Escrito por 8:19 am Política

Sale el libro «Todos lo sabían. Juan Carlos I y el silencio cómplice del poder» de José García Abad


El autor se pregunta: ¿Cómo es posible que nadie se enterara de los presuntos delitos cometidos por el rey? Ciertamente los medios no informaban sobre el tema, pero ¿Es que no les llegó onda alguna a los líderes de opinión, las celebridades, que ahora llamamos “influencers”, ni siquiera a los intelectuales, los políticos o los periodistas, ni a los empresarios españoles o extranjeros, con los que contactaba el “gerente”, o primer ejecutivo de los negocios del rey, Manuel Prado y Colón de Carvajal; o los amigos o las amigas de las amantes del monarca, los chóferes, los guardaespaldas, los compañeros de cacerías y cogorzas. Es imposible mantener el silencio con tantos testigos directos e indirectos. 

Nuestra impresión es que la gente sabía o intuía sobre las corrupciones del rey pero que no quiso darse por enterada, bien porque les parecía “normal” o bien porque lo consideraban “peccata minuta” comparado con sus servicios a un país prospero y en paz. 

Complicidad de la judicatura

Lo más grave fue el silencio cómplice quienes tienen mayores responsabilidades en vigilar el imperio de la ley, el monopolio de su ejercicio, la Justicia o dicho con minúscula, los jueces. No se dio por enterado el Consejo General del Poder Judicial, el gobierno de los jueces, cuyas consecuencias seguimos pagando ante la convicción general de que la justicia no es igual para todos.

Ningún juez se interesó, ni nadie presentó denuncia alguna cuando se supo que el rey había recibido diez millones de dólares del sah de Persia en junio de 1977, seis días después de celebrarse las primeras elecciones democráticas españolas, apelando a su solidaridad monárquica. 

Probablemente los jueces no reaccionaron al considerar que el rey era constitucionalmente irresponsable de sus actos, pero ninguno de ellos optó, auxiliado por el sentido común, por entender que ese privilegio constitucional rige solo para los asuntos políticos y que no podía afectar a los delitos comunes como el soborno o la apropiación indebida. 

Durante 14 años España vivió con el fantasma del rey flotando en los tribunales

Naturalmente podemos asumir que los jueces pueden equivocarse pero el asunto KIO, de 14 años de duración, implica a toda la Magistratura, desde un tribunal local hasta el mismísimo Supremo.

Supongo que los historiadores asombrarán al mundo narrando una historia propia de la ciencia ficción. Los hechos sucedieron en un extraño país que cuando se inicia esta historia, en 1992 disfrutaba de acontecimientos fastuosos: la apoteosis de un rey feliz, Juan Carlos I, junto al presidente Felipe González, presentaban al mundo la Exposición Universal de Sevilla; la Cumbre Iberoamericana de Madrid; la Conferencia de Paz para Oriente Medio y los Juegos Olímpicos de Barcelona, entre otros acontecimientos deslumbrantes.

En aquel glorioso 1990 se había desencadenado la llamada “guerra del golfo”, en la que Estados Unidos y sus aliados luchaban por expulsar de Kuwait a Sadam Hussein  que había invadido el emirato, restituyendo en el mismo a la familia Al Sabah.

Cuando fue desalojado Sadam Hussein del rico emirato petrolero, el emir nombró un nuevo equipo en la gestión de KIO encabezado por Mahmout al Nouri que se encontró con un agujero de 100.000 millones de pesetas y unas pérdidas de 500.000 millones, siendo Javier De la Rosa, delegado de KIO en España. 

Quedó probado que Javier de la Rosa entregó cien millones de dólares al administrador del rey.

La cosa, en el fondo, era muy sencilla. Javier de la Rosa, dijo, traducido de la jerga jurídica al lenguaje de la calle: “Oigan, yo no he robado nada. Lo que he hecho, cumpliendo el objetivo encomendado por mi jefe kuwaití, es utilizar el dinero del fondo para que el rey Juan Carlos influyera en favor de la restauración del emir. Lo que hice dándole a su administrador privado, Manuel Prado y Colón de Carvajal, cien millones de dólares”. 

La cosa era conceptualmente sencilla también para los jueces, pero muy comprometida, pues quedó probado que, en efecto, Javier de la Rosa había entregado los cien millones al administrador del rey. Lo que había que dirimir era si el dinero entregado por de la Rosa a Prado se lo había entregado este al monarca o si se lo había embolsado el administrador. 

En ese momento, los jueces tenían que haber suspendido el proceso al ser Juan Carlos irresponsable judicialmente. Los jueces no se atrevieron a tomar esta decisión, quizás porque habría generado duda sobre la honradez del rey. Así que, sin mencionar a Su Majestad, se limitaron a establecer las responsabilidades penales de ambos personajes, De la Rosa y Prado. 

Se nota en las sentencias dictadas, tanto por la Audiencia Nacional como por el Supremo, que fueron producto de la mala conciencia. Fueron, más que benignas, ridículas, especialmente en lo que a Prado se refiere al que solo se le impuso un año de prisión que no cumplió y no se tocaron sus propiedades. Los jueces eran conscientes de que no habían ido al fondo de la cuestión.

Nadie se escandalizó por ello: la prensa se abstuvo de concluir que el rey estaba en el fondo del asunto, como una sombra intocable y la ciudadanía prefirió no darse por enterada, pero se puede afirmar que a partir de entonces todos, la ciudadanía en su conjunto, lo sabían salvo quienes prefirieran no saberlo.

La Justicia no se ha ocupado de las responsabilidades defraudatorias de Don Juan Carlos hasta la tibia actuación de la Fiscalía del Tribunal Supremo que archivó el comportamiento fiscal de Don Juan Carlos después de la abdicación, pero emitiendo una resolución que dejaba al personaje por los suelos.

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