjuiciamiento, tras una larga y polémica instrucción. Con horas de diferencia se ha confirmado asimismo el procesamiento del novio de Isabel Díaz Ayuso, la presidenta madrileña, aunque por un delito fiscal previo a su relación. En este ‘todos al banquillo’, que podría haber suscrito nuestro añorado Berlanga, sin embargo, no solo hay escaso ingenio y menos humor sino, por el contrario, mucha dinamita política detonada por unos jueces incapaces de digerir el resultado de las elecciones.
El retorno al despacho de determinados jueces no podía pasar desapercibido. Las causas e investigaciones de mayor calado político vuelven a protagonizar el debate y Gobierno y oposición regresan a sus posiciones de combate, con más ardor, si cabe. El aviso de cómo se presentaba el otoño se materializó con la solemne apertura del año judicial, el pasado 5 de septiembre. Exigencias de dimisión del Fiscal General del Estado, intento de boicoteo del acto, insólita ausencia del líder de la oposición, caras largas y malestar delante del Rey… Y un par de días después, la confirmación de apertura de juicio oral contra Álvaro García Ortiz.
No hará falta rememorar la estrambótica investigación que ha llevado a García Ortiz al banquillo por un supuesto delito de revelación de secretos pero sí remarcar el hecho, ahora que también se ha confirmado juicio contra Alberto González Amador, pareja de Ayuso, que su vista tendrá lugar mucho antes que la de su acusador. Ortiz espera fecha de juicio del Tribunal Supremo, cuya Sala Segunda tiene la agenda libre de procesos, y podría ser juzgado entre octubre y noviembre próximos, en tanto que el “ciudadano privado” Amador depende de los saturados juzgados de Madrid que podrían demorar su vista a 2026 o incluso 2027.
Me he manifestado en esta misma tribuna partidaria de que el Fiscal se mantenga en el puesto hasta que tan insólito juicio determine si cometió delito pese a la enorme controversia sobre el daño colateral a la institución, y lo mantengo. Ortiz podrá salir indemne y reforzado de un proceso construido por el jefe de gabinete de Díaz Ayuso para defender a su pareja y atacar al Gobierno, o destruido profesionalmente y ocasionando un perjuicio político sin parangón al presidente que lo ha sostenido. Pronto se verá. Quizá González Amador albergue ahora más dudas de si la estrategia en su defensa ha sido la mejor.
Recordemos que todo arranca del reconocimiento del empresario y comisionista ante Hacienda de unas facturas falsas y un delito fiscal para evitar la posible cárcel. El ayusismo, sin embargo, no podía permitirse semejante entreguismo y cambió la prudente maniobra de su abogado por un ataque sin cuartel contra la fiscalía y el Gobierno de Pedro Sánchez. Meses después, el acusado novio podría enfrentarse a más de siete años de cárcel por delitos de fraude fiscal, falsedad documental e incluso pertenencia a grupo criminal. Aunque también cabe que la Audiencia Provincial de Madrid revoque la apertura de juicio cuando resuelva el último recurso que ha presentado Amador.
Esta misma Audiencia Provincial madrileña es la que limitó y puso ciertos frenos a la desaforada instrucción del inefable juez Peinado contra Begoña Gómez, la esposa del presidente, pero sin desautorizarle plenamente y permitiéndole continuar en su prospectiva búsqueda de algo por lo que acusarla. Peinado ha retorcido al extremo la ley y las pesquisas hasta encontrarlo y esta semana da por concluida la tarea con la más efectiva bomba política que podría detonar: el envío a juicio de Gómez acusada de malversación de caudales públicos. Y, además, con jurado popular, en otra dudosa interpretación de la Ley del Jurado.
Esta por ver si semejante juicio llega a celebrarse, pues aún quedarían recursos jurídicos para evitarlo, pero la tormenta política ya está desatada, con indignadísima comparecencia ex profeso de Feijóo este miércoles. El fondo del caso y la acusación es lo de menos, aunque conviene aclararlo: la supuesta malversación viene porque la secretaria particular que la esposa del presidente tiene asignada en Moncloa para asistirla en su agenda, como todas sus antecesoras, hizo determinadas gestiones para algún asunto profesional privado de su jefa, como la propia Begoña Gómez reconoció apelando a un favor personal entre amigas. Ni cátedra con la Complutense, ni influencia sobre el rescate de Air Europa, ni negocios desde el despacho de Moncloa… Al final, la aguja en el pajar que buscaba Peinado han resultado ser unas llamadas telefónicas y unos mails de su secretaria al margen del trabajo para el que fue contratada por el erario público.
Tremenda malversación la de la esposa del presidente, que se suma a la del músico David Sánchez Pérez-Castejón, que también irá a juicio por el supuesto enchufe en su puesto de trabajo en la Diputación de Badajoz cuando su hermano no era ni presidente del Gobierno ni secretario general del PSOE. Eso sí, la jueza que lo manda al banquillo asegura como indicio que “lo había sido” (líder del PSOE) y por tanto conocía a gente del partido sobre la que influir para que contrataran a su hermano.
Los delitos han de investigarse y juzgarse y una justicia independiente es el mejor garante de un sistema político limpio y transparente, como hemos visto en no pocas ocasiones cuando se ha juzgado a exministros, expresidentes autonómicos o hasta el yerno del Rey. Y que no se hayan librado de la cárcel por ser quien son representa un estímulo ciudadano. Otra cosa es una judicatura levantada en armas contra el Gobierno legítimo. Y eso es, desafortunadamente para todos, a lo que estamos asistiendo desde que Pedro Sánchez ocupa La Moncloa con el apoyo de sus socios.
