Inmaculada Sánchez
Han tenido que pasar dos años y medio para que una ley aprobada por mayoría en el Congreso de los Diputados entrara plenamente en vigor. Ha sido esta semana, metidos en la vorágine preelectoral que todo lo ocupa, cuando el Tribunal Supremo no ha tenido más remedio que acatar la sentencia del Constitucional que derribaba definitivamente todas las cortapisas impuestas por sus magistrados para impedir la aplicación de la Ley de Amnistía. Nunca antes se había limitado la potestad legislativa de nuestro Parlamento con semejante éxito. Y ha habido que esperar prácticamente al final de la legislatura, con las siguientes elecciones generales ya convocadas, para que la principal y más arriesgada apuesta política de Pedro Sánchez se haga realidad. Tendrá que pasar un tiempo todavía para calibrar sus efectos pero ya hay datos que la avalan: hoy en Cataluña gobierna un socialista, los independentistas pueden seguir presentándose a las elecciones pero están en minoría y tanto la convivencia social como muchas de las empresas que huyeron de un ambiente político irrespirable han retornado. Sin embargo, el daño a las instituciones y al sistema democrático en sí mismo infringido por unos altos magistrados en guerra contra el Gobierno es irreparable.
El exconseller de Cultura Lluis Puig ha sido el primero en regresar a España después de que el juez Llarena anulara la orden de detención contra él tras la sentencia del Constitucional. Es diputado del Parlament y ha anunciado que acudirá presencialmente a la cámara a tomar posesión de su escaño, vacío hasta ahora. Tales han sido las consecuencias políticas de esa ‘creativa’ interpretación de la amnistía hecha por los magistrados del Supremo que veía enriquecimiento personal, y por tanto malversación no perdonable, en el gasto público dedicado al referéndum del 1-O porque sus promotores ‘se lo había ahorrado de sus bolsillos’.
Nueve años lleva Puig residiendo en el extranjero, al igual que el también exconseller y ahora eurodiputado Toni Comín y el expresident Carles Puigdemont. Políticos fugados para la justicia española, aunque ‘exiliados’ para sus fieles, a quienes el independentismo ha podido mantener todo ese tiempo como víctimas, señuelo y bandera de una radical y rupturista opción política a la que Sánchez, con el apoyo mayoritario del Congreso, apostó por combatir a través del perdón y la reconciliación. ¿Quiénes son unos jueces, pese a ocupar el más alto escalafón jurisdiccional español, para impedir, con trámites dilatorios e interpretaciones retorcidas, que se aplique una norma legítimamente aprobada por la mayoría de los representantes de la ciudadanía española en las Cortes? Esto es exactamente lo que ha ocurrido y conviene recordarlo ahora que tenemos de nuevo cerca las urnas.
Comín también ha anunciado su inminente viaje a Madrid para hacer los trámites necesarios ante la Junta Electoral Central y poder recoger su acta de eurodiputado en Estrasburgo, escaño ganado en las últimas elecciones europeas. Puigdemont aún no ha revelado sus planes, sólo ha declarado que no ejercerá de jefe de la oposición en el Parlament aunque sin aclarar si renunciará al escaño de diputado raso que tiene pendiente de ocupar, ni si su regreso se producirá antes de las elecciones generales del 29 de noviembre.
La definitiva aplicación de la Ley de Amnistía concluye un proceso político de una relevancia histórica para España. Los sucesos de 2017 provocaron un incendio social y político nunca visto en la Cataluña que había asumido en su día los pactos de la Transición. Los responsables fueron juzgados, condenados y, posteriormente, políticamente perdonados mediante una Ley de Amnistía que hasta llegó a ser explícitamente avalada por la Unión Europea a través de su Tribunal Superior de Justicia (TJUE). No sólo la consideró perfectamente compatible con el Derecho de la UE sino que su Gran Sala dictaminó el pasado julio que la ley era una “herramienta legítima” para conseguir una “reconciliación nacional”, sin afectación económica a fondo alguno de la Unión ni choque de ningún tipo con su normativa antiterrorista. Ni malversación, pues, de dinero público en la organización del referéndum, ni actos terroristas en las protestas en el aeropuerto del Prat y otras infraestructuras como pretendían los recursos y apelaciones jurídicas que han retrasado la aplicación del perdón.
En estos casi dos años y medio de guerra judicial contra la amnistía la derecha se ha rearmado con sus sucesivas batallas y destrozos complicando a Sánchez los acuerdos con sus socios de investidura, especialmente con Junts, cuyos diputados han precipitado, finalmente, la conclusión de la legislatura. Los agrios reproches entre el Supremo y el Constitucional por tan relevante ley dejan, además, heridas de largo alcance y consecuencias. Sin ir más lejos, uno de los motivos del pacto que negocian PP y Vox para conseguir los tres quintos del Senado el 29-N es la potestad de la Cámara Alta para nombrar miembros del Tribunal Constitucional cuando expiran los mandatos, y también del Consejo del Poder Judicial que controla el resto de nombramientos en los más importantes juzgados. Lo del próximo 29-N va a ser mucho más que unas elecciones generales al uso. No lo olvidemos.
