Escrito por 9:12 am Economía

Vivienda. Un problema histórico por resolver*

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  Después de 2020 ha arreciado en España el problema de acceso a la vivienda. El carácter de activo financiero y de mercancía de la vivienda genera una demanda adicional a la habitacional con fines de residencia habitual. Esta situación provoca precios de la vivienda y del alquiler desacoplados respecto de los niveles de ingresos de los hogares, en especial de los correspondientes a los jóvenes en situación de formar un hogar. El 49% de los hogares que viven de alquiler están en riesgo de pobreza y el 41% de dichos hogares debe de destinar más del 40% de sus ingresos al pago de la renta. En 2023 la situación de exceso de demanda en el mercado del alquiler social exige medidas correctoras y la puesta en marcha de actuaciones relevantes de política de vivienda.

  Se considera que el estado autonómico es un modelo confuso de delimitación competencial en cuanto a política de vivienda (JG Montalvo y otros, 2023)[1]. Las comunidades autónomas han asumido con carácter exclusivo las competencias en materia de política de vivienda. Pero es el Estado, la administración pública, elque aporta la mayor parte de los recursos que se destinan en España a política de vivienda, aunque la gestión de la misma corresponde a las comunidades autónomas. El Estado actúa sobre la política de vivienda a partir de su competencia exclusiva sobre la ordenación del crédito y la planificación y coordinación de la actividad económica. En España la vivienda históricamente ha tenido un peso reducido dentro de las prestaciones sociales incluidas en el estado bienestar, situación que debe de corregirse. En el presente trabajo se recoge un conjunto de propuestas para hacer frente al problema citado, se analizan los aspectos más relevantes de la Ley por el Derecho a la Vivienda aprobada en 2023 y se comenta la situación provocada por los más elevados tipos de interés en el periodo 2022-23

  1. La carencia de vivienda social alquiler de España, causa destacada del problema

   España está en el grupo de países de la Unión Europea con menor presencia de las viviendas sociales, inferior al 2% del parque inmobiliario. Viviendas sociales son las que se alquilan a precios inferiores a los del mercado (OCDE, 2020[2]). En 2020 había en España menos de una vivienda social por cada cien habitantes, frente a una media de cuatro viviendas sociales por cada cien habitantes en la Unión Europea.  Según una estimación realizada por el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (MITMA, 2021[3]), en 2020 había en España 452.040 viviendas sociales destinadas al alquiler, solo el 2,5% del parque de viviendas principales y menos del 2% del parque total de viviendas. En la Unión Europea las viviendas de dicho tipo suponían el 9,3% de las viviendas principales, correspondiendo a Países Bajos la proporción más elevada, el 30%.

  Después de 1981 la actuación estatal en materia de política de vivienda en España se ha desarrollado a partir de los planes plurianuales, que suelen cubrir un periodo de cuatro años. En dichos planes se especifican las actuaciones protegidas, se han fijado en el pasado mecanismos de financiación de las nuevas promociones de viviendas protegidas (VPO), se establecen los objetivos y se determina la aportación estatal de recursos. Entre 1981 y 2023 se han desarrollado doce planes estatales de vivienda. El primer plan de vivienda fue el de 1981-83, establecido en tiempos de la UCD, y el último en 2022-25, bajo gobierno socialista. 

  Un hecho a destacar es que los planes de vivienda citados no se han justificado en función del número de hogares a los que se iban a destinar las viviendas.  El objetivo prioritario ha sido el del fomento de la actividad económica a través del impulso a la construcción de viviendas de protección oficial. El foco de la política de vivienda se ha concentrado en la construcción de viviendas destinadas a la venta, resultando residual la presencia de las viviendas de alquiler dentro de los planes plurianuales, que aparecieron en la década de los años noventa con escasos resultados. Para conseguir los objetivos de construcción y venta hasta 2012 se movilizaba un volumen importante de financiación procedente del sistema financiero y del Crédito Oficial. Además, entre 1979 y 2012 existió una generosa desgravación fiscal a la compra de vivienda, que ha supuesto una reducción notable de la recaudación en el impuesto sobre la renta de las personas físicas.

 Entre 1950 y 2012 se construyeron en España alrededor de 6,8 millones de viviendas de protección oficial. Durante ese periodo hubo años en los que todas las viviendas construidas eran de protección oficial. El 35% de las viviendas principales de España se han construido a partir del sistema de las viviendas de protección oficial. Más de cuatro millones de dichas viviendas se construyeron bajo el anterior régimen político, mientras que en la etapa democrática, concretamente entre 1981 y 2022, se han construido alrededor de 2,4 millones de viviendas protegidas. La descalificación de tales viviendas y su paso a viviendas libres ha reducido el alcance social de las viviendas protegidas.

  El Plan Estatal de Vivienda del periodo 2009-2012, diseñado bajo el gobierno socialista, fue el último plan plurianual que estableció una garantía de financiación crediticia de las viviendas protegidas a construir. La crisis financiera asociada con el “pinchazo” de la burbuja inmobiliaria dificultó la financiación crediticia de nuevas promociones durante el periodo de vigencia de dicho plan. La desaparición del Crédito Oficial y la crisis de las Cajas de Ahorros, que eran las entidades de crédito que financiaron hasta entonces a las viviendas protegidas, frenó la materialización de los créditos previstos, advirtiéndose una fuerte reducción de los proyectos visados de VPO en el bienio de 2011-2012.

  Las políticas de austeridad y de estabilidad presupuestaria adoptadas tras la crisis financiera (2008-2012) dieron lugar a la desaparición en los planes estatales de viviendas de instrumentos de financiación de las viviendas protegidas. Quedaron solo las ayudas a la promoción mediante subvenciones, insuficientes para impulsar la construcción de nuevas viviendas sociales. Hasta 2022 se produjo un descenso considerable de los recursos destinados a la política pública de vivienda. Se ha puesto también de manifiesto la escasa eficiencia de las administraciones públicas para fomentar la creación de viviendas sociales de alquiler.

En 2022 el 18,1% de los hogares residía en España en viviendas de alquiler, según la Encuesta de Condiciones de Vida del INE. El peso del alquiler en España es uno de los más reducidos dentro de los países de Europa Occidental. En España, según la misma fuente y año, la proporción de hogares que vive de alquiler se eleva al 53,4% en el caso de la población entre 16 y 29 años de edad y al 70,8% de la población de extranjeros de fuera de la UE. Vivir de alquiler en España es, pues, una situación frecuente entre jóvenes e inmigrantes, que son los hogares con menos recursos.

 Entre 2011 y 2021 en España 800.000 hogares pasaron a alojarse en viviendas de alquiler. La recuperación económica posterior a 2013, una vez superado el “bache” de la pandemia en 2020, ha impulsado la formación de nuevos hogares. Estos últimos acuden en gran parte al alquiler privado para acceder a una vivienda, por su insolvencia para financiar con un préstamo hipotecario la compra de la vivienda. La mayor demanda de vivienda de alquiler, la insuficiente oferta pública de dichas viviendas, junto al desvío hacia viviendas de uso turístico de un porcentaje significativo (1,4%) del parque de viviendas, ha dado lugar a que el aumento de los alquileres superase ampliamente al de los precios de las viviendas. Entre 2014 y 2022 el aumento de los alquileres alcanzó el 56,2% (datos de Idealista.com) y los precios de las viviendas aumentaron en un 49,8% (datos del INE). Frente a estos incrementos, el aumento de los salarios solo fue el 13,9% (INE) en el mismo periodo de tiempo 

 Esta evolución ha provocado continuos aumentos del esfuerzo preciso para acceder a una vivienda de alquiler en el mercado. Un hogar que destine más del 40% de su renta disponible al pago de la vivienda soporta una carga excesiva. El difícil acceso a la vivienda provoca, además, que la edad de emancipación de los jóvenes resulte tardía (el 16% para los jóvenes de edades entre 16 y 29 años) y sea una de las más altas de Europa. La oferta es, pues, reducida en relación con la creciente demanda de viviendas de alquiler. Además, como se ha indicado, el aumento de los precios de los pisos turísticos disminuye la oferta de pisos de alquiler. El problema del acceso a la vivienda se ha convertido en un problema de emergencia social, que requiere de soluciones decididas para corregir el evidente déficit existente. 

  • La respuesta es una gran iniciativa pública contra una emergencia social

  La estrechez de la oferta de alquileres puede superarse, entre otras medidas, mediante un aumento importante de la nueva oferta de Viviendas Sociales de alquiler. Para alcanzar una proporción de Viviendas Sociales en alquiler en España más aproximada a la media europea (9,3% del parque de viviendas principales) sería necesario que el exiguo Parque Público de Viviendas Sociales actual ascendiese a unos dos millones de viviendas. Como las viviendas sociales existentes en España ascendían a 450.000 en 2020, puede, pues, hablarse de la existencia de un déficit de 1.550.000viviendas sociales. Un objetivo razonable sería la reducción del déficit a un millón de viviendas al inicio de los años treinta. El coste anual se situaría alrededor de los 5.000 millones de euros, el 0,4 % del PIB. La creación de un parque significativo de viviendas sociales destinadas al alquiler se realizaría mediante la construcción y compra de viviendas por las Administraciones Públicas, básicamente Autonomías y Ayuntamientos. Las empresas privadas podrían producir viviendas sociales bajo directrices públicas.

     Las actuaciones que a continuación se describen pueden contribuir a la creación de un  parque social de viviendas significativo.

 (i) En ausencia de un banco público especializado en la financiación de la vivienda social, se crearía una Sociedad Pública de Gestión que administraría un Fondo Nacional que financiaría el ICO. Esta última entidad obtendría los recursos mediante aportaciones del gobierno, fondos europeos, y emisiones de bonos. Se establecería un sistema de subvenciones a disposición de CCAA y Ayuntamientos para la construcción de las viviendas y también para la compra, haciéndose cargo el Estado de la amortización y costes financieros de los bonos emitidos, contra los ingresos de los alquileres.

(ii) El gobierno establecería acuerdos o convenios bilaterales con CCAA y/o Ayuntamientos para la materialización del plan de construcción de viviendas públicas en alquiler (prioritariamente en las zonas tensionadas), en los que se regularían los requisitos que deberían cumplir las personas beneficiarias, el parque de viviendas y las bases de su gestión, así como compromisos de plazos y cantidades. 

(iii)  Las actuaciones comentadas son coherentes con el contenido de la ley de vivienda de 2023. Esta última refuerza el papel de la política de suelo en toda la iniciativa de creación de parques públicos de viviendas de alquiler. Los terrenos cedidos obligatoriamente a los ayuntamientos, procedentes de los nuevos desarrollos inmobiliarios, junto al aumento del suelo destinado a vivienda protegida de alquiler, desempeñarían, junto con la financiación, un papel decisivo en la creación de un parque de viviendas sociales de alquiler. El sector privado puede contribuir al crecimiento del parque de viviendas sociales a través de la construcción de viviendas protegidas de precio limitado, figura incluida en la ley de vivienda.

iv)  La dotación de gasto público estatal debería incrementarse para asegurar la viabilidad de la iniciativa, manteniendo el apoyo a la rehabilitación. El gasto publico directo en acceso a la vivienda y fomento de la edificación debería superar los 5.000 millones de euros anuales durante un periodo prolongado de tiempo.

(v)  Junto a la construcción de nuevas viviendas el parque público de alquiler se   puede reforzar mediante las compras públicas de viviendas privadas. Las Comunidades Autónomas y los ayuntamientos pueden hacer uso del derecho de tanteo sobre las ventas de VPO en suelo urbano. En las ciudades en las que el municipio no tiene parque público ni suelo para construirlo las compras citadas son una herramienta que permite conseguir viviendas sociales en diversos lugares del territorio (J. Buron, 2021[4]).Las viviendas de Sareb pueden utilizarse para lograr una mayor dimensión del parque de viviendas sociales de alquiler.

(vi) En general debe de reforzarse el parque de viviendas de alquiler en España. Las políticas urbanísticas deberían facilitar la construcción de nuevas viviendas de alquiler. La limitación de los alquileres turísticos y un mayor gravamen fiscal sobre las viviendas vacías puede ayudar al aumento de la oferta de viviendas de alquiler, siendo indispensable la colaboración de las comunidades autónomas y de los ayuntamientos (R. Torres[5])

  • Sobre el control de alquileres

  El desequilibrio en el mercado del alquiler se puede también corregir mediante el control de alquileres a corto plazo. Esta actuación se debe de diseñar de forma que se minimice la posible reducción de la oferta de viviendas de alquiler. Existen importantes dificultades prácticas para implementar de forma racional y eficiente una política de control de alquileres en España, sobre todo cuando se arranca de una situación de escasa información estadística sobre el mercado del alquiler como sucede ahora. Contratos largos, control de rentas y ayudas directas podría ser la combinación adecuada para lograr una política regulatoria eficiente (A. Inurrieta, 2021[6]). Son numerosos los países europeos en los que existe un control de los alquileres, entre ellos las dos economías más importantes de la UE, Alemania y Francia, junto a los países del Benelux y Suecia. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos avala los controles, siempre que sean proporcionados, estén justificados  en base al interés general y no recaiga sobre los propietarios el coste de la política de vivienda (V. Pérez Quintana, 2021[7])

  • La Ley de Vivienda de 2023

La actuación más trascendente en los últimos años en materia de política de vivienda fue la aprobación parlamentaria del texto definitivo de la Ley 12/2023, de 24 de mayo, por el derecho a la vivienda (BOE de 25 de mayo de 2023). La ley citada pretende cumplir el mandato constitucional de los poderes públicos de promover las condiciones necesarias y de establecer las normas pertinentes para hacer efectivo el derecho a la vivienda. 

La gran política de vivienda es la que plantea incrementar los parques públicos y sociales mediante una ley marco que fortalezca legislativamente los planes. La ley aprende del fracaso de las VPO, prohibiendo la modificación de la calificación de suelo de reserva para vivienda de algún régimen de protección pública (C. Trilla, 2023[8]).

La ley define y clasifica las viviendas protegidas, cuyo perfil se ha ido diluyendo en los últimos años. Se definen en la ley los parques públicos de vivienda para el alquiler social, cerrando la posibilidad de venta de los mismos a fondos de inversión y a entidades privadas con ánimo de lucro. La legislación autonómica deberá establecer que en el suelo de reserva para vivienda protegida el 50% se destine a la promoción en alquiler. Las viviendas protegidas construidas sobre suelo destinado a dicho objetivo tendrán carácter permanente mientras se mantenga la calificación de dicho suelo. La ley debería de acompañarse de garantías de financiación de los planes de vivienda, de forma equivalente al funcionamiento de los planes anteriores de construcción de viviendas de protección oficial. 

La ley concede una clara trascendencia a los registros municipales de demandantes de vivienda, que deben de ser obligatorios. Por otra parte, la creación efectiva de registros públicos autonómicos de los contratos de alquiler puede ayudar a la elaboración de índices de precios del alquiler para todos los niveles territoriales. 

 El aspecto más controvertido de la ley es el de la posibilidad de establecer controles de los precios del alquiler en las denominadas “zonas de mercado residencial tensionado”. En dichas zonas (Artículo 18 de la ley) el esfuerzo de acceso debe de superar el 30% de los ingresos del hogar. Tanto en los precios de venta como en los alquileres el aumento acumulado de los cinco años precedentes debe de haber superado en tres puntos el aumento del índice de precios de consumo de la comunidad autónoma correspondiente en dicho periodo.

 En las viviendas ubicadas en las zonas tensas la renta pactada al inicio del nuevo contrato no podrá exceder de la última renta de contrato de arrendamiento vigente en los últimos cinco años en la misma vivienda. El alquiler podrá incrementarse hasta en un 10% solo si se han realizado obras de rehabilitación y mejora de la vivienda. Si el arrendador es un “gran tenedor” (titular de más de cinco inmuebles urbanos de carácter residencial en el ámbito de la zona) la renta del nuevo contrato no podrá exceder el límite máximo del precio aplicable conforme al sistema de números índices de referencia.

 Según la ley, la declaración de zona tensionada corresponde a las administraciones competentes en materia de vivienda, en este caso a las comunidades autónomas. A la vista de las declaraciones realizadas sobre esa cuestión por los líderes políticos de algunas autonomías, podrían generarse mercados inmobiliarios diferenciados territorialmente según se aplique o no en cada autonomía el control de alquileres en las zonas tensionadas.

Otros aspectos destacados de la ley, además de los límites al alquiler en las zonas tensionadas, son los recargos en el impuesto sobre bienes inmuebles a las viviendas vacías, la calificación indefinida de la vivienda protegida al menos durante 30 años, el aumento de la edificabilidad destinada a vivienda protegida en los nuevos desarrollos urbanísticos, el destino al alquiler del 50% de los suelos destinados a vivienda protegida.

Como en su día se comentó en Francia con motivo de una nueva ley de vivienda en dicho país, de la aprobación de la ley de vivienda no se derivará que del suelo surjan los cientos de miles de viviendas precisas para reforzar el exiguo parque de viviendas sociales existente en España. La ley de vivienda es, más que una política de vivienda, una promesa de política de vivienda.  La cuestión radica en saber cómo se va a cumplir tal promesa

  La planificación y programación de las políticas de vivienda es clave para el desarrollo de la ley de vivienda en el futuro. La distribución de recursos disponibles debe de hacerse de forma global, a la vista de la previsión relativa a la creación de hogares en las comunidades autónomas.  

  • Sobre el aumento de los tipos de interés en 2022-23

 Las elevaciones de los tipos de interés realizadas en 2022 y en 2023 por la mayor parte de los bancos centrales, incluido el Banco Central Europeo, han dado lugar, entre otras consecuencias, a importantes elevaciones de los tipos de interés de los préstamos bancarios en dicho periodo de tiempo. Dentro de dicha evolución destacan los incrementos registrados por el Euribor a doce meses, que es el principal índice de referencia empleado en los préstamos a interés variable destinados a la compra de la vivienda. Desde un nivel de dicho indicador del -0,24% en marzo de 2022 se ha pasado a registrar un nivel del 4,15% en septiembre de 2023. De dicha evolución se ha derivado un aumento paralelo en los tipos de interés de los nuevos préstamos a comprador de vivienda (Gráfico 3). El Euribor ha alcanzado así el nivel más elevado desde 2008, a la vez que se ha reducido de forma significativa el diferencial entre los tipos de interés de los préstamos a comprador de vivienda y el Euribor. El aumento del Euribor ha provocado incrementos importantes en la cuota a pagar durante 2023 por los deudores hipotecarios que habían comprado una vivienda mediante préstamos a interés variable. Dicha evolución ha afectado a la baja a la renta disponible de un número importante de hogares.

  Se considera que hay en España unos cuatro millones de hogares que han podido sufrir el aumento citado en la cuota a pagar por la hipoteca a interés variable con la que accedieron a la vivienda en propiedad. La intensidad de la elevación de la cuota a pagar depende de la fecha en la que se formalizó el préstamo. A la vista de la evolución citada, en noviembre de 2022 el gobierno negoció con los bancos la modificación del Código de Buenas Prácticas de 2012, previsto en su momento para reducir el intenso número de ejecuciones hipotecarias producido tras la crisis iniciada en 2008.

El nuevo Código de Buenas Prácticas pretende aliviar la situación de los hogares afectados por la subida del Euribor y ello por medio del Real Decreto-Ley 19/2022 (BOE de 23.11.2022). En esta norma se establece un nuevo Código de Buenas Prácticas, adaptado a las circunstancias del momento. Los hogares con renta inferior a 25.200 euros /año (3,0 Iprem) y cuyo esfuerzo de acceso crezca un 50% por la evolución citada del Euribor, tendrán un periodo de carencia del principal del préstamo durante cinco años. Podrá ampliarse el plazo de amortización del préstamo hasta 40 años. El tipo de interés aplicable durante el periodo de carencia se reducirá hasta el Euribor menos 0,1 puntos porcentuales.

La Resolución de 23.11.2022 (BOE de 24.11.2022) de la Secretaría de Estado de Economía publicó el Acuerdo del Consejo de Ministros de 22.11.22, del que se derivaba que se extenderá la ayuda a los hogares con ingresos de hasta 29.400 euros al año (3,5 Iprem) para los que la evolución citada del Euribor implique un aumento del esfuerzo preciso para hacer frente al pago de la cuota hipotecaria de al menos el 20%. La cuota resultante de dicha evolución del Euribor deberá ser superior al 30% de la renta familiar.

Para este grupo de hogares se congela la cuota del préstamo durante doce meses y se alarga el plazo de vencimiento hasta siete años. Tales hogares podrán pasar desde un préstamo a interés variable a otro a tipo de interés fijo, pudiendo aumentar el plazo del préstamo hasta 40 años. El banco establecerá libremente el tipo de interés a aplicar en el nuevo préstamo derivado de la novación del anterior.

 Los beneficiarios potenciales de la modificación del Código de Buenas Prácticas ascienden a unos 550.000 (Banco de España, 2023[9]). Las mejoras son limitadas, pero pueden suavizar la posición de todos los deudores hipotecarios, no solo de los que optaron por un interés variable (S. Álvarez Royo-Villanova, 2023[10]). El alcance de la corrección dependerá del interés de los bancos en cumplir el compromiso adquirido y de su respuesta a la demanda de novación de los préstamos citados por los hogares afectados. 

No se ha publicado ninguna información respecto del número de hogares que se han acogido a las medidas correctoras de la situación planteada por las notables elevaciones de los tipos de interés a los préstamos “vivos” a interés variable. Todo indica que debería de haberse fijado un tope de ingresos familiares más elevado que el establecido tras los acuerdos gobierno-banca de noviembre de 2022, por ejemplo hasta 4,5 Iprem (37.800 euros /año). Por otra parte, debería conocerse mejor, por su trascendencia social, la metodología de cálculo del Euribor a doce meses, principal índice de referencia de los préstamos a interés variable. La reciente evolución al alza de los tipos de interés ha dado lugar a que entre 2021 y 2023 la proporción de los préstamos a interés fijo para compra de vivienda haya crecido hasta situarse por encima del 60% en dicho periodo. 

6- Sobre la Rehabilitación

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  La rehabilitación se recoge en el Plan Estatal de Vivienda 2022-2025, en el RD 835/2021, de rehabilitación energética, y en la Ley 10/2022, de medidas urgentes para impulsar la actividad de Rehabilitación edificatoria en el contexto del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. La Ley de Vivienda destaca la cuestión de la rehabilitación, al incluirla como una obligación de los propietarios dentro de la esfera de la función social de la propiedad   y al destacarlo como uno de los capítulos importantes de las políticas públicas. Los Presupuestos Generales del Estado del trienio 2021-2023 incluyen ayudas directas a las inversiones a realizar, ayudas fiscales y también se contempla el acceso a la financiación a largo plazo avalada por el ICO en un 50%.Destaca el papel de la figura del agente rehabilitador y de las comunidades de propietarios, donde bastará con el acuerdo de la mayoría de los propietarios para poder realizar los programas de rehabilitación.  

 Vinculado al mercado de la vivienda está su rehabilitación y, en particular, en materia de eficiencia energética. La tasa de rehabilitación energética de España se encuentra a la cola del resto de países europeos y lejos de la tasa necesaria para poder cumplir con los objetivos de neutralidad climática en 2050. Los edificios consumen el 40% de toda la energía de la UE, emiten el 36% de las emisiones comunitarias de CO2 y consumen el 55% de toda la electricidad.

El parque inmobiliario en España es antiguo, ineficiente energéticamente. El 83% del parque inmobiliario nacional tiene más de 40 años. De acuerdo con el propio Ministerio para la Transición Ecológica, de 20 millones de viviendas, 9,4 millones necesitan una reforma urgente.

La política de rehabilitación energética eficiente precisa de un impulso económico, como el que se está llevando a cabo a través de los fondos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia para la implementación de la Agenda Urbana española, y también de la coordinación con las CCAA y los municipios.  Destaca el hecho de que estos últimos  pueden poner en marcha programas ambiciosos de rehabilitación energética en colaboración con las empresas de servicios energéticos y otros actores del sector, para ofrecer proyectos “llave en mano” y soluciones financieras integrales que faciliten al máximo la inversión a los propietarios de los edificios, sean estos públicos o privados.

  • En conclusión

  El difícil acceso a la vivienda para numerosos hogares ha adquirido en España un carácter de emergencia nacional. Resulta imprescindible aumentar el reducido parque de viviendas sociales de alquiler. Esto se puede conseguir adquiriendo viviendas existentes y construyendo un importante volumen de nuevas viviendas desde las administraciones públicas. Se propone aquí crear una Sociedad Pública de Gestión que administraría un Fondo Nacional que financiaría el ICO. Los recursos se canalizarían hacia autonomías y ayuntamientos, estableciendo convenios entre el gobierno estatal y esas administraciones públicas. Suelo y financiación son piezas indispensables para conseguir el objetivo. El camino hacia la reducción del déficit de viviendas sociales llevará tiempo, pero una política decidida de aumento del parque de viviendas de alquiler social puede generar unas expectativas que moderen el aumento del precio de los alquileres.  

Julio Rodríguez López

*Publicado en el libro «Economía, Política y Ciudadanía. Reformas estructurales para una década de progreso», Los Libros de la Catarata 2023.


[1] José García Montalvo, José M. Raya, Carles Sala Roca, “La promocio d`habitatge en els Plans estatals i els Font Next Generation. L` Insuficiencia d instruments i pressupost”. Catedra Habitatge i Futur UPF-APCE, Barcelona, 2023

[2] OCDE 2020, “Le logement social: un element essentiel des politiques de logement d`hier et de demain”, Paris, 020

[3] MITMA 2021, Boletin Especial Vivienda Social 2020

[4] Javier Buron, “España: Misión vivienda. La Contribución de Barcelona con las buenas prácticas europeas”, Boletin Comisión Privado, Noviembre 2021.

[5] Raymond Torres, ”El acceso de los jóvenes a la vivienda”, Funcas, Cuadernos de Información Económica, Septiembre-Octubre 2023

[6] Alejandro Inurrieta, “Vivienda La revolución más urgente”, Alternativas Económicas, SCCL, Barcelona, 2021.

[7] Vicente Pérez Quintana, Coyuntura de la Vivienda”, Asociaciones Vecinales, Federación Regional Madrid, Diciembre de 2021.

[8] Carme Trilla, “Ley de Vivienda: para que sirve y para que no”. El País, 19.04.2023

[9] Banco de España, Informe de Estabilidad Financiera, Primavera 2023

[10] Segismundo Álvarez Royo-Villanova, “Protección de deudores hipotecarios ante la subida de tipos (Real Decreto-Ley 19/2022)”, El Notario del siglo XXI, Madrid, enero-febrero 2023.

*Publicado en el libro»Economía, Política y Ciudadanía. Reformas estructurales para una década de progreso», Los Libros de la Catarata 2023.

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