Inmaculada Sánchez
La derrota parlamentaria sufrida por el Gobierno en el primer pleno del Congreso de este año no es una más. Es un descomunal freno a la política social desplegada por el Ejecutivo y la confirmación de que el inestable bloque de la investidura no sólo tiene una vía de agua por los escaños de Junts sino que el barco en el que navega Sánchez ha sido declarado en riesgo de hundimiento. El presidente puede aferrarse al casco para mantenerse a flote, y seguramente lo hará aun sin el combustible de los Presupuestos, pero a falta de una política progresista que llevarse a la boca la legislatura podría sucumbir por inanición.
Puigdemont ha cumplido su amenaza y ni el viaje a Bruselas de Santos Cerdán ni aplazar el rechazo a la moción de confianza que exigía han servido de nada. Los imprescindibles votos de Junts han hecho decaer este miércoles dos decretos ley que revalorizaban las pensiones y el ingreso mínimo vital, prorrogaban el bono social o la suspensión de los desahucios y mantenían las ayudas al transporte público. Ni tan indiscutidas medidas han conseguido que los independentistas catalanes, ni por supuesto el PP, rehusaran infligir al Gobierno un castigo tan sabroso.
Los populares se parapetan en que aprobarán las medidas si se presentan para votar una a una y no en bloque, donde se incluía la “inaceptable” devolución al PNV de una histórica sede jetzale en Paris incautada por el franquismo, que hoy alberga aulas del Instituto Cervantes. Los de Puigdemont ni siquiera han precisado apenas detalles respecto al decreto sino la general exigencia sobre la que vienen cabalgando desde hace meses de que el Gobierno “cumpla” con lo acordado, con la aplicación de la Ley de Amnistía para su líder, que sigue en las exclusivas manos de los jueces, como principal exigencia.
Moncloa lleva demasiado tiempo agarrándose a la fantasía de que, al final, los socios más díscolos siempre se avienen al acuerdo. “A nadie le interesa que caiga el Gobierno”, señalan con razón. Y su más reciente éxito, salvando la compleja reforma fiscal votada en noviembre, da fe del argumento. Pero la situación se está complicando, sobre todo desde que el congreso de Junts reeligiera a final de año a Carles Puigdemont como indiscutido líder cuando su menguante poder en Cataluña, con la Generalitat en manos de Salvador Illa, le empuja a apostarlo todo a sus órdagos en Madrid.
Estos sinsabores del Congreso le están impidiendo a Sánchez disfrutar del anunciado retorno del Banco Sabadell a Cataluña. Un fruto tan evidente de la arriesgada y costosa hoja de ruta catalana desplegada por Moncloa apenas puede lucirse en la actual agenda política española, copada por el ruido y la inestabilidad.
Es de esperar que la subida de las pensiones y las principales medidas sociales contenidas en los decretos rechazados esta semana puedan ser salvadas en posteriores votaciones en el Congreso pero otras que las acompañaban se quedarán en el camino. Si el PNV no logra recuperar su palacete parisino o ERC y Podemos ven cómo el impuesto a las energéticas que el PSOE también les prometió no consigue, siquiera, una segunda votación, los incentivos de la investidura podrían ir decayendo.
2025 arranca en Moncloa con serias amenazas de derrumbe, aunque desde el Gobierno se repiten el “ya estamos acostumbrados” para invocar la continuidad. Quizá sea así, y débiles edificios apuntalados pueden mantenerse en pie durante largo tiempo, pero el primer pleno del Congreso del año a algunos nos ha puesto muy nerviosos.
