Escrito por 6:40 pm Política

Un análisis crítico jurídico y desapasionado del acuerdo entre el PSOE y Junts

Jordi Turull, de JUNTS y Santos Cerdán, de PSOE firmantes del acuerdo

Por José Mariano Benítez de Lugo *

5 diciembre 2023

Resultan ser innumerables los comentarios y comunicados de diversos juristas y organismos (de jueces, CGPJ, etc.) existentes sobre el llamado “Acuerdo PSOE-JUNTS”, firmado por representantes de ambos partidos políticos. Acuerdo que se ha puesto en marcha con la primera reunión el pasado sábado 1 de diciembre. Y como me han entregado recientemente una placa (en un acto celebrado por el Colegio de Abogados de Madrid) por mis ¡sesenta! años de pertenencia a la abogacía madrileña, y desde esa atalaya me voy a permitir analizar sosegadamente el referido “Acuerdo” para poner de manifiesto su estructura y sinrazón de muchos de sus contenidos:

         A) Sobre su estructura. Empecemos diciendo que en cualquier documento que se firme de común acuerdo entre las partes, hay varios aspectos que deben ser nítidamente diferenciados y no sucede así en el documento que analizamos, pues si bien sus apartados 1º y 2º (“Antecedentes y Oportunidad Histórica”) reflejan lo que cada parte opina sobre lo acaecido en el “conflicto catalán”, su apartado 3º (“Acuerdos”) dista de corresponder en buena parte, con unos eventuales acuerdos por lo que luego contienen. Veamos:

         a) Punto 1, los “Antecedentes”: A diferencia de lo que luego se refleja respecto del criterio de cada uno de los firmantes, no se precisan las diferentes posturas de ambos firmantes, por lo que hay que entender que es opinión común, y desde luego nos parece que por ello el representante del PSOE no debería haber aceptado incluir como opinión “común” en los “Antecedentes” lo siguiente:

         – la improcedente (por muchos motivos) mención a que los Decretos de Nueva Planta de 1714 “abolieron las constituciones e instituciones seculares de Cataluña”. Es una demasía afirmarlo.

         – el aceptar (conjuntamente) que hubo una “consulta popular” y un “referéndum” de independencia el 1-10-2017, sin decir que eran ambos ilegales y que por eso fueron condenados por el Tribunal Constitucional.

         – el aceptar que los procesos judiciales derivados de dichas actuaciones tuvieron eco en “diversas resoluciones de Organizaciones internacionales”, algunas de las cuales se citan, pero sin concretarse en qué sentido se pronunciaron.

         b) Punto 2. “Oportunidad histórica”. Tras decirse que la solución al conflicto debe ser política y negociada (ok), se delimitan los acuerdos a que “deben responder” a “las demandas mayoritarias del Parlament de Catalunya”. El PSOE no debería haber aceptado tal constreñimiento del contenido de las negociaciones y acuerdos.

         B) Punto 3. Los “ACUERDOS”; veamos sus contenidos:

         a) Su primer párrafo comienza con una mera exposición de las “profundas discrepancias mutuas”, por lo que en todo caso es un “acuerdo” en los desacuerdos, lo cual no deja de ser pintoresco.

         b) El segundo párrafo, por fin sí refleja un Acuerdo, el de que han decidido que exista un “mecanismo” internacional que con las funciones que se detallan: “acompañar, verificar y realizar seguimiento de todo el proceso de negociación y de los acuerdos entre ambas formaciones a los que se llegue”. Sobre estos tres trascendentales aspectos nos vemos abocados a señalar:

         – Que resulta ridículo hablar de “mecanismos” cuando se trata de personas físicas o jurídicas.

         – Que una cosa es “verificar y realizar el seguimiento del proceso de negociación y de los acuerdos llegados”, y otra bien diferente es que ese “verificador” tenga una labor más amplia, cuál sería el que intentase la conciliación entre las posturas proponiendo los acuerdos a llegar.

         Y en este punto, acudimos al Diccionario de la Lengua (edición de 1914, por ejemplo) que define el verbo “verificar”, como acreditar, comprobar la realidad de una cosa. Ello implica que es una función pasivaen la negociación, frente a la activa del mediador, que según el mismo Diccionario es la persona interpuesta entre dos que contienden, procurando reconciliarles. Y sobre cuál sea el papel entre las dos posibles figuras que va a ejercer el supuesto “verificador”, nos lo pone de manifiesto el Presidente del Gobierno cuando en su entrevistas por TVE del pasado jueves dijo textualmente Nos puede ayudar efectivamente a llegar a acuerdos”. Acabemos, estamos pues realmente ante un mediador (activa conducta) y no ante un mero verificador (pasiva conducta) pues esta última figura no encaja en lo dicho por Pedro Sánchez.

         Y la explicación del porqué se ha obviado el decir que se acude a un mediador se halla en que repetidísimas veces desde el PSOE se ha negado tal figura en la negociación (antes y ahora) y se ha preferido utilizar otra palabra (“verificador”) para distraer la atención pública de la contradicción expresada.

         c) Pues bien, ese párrafo sobre lo que se supone que se acuerda, se contradice en buena parte con el siguiente, que refleja que por ambas partes “tendrán que acordar en su caso”, la metodología de la negociación, ergo ella no está acordada todavía, por lo que no debería estar incluida ante los “Acuerdos” llegados. 

Y en ambos párrafos se repiten las funciones del “mecanismo” (huyendo de la palabra “persona”) que son puramente reflejo de cómo vaya la negociación: sería un fedatario a modo de notario en el mundo civil o hacedor de “Diligencias de constancia” como se titulan en el mundo administrativo y judicial.

         d) En resumen, el, “mecanismo” (persona designada) ¿sería un mero transcriptor de lo que se contenga y decida en las reuniones para negociar los acuerdos, o como ha declarado el Presente del Gobierno, “ayudará” a llegar a los acuerdos, lo cual lo convertiría al “mecanismo”, como hemos expresado, en mediador?. 

         e) El párrafo siguiente, “Los contenidos de los acuerdos a negociar” (así en negrita en el texto que venimos comentando) se articula “a partir de las aspiraciones de la sociedad catalana”, que resume en “la superación de los déficits y limitaciones del autogobierno y las relativas al reconocimiento nacional de Catalunya”. Y ciertamente el PSOE no debería haber aceptado que tales aspiraciones sean del conjunto de la sociedad catalana, pues supone un olvido y desprecio de no pequeña parte de dicha sociedad que no pretende ni aspira a lo expuesto. Y tan es así que en el siguiente párrafo se recoge tanto lo que propondrá al respecto JUNTS, como el PSOE, contenidos éstos divergentes de lo que supone un “acuerdo”, pues precisamente refleja lo contrario y sin embargo figura entre los ”Acuerdos”, salvo que -y es peculiar que el acuerdo sea que hay que acordar dadas las diferentes posturas de ambos partidos, debiendo por tanto haberse ubicado tales manifestaciones en la parte expositiva previa al apartado “Acuerdos” que venimos comentando.

         C) Sin perjuicio de lo anterior, sí resulta positivo en principio que se afirme por JUNTS que propondrá la celebración de un referéndum de autodeterminación sobre el futuro político de Catalunya “amparado en el artículo 92 de la Constitución” , y resulta positivo pues por una parte, supone un reconocimiento por su parte de la validez de nuestra Carta Magna, y por otra, procede recordar que el referido precepto se refiere a la participación de “todos los ciudadanos”, aunque verosímilmente para los independistas “todos” serán sólo los catalanes. Dicho lo anterior y a mayor abundamiento, procede recordar que la Constitución se refiere a referéndum “consultivo”, lo cual es radicalmente diferente a un referéndum de “autodeterminación”, como refleja el texto. 

         D) Y el siguiente párrafo contiene solamente un futurible: “JUNTS propondrá … y el PSOE aportará …, y “se abordarán” …, todo lo cual pone en evidencia la improcedencia de que los mencionados párrafos se incluyan en un “Acuerdo”, pues sus textos evidencian que se trata de futuribles.

         E) Y por fin llegamos a la mención de la amnistía que se acuerda tenga determinados contenidos que sí figuran en proyecto legislativo en tramitación parlamentaria, si bien se llega a afirmar que habrá que crear comisiones de investigación que habrán de contemplar situaciones comprendidas en el concepto de lawfare o judicialización de la política.

         Dicha inglesa palabra ha hecho correr ríos de tinta y desacertadas críticas, por expertos y la judicatura, pues se considera que es un ataque a la independencia judicial. Merecería este tema un profundo comentario improcedente en esta colaboración, pero si queremos dejar dicho ya que se refiere el lawfare a los que utilizan la justicia (partidos o personas) con bastardos objetivos políticos, o a aquellos jueces que fueran secuaces de tales torticeras pretensiones. Y dado que el texto del “Acuerdo” afirma que puede haber consecuencias que puedan dar lugar “a acciones de responsabilidad”, nos parece evidente que en ningún caso se está refiriendo ello a los jueces, pues la exigencia de su responsabilidad es competencia exclusiva del Consejo del Poder Judicial (y en su caso del Tribunal Supremo), con lo que la repulsa de los diferentes colectivos judiciales a ese párrafo, nos parece una notable sobreactuación, una muestra de susceptibilidad sobre algo impensable en un Estado de Derecho como es el nuestro.

         F) El último de los “Acuerdos” es más de lo mismo, pues en el él se establece una “estabilidad de la legislatura”, si bien se declara sujeta a los avances y cumplimiento de los acuerdos, lo cual es como decir nada, pues (y ya lo ha advertido el siniestro y bravucón Puigdemont), esa estabilidad depende cómo ellos consideren que progresan sus pretensiones. 

* José Mariano Benítez de Lugo es Presidente Honorario de la Asociación de Abogados Demócratas por Europa. Medalla de honor del Colegio de Abogados de Madrid.

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