Inmaculada Sánchez
Cuando se acaba de iniciar un nuevo ciclo electoral en España, que no pinta nada bien para el partido que lidera el Gobierno, inesperadamente se vuelve a desencadenar una crisis mundial, derivada de la guerra iniciada por Estados Unidos e Israel contra Irán, que requiere a alguien al timón experto en la gestión de crisis. Ya califiqué a Pedro Sánchez hace un año como “el presidente de las mil y una crisis”, capaz de afrontarlas, salir de ellas y continuar en La Moncloa. Ahora que Donald Trump nos ha vuelto a situar ante una incierta y peligrosa situación para la convivencia y la economía mundial conviene recordar la diferencia entre tener a la derecha o a la izquierda al frente del Gobierno cuando vienen mal dadas.
Apuntan desde la oposición que Pedro Sánchez se ha posicionado en contra de la guerra de Irán por puro oportunismo político. Es decir, que le sale a cuenta el conflicto, erigir su voz frente a él y liderar la respuesta del país. Con semejante crítica el PP estaría reconociendo al presidente la condición de eficaz gestor de crisis con sus correspondientes réditos electorales. En Moncloa niegan cálculo alguno en las arriesgadas posiciones adoptadas por Sánchez frente a Trump tanto en relación a Gaza, Israel, la OTAN o, ahora, la guerra de Irán. Pero tampoco reniegan de la oportunidad política que se le presenta cada vez que el mundo convulsiona. Sobre todo, teniendo enfrente a un Feijóo dubitativo a indeciso ante retos de categoría de Estado.
La sucesión de derrotas electorales que viene encajando el PSOE desde que se iniciaran las elecciones autonómicas previstas para este año y el bloqueo legislativo al que la actitud de Junts, principalmente, ha abocado al Gobierno desde hace meses mantenían al Ejecutivo encerrado en una parálisis con peligrosas consecuencias electorales. El desafío de la guerra de Irán, sin embargo, ha reactivado la iniciativa de Moncloa y es Génova quien parece estar a la defensiva desde hace un par de semanas.
Pese a la colisión dentro del Consejo de Ministros del pasado viernes, por las medidas a tomar para hacer frente a lo que se nos viene encima con los misiles que sobrevuelan el Golfo Pérsico, en el PSOE entienden que la tensión con Sumar respecto a la prolongación del escudo social relativo a la vivienda recuerda oportunamente a sus electores quién es el que ha topado la subida de los alquileres y obligado a su renovación automática en las coyunturas de crisis.
Aunque los de Puigdemont impidan en unas semanas la convalidación del decreto ley en el Congreso, el escaso tiempo que esté vigente resultará muy valioso para el crédito del Gobierno y para la difícil coyuntura de Sumar, que podrá apuntarse un cierto tanto como socio capaz de arrastrar a más arriesgadas posiciones de izquierdas al Ejecutivo. Mientras el PSOE también aprovecha el oxígeno que revitaliza a los huérfanos de Yolanda Díaz, a los que sigue necesitando para revalidar la presidencia monclovita, retoma la iniciativa política con la estrategia paliativa de quien tiene en sus manos el BOE.
Experiencia no le falta. Nada más conformarse el primer gobierno de coalición, hace ya siete años, Sánchez y sus ministros hubieron de hacer frente a una inédita pandemia de salud pública mundial, gestionar una situación crítica de seguridad, de movilidad, de disponibilidad de suministros, de administración sanitaria al límite y de supervivencia política. No será necesario recordar posteriores acontecimientos desgraciados que requirieron asimismo el despliegue de ingentes recursos públicos como la erupción del volcán de La Palma, la nevada de Filomena, la crisis energética derivada de la guerra de Ucrania o la resolución del apagón eléctrico de hace un año.
En todos esos casos la protección del Estado se desplegó en toda su amplitud. ERTEs, subvenciones fiscales, ayudas directas, intervención en el mercado de los alquileres o en las facturas del gas y la electricidad repartieron la factura de las citadas desgracias entre todos priorizando el amparo a los más vulnerables. Sería lo básico a exigir a cualquier gobierno sin necesidad de aplauso pero no hay más que volver la vista a lo acontecido en la crisis financiera de 2008, con Mariano Rajoy en La Moncloa, para reconocer las diferencias. Ni ERTEs, ni ayudas a la vivienda, ni alquileres sociales o topes a los desahucios, ni subida del Salario Mínimo ni de las pensiones para paliar el empobrecimiento súbito que sufrieron millones de españoles a cuenta del desplome financiero mundial.
Hace bien La Moncloa en poner en valor los 5.000 millones de euros públicos que van a costar los 20 céntimos de rebaja en el litro de gasolina desde este pasado domingo. Y el incremento del bono social eléctrico o la subvención al gasóleo de los agricultores. Nadie quiere desgracias, pero si el loco que habita la Casa Blanca nos las impone, prefiero un Gobierno de izquierdas que uno de derechas para hacerlas frente.
