Escrito por 11:17 am Justicia

¿Un ataque del Gobierno al Estado de Derecho?

por José Mariano Benítez de Lugo *

Cuando, en principio, nuestra colaboración iba dirigida a otro de los temas jurídicos candentes en nuestro país, ha surgido una bronca monumental con las declaraciones de la (por otra parte) siempre prudente y eficaz en su trabajo, vicepresidenta Ribera, al efectuar determinados comentarios sobre la labor instructora del magistrado García Castellón; y ello nos aboca a efectuar las siguientes reflexiones:

I.-  Se considera plausible e incluso positivo por muchos medios, instituciones y personas (lo estamos viendo en el caso citado) insultar, desacreditar, denostar, la labor y las personas (del Gobierno) del poder ejecutivo respecto al sacrosanto ejercicio de sus funciones, pero ¡ah! si se trata de la labor del poder judicial ¡vade retro Satanás!, se sostiene que deben ser inmunes a toda crítica que no sea la que pueda ir en los procesos (recursos); incluso por ejemplo, está legislado que sí, el poder ejecutivo puede desviarse de su poder (art. 70.2 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso Administrativa), y lo resuelve en última instancia la Sala 3ª del Tribunal Supremo, pero poner de manifiesto las desviaciones del poder judicial en su labor (como ha apuntado la vicepresidenta Ribera), es motivo de hipócrito escándalo en muchos ámbitos.

         Y buena prueba de ello fueron las anteriores declaraciones, concentraciones y comunicados de amplios colectivos judiciales y del propio Consejo del Poder Judicial (CGPJ), en aras, se decía, de su libertad de expresión, contra la non nata proposición de Ley de amnistía propiciada por el Gobierno, a través de la mayoría parlamentaria, cuando por cierto, en el ámbito judicial esas manifestaciones las tienen expresamente vetadas los jueces, según establece el art. 418.3 de la ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ). Sin embargo, cuando la libertad de expresión se ejercita por algún miembro del poder ejecutivo, ¡anatema!, salen en tromba los clásicos (entre ellos, la archiconservadora Asociación de jueces a la que pertenece el afectado) y el desprestigiado CGPJ para sostener que ¡oh cielos!, se ha atacado la independencia de un juez instructor.

II.- Pero ¿qué dijo la denostada vicepresidenta? Dos cosas: la primera, se refirió al contenido y al intencionado momento en que el instructor García Castellón había decidido resucitar el caso del llamado “Tsunami democratic” y plantear la existencia de actuaciones ¡terroristas! (qué forma de banalizar tan grave delito) en las conductas de Puigdemont y Rovira, decisiones suyas ¡oh casualidad!, producidas cuando se ponía en marcha la discutida y discutible (esto último así lo he expresado en este diario) futura Ley de amnistía. 

Y en la segunda parte de su declaración (que se pretende ignorar por los vociferantes contra ella), ponía en valor al colectivo judicial (“frente a lo que suelen ser los pronunciamientos de otros compañeros dentro del poder judicial”, lo que pone en evidencia la mesura de sus declaraciones, pues ni se atacaba al poder judicial como colectivo, ni en sus personas, sino que se cuestionaba la “extraña” oportunidad de lo actuado por el magistrado García Castellón, apuntando las querencias ideológicas subyacentes en él. Y por cierto procede recordar aquí que en una grabación existente en el llamado “caso Lezo”, en una conversación grabada entre dos gerifaltes del PP, Ignacio González y Zaplana, ya se decía que dada la “molesta” actuación para sus intereses y las de su partido del Juez que ocupaba la plaza de García Castellón en la Audiencia Nacional, y como éste se hallaba destinado como magistrado de enlace en Roma, había que trasladarle al juzgado del que era titular con el obvio objetivo de cercenar la actuación del entonces juez que se ocupaba del caso.

III.- La función judicial debe desarrollarse -como es sabido e indiscutido- desde dos parámetros fundamentales: con independencia por un lado e imparcialidad por otro. Respecto de la independencia, nuestra Constitución ya hace referencia a ella en su art. 117 y la LOPJ la dedica nada menos que 26 artículos, pero en los textos legales no existe mención alguna a su deber de imparcialidad, y ello se debía seguramente a que había que dejar claro el rechazo a cualquier interferencia ajena a la función judicial (independencia), pero que era innecesario referirse a la imparcialidad porque se daba por descontada.  

Son dos figuras que por lo expuesto, exigen tratamientos muy diferenciados, pues descendiendo de nuevo a las declaraciones de la vicepresidenta, es claro que no atentaba a la independencia del juez García Castellón, pues de ellas en absoluto se deduce que pretendiese interferir en sus funciones, como equivocadamente señala el CGPJ y de forma ¡unánime! (¿dónde estaban los llamados miembros “progresistas” de ese Órgano?), al afirmar en su comunicado del pasado 19 de enero que se atacaba “al deber general de respeto a  la independencia judicial”.

IV.- Y respecto de la imparcialidad. ¿Fueron acaso sus palabras una “deslealtad institucional” como se afirma por el CGPJ en su comentado comunicado? Empecemos por esto último, ¿No es precisamente tal deslealtad institucional el que un juez (precisamente G. Castellón), genuino, representante, como todos ellos, del poder judicial, se pronunciara públicamente contra la proposición de ley incentivada por el poder ejecutivo? De ahí lo desacertado de lo escrito por F. Vallespin (en otras ocasiones con mucho acierto) en el diario EL PAIS del 21-1-2024, cuando afirma que las críticas al juez “no pueden partir de otro de los poderes del Estado” (en nuestro caso de la vicepresidenta Ribera) y por qué se sostiene ello cuando, contradictoriamente -y en este caso con acierto- otra articulista de ese periódico (M. Urrea), recuerda en la misma página y en el mismo día, que el ínclito magistrado ya había “previamente criticado de manera pública una ley (de amnistía) en tramitación”. 

Y ante tan dispersas opiniones, la obligaba conclusión es “o todos o ninguno”, pues resulta hipócrita escandalizarse por lo dicho por un miembro del poder ejecutivo en uso de su libertad de expresión, y sin embargo sostener que es uso de tal libertad, lo dicho (contra una ley de amnistía nasciturus) por un miembro del poder judicial; y es que, como escribió ese gran jurista recientemente fallecido A. Nieto, los efectos de la influencia política operan en las sentencias, pero también en los trámites y procesos, rechazando lo que llama “vasallaje político” de los jueces pues a menudo, “visten debajo de la toga la camisa de un partido”, y ese es el caso subyacente en lo comentado por la vicepresidenta.      

 Y es que si reivindicamos límites a la libertad de expresión de quienes ostentan una posición institucional de poder (ya sea del judicial o del ejecutivo), ello debería –en su caso, insistimos– sostenerse de unos y otros, y la razón de ser de tal equiparación se halla por un lado, en que ya los artículos 8 y 58 de la LOPJ y el 106 de la CE, otorgan al poder judicial la posibilidad de revisar y en su caso anular las decisiones del poder ejecutivo, y por otro lado, que esa posibilidad no se otorga (con razón) a la inversa a este último, lo cual ha provocado que muchos juristas hayan insistido en que estamos ante un Estado judicial de Derecho, al resultar ser el poder judicial hegemónico en nuestro Estado (en concreto, la Sala 3ª del Tribunal Supremo). 

Y si el poder ejecutivo (alguno de sus miembros) puede cometer excesos (y no lo es el caso comentado), igual debería predicarse del poder judicial (los jueces) dado que, como señaló otro gran jurista italiano (Taruffo), “las afinidades políticas pueden inducir a los jueces a no ser imparciales”, y es que política y justicia coexisten a menudo en funesto maridaje. Se ha dicho que a veces los jueces están “fuera de onda”al tratar los casos sometidos a su decisión, pero más grave es que actúen desde una onda política determinada, como ha sido el caso contemplado por la vicepresidenta. 

V.- Y terminamos estas reflexiones acudiendo a lo escrito en EL PAIS del 28-7-1999 por el añorado amigo y gran jurista Gregorio Peces Barba sobre el tema que hemos venido comentando: “La politización de los procesos ha aumentado la creencia de los jueces en su poder y les ha contaminado con la tentación de sustituir los debates judiciales por debates políticos y por resoluciones políticas”, y es que no cabe negar que los jueces al tomar sus decisiones o efectuar sus declaraciones operan, como todos los humanos, desde sus preconcepciones o prejuicios. 

  • José Mariano Benítez de Lugo es Presidente Honorario de la Asociación de Abogados Demócratas por Europa. Medalla de honor del Colegio de Abogados de Madrid.
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