Inmaculada Sánchez
Un cambio de paradigma en el escenario político español. Un antes y un después. Una sacudida a todos los partidos del Congreso. La clave del final de la legislatura. Así definen políticos, analistas y medios sin excepción el terremoto provocado por el desahucio de una anciana en Madrid que ha levantado la indignación ciudadana y una poderosa acampada en la Puerta del Sol con impredecibles consecuencias políticas. El Gobierno ha salido a la carrera a intentar apagar el fuego, y sus socios, a aprovechar las llamas para exigirle lo negado hasta ahora. Una vez más el pulso entre lo posible y lo necesario, el parche o la cirugía, solo que ahora la calle impone urgencia y determinación. La imposible mayoría que aupó a Sánchez a La Moncloa se enfrenta a una inesperada partida de última hora que ha dejado a PP y Vox fuera de juego y que amenaza con decidir, más que ninguna otra, ganadores y perdedores del viaje sanchista.
Pedro Sánchez está haciendo historia en la política española por más de un motivo. Dio la vuelta como un calcetín al PSOE de Felipe González, que tanto triunfó y tanto decepcionó, recuperando el poder para los suyos cuando la ilusión morada de un joven Pablo Iglesias amenazaba con llevárselos por delante. Rompió tabúes políticos y territoriales de la Transición pactando con los independentistas catalanes y con la izquierda abertzale que había caminado, en tiempos, junto a la violencia. Se ha erigido en referente internacional del progresismo mientras la derecha más ultra y peligrosa cabalga desbocada por todo el orbe incluida nuestra cercana Europa. Pero en la recta final de sus casi ocho años gobernando cunde la sensación entre electores y apoyos de que lo mucho hecho no convence si la gente continúa sin poder alquilar o comprar una casa donde vivir pese a tener trabajo y sueldo.
La agónica aritmética parlamentaria con que nació esta legislatura hace tres años ha colaborado, sin duda, a esta percepción que relativiza y opaca logros inapelables como el blindaje de la revalorización de las pensiones, las históricas subidas del SMI o los sucesivos escudos sociales desplegados ante los avatares sanitarios y bélicos que la han acompañado. Pese a estos avances ha sido imposible aprobar los Presupuestos del Estado ni un solo año y la capacidad legislativa de este Gobierno, con su desaprovechado arsenal de cambios económicos y sociales, ha quedado reducida a los límites del decreto ley y las imposibles votaciones en el Congreso. La prometida derogación de la ‘Ley mordaza’ es uno de los más sangrantes ejemplos que sobrevivirá a la gestión sanchista y que sufriremos cuando gobiernen PP y Vox y la puedan utilizar para reprimir las previsibles protestas.
La tenebrosa caricatura del sanchismo que la derecha se ha trabajado, con la inestimable ayuda de judicatura y medios, ha ido avanzando inexorablemente entre los votantes pero la base electoral de la izquierda que, a través de distintas siglas, alumbró la llegada del primer gobierno de coalición progresista en la España democrática tampoco se ha reducido drásticamente, según solventes análisis sociológicos. La clave de la derrota estaría, como tantas otras veces, en la desilusión y la esperanza frustrada que desemboca en la abstención. El desahucio de Maricarmen le ha puesto el dato delante de la cara al Gobierno en apenas unas horas. No sólo los jóvenes, sino los padres y familiares que comparten con ellos su angustia y desánimo vital, han vuelto a llenar la Puerta del Sol exigiendo soluciones. Hace quince años el clamor era por no poder pagar la letra al banco y una de las protagonistas era la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) de la que, recordarán, saltó Ada Colau a la palestra política. Hoy, es el Sindicato de Inquilinas, que ya no pide una casa, sino solo un alquiler asequible. Mucho no parece que hayamos avanzado en este crucial derecho a techo, ni con el gobierno más progresista desde la muerte de Franco.
Hace ahora dos años, en octubre de 2024, titulaba en este mismo ‘ojoavizor’ mi artículo semanal con esta frase: “Vivienda y juventud, la ecuación que el PSOE necesita resolver”. La en su momento famosa Ley de Vivienda había cumplido un año y sus limitadísimos efectos junto al boicot de las autonomías del PP para aplicarla hacían crecer la desilusión de jóvenes y potenciales votantes. Estos últimos días, tanto Gabriel Rufián como hasta el ministro Bustinduy están incidiendo en lo trascendente de la respuesta a la acampada de Sol. “Nada de lo que ha hecho este Gobierno, por muy bueno que sea, y ha habido cosas muy buenas, va a servir si no se soluciona el tema de la vivienda”, ha incidido el republicano.
Tanto ERC como Sumar, pese a su tono crítico, apoyan los dos decretos aprobados esta semana en Consejo de Ministros para dar una solución de urgencia a desahucios y alquileres. Cuando escribo estas líneas aún no se conoce la posición de Junts y Podemos, los dos socios menos complacientes con Sánchez y al que vienen pidiendo incluso el fin de la legislatura desde hace meses. Confío en que al menos el que prorroga la vigencia de los contratos y la prohibición de los alzamientos a inquilinos vulnerables salga adelante, pese a que lo limite temporalmente a un par de años. La prórroga indefinida del segundo decreto se topará previsiblemente con el rechazo de nacionalistas catalanes y vascos y quedará encallada.
Nuevamente, un parche, nuevamente, el posibilismo. Otra vez, lo único posible. Es, probablemente, la única herramienta de un gobierno de coalición en minoría parlamentaria pero también la oportunidad de salir a la próxima campaña electoral de las generales con la bandera de los inquilinos, los desahuciados y los que defienden la vivienda como un derecho. El PSOE nunca se ha atrevido con monstruos tan poderosos como el ladrillo y el mercado pero parece llegado el momento en que Sánchez saque la osadía y ambición que ha demostrado en otros campos minados políticamente, como hizo en Cataluña, o se arriesga a quedarse varado al otro lado del río.
