La ingente cantidad de intereses, dinero y poder que mueve tan jugoso mercado no debería intimidar al primer Gobierno de coalición progresista de la democracia. Sánchez ha demostrado ese arrojo en otros campos tan minados políticamente como Cataluña. El del ladrillo debería ser su siguiente empeño.
Inmaculada Sánchez
Los datos económicos siguen sonriendo al Gobierno pero hay uno, crucial para su futuro electoral, que se mantiene imposible de doblegar: el acceso a la vivienda. Ni la recuperación tras la pandemia ni el retroceso de la inflación logran hacer mella en un mercado inmobiliario disparado que bloquea la emancipación de una juventud cada vez más frustrada. La ultraderecha cabalga sobre ella con sus mentiras mientras la izquierda se presenta incapaz de dar respuestas.
Austria acaba de dar un nuevo aviso este domingo con la victoria electoral del partido ultra más cercano al nazismo de los que tienen representación parlamentaria en la Unión Europea, el FPÖ de Herbert Kickl. Tanto en el centro de Europa como en el espacio electoral de Vox en España los varones jóvenes representan uno de sus principales nichos de votantes. No hay respuesta sencilla al avance del extremismo fascista en países que vivieron la Segunda Guerra Mundial hace no tantas décadas pero la desesperanza sobre un futuro mejor en las clases más desfavorecidas es uno de sus alimentos.
Los partidos que apoyan al Gobierno de Pedro Sánchez llevan tiempo alertando sobre la vivienda como el principal problema para despejar el oscuro horizonte de una generación con una capacidad económica muy inferior a la de sus padres, pese a su mayor formación, y sin expectativas de mejora. Son muchos y reiterados los datos e informes de muy distintos orígenes que apoyan esta alarma. Por eso, en la última crisis de Gobierno Sánchez recuperó el Ministerio de la Vivienda poniendo al frente a una de sus más jóvenes ministras, la anterior portavoz del Ejecutivo, Isabel Rodríguez.
El año pasado, también, había logrado aprobar, con enormes dificultades, la Ley de Vivienda que consagra como derecho el tener un techo donde habitar y limita la revisión de precios de los alquileres además de revisar el concepto de ‘gran tenedor’ de inmuebles. Buenas intenciones que para algunos de los socios de la investidura se quedaban cortas y que, de facto, las competencias autonómicas sobre determinadas decisiones incluidas en la ley la dejaban en papel mojado en las zonas con los precios más disparados como Madrid.
Han sido, sí, las autonomías gobernadas por el PP las que se han negado a aplicar las normas establecidas en la nueva ley alegando su inefectividad y apelando a la libertad de mercado, pero ha tenido que pasar más de un año para que la ministra Rodríguez las ‘amenace’ con restringir las ayudas estatales que reciben a las que continúen bloqueándola.
Sánchez había anunciado que la próxima Conferencia de Presidentes autonómicos, a celebrar en diciembre en Cantabria, estaría dedicada en exclusiva a tratar el problema de la vivienda pero ya ha aceptado incluir otros temas a petición del PP. Pese a todo, en dicho foro es previsible que se confronten las posiciones en política habitacional de los dos grandes partidos ya que Feijóo, que este otoño pretende lucir un look más social con sus nuevas propuestas sobre conciliación familiar y horario laboral, también viene reconociendo a la vivienda como uno de los principales problemas de los españoles.
La incidencia de las políticas públicas en el mercado inmobiliario necesita tiempo y presenta una gran complejidad, como bien conoce y explica con gran sabiduría en ojoavizor el economista Julio Rodríguez, pero también enormes dosis de valentía política. La ingente cantidad de intereses, dinero y poder que mueve tan jugoso mercado no debería intimidar al primer Gobierno de coalición progresista de la democracia. Sánchez ha demostrado ese arrojo en otros campos tan minados políticamente como Cataluña. El del ladrillo debería ser su siguiente empeño.
