Cristina Monge
L.G.C.
Ante el plan de regeneración democrático presentado por Pedro Sánchez en el parlamento el miércoles 17 que pretende proteger la libertad de expresión, se han situado más de 30 propuestas de la “sociedad civil”. Destacamos la presentada por +Democracia, presidida por la politóloga Cristina Monge, muy presente en medios informativos. La asociación fue fundada en 2013 por el exministro de Zapatero, Jordi Sevilla, y el exministro de José María Aznar, Josep Piqué, ya fallecido, lo que indica una cierta voluntad bipartidista.
Desde 2013 +Democracia ha elevado a los poderes públicos propuestas para mejorar el funcionamiento de nuestra democracia; cambios en la ley de partidos, en el sistema electoral y, junto a otras organizaciones de la sociedad civil, 50 medidas de regeneración democrática, casi todas inéditas.
Se pregunta + Democracia qué pueden hacer los medios de comunicación y sus profesionales por la regeneración democrática. Y se responde:
Los medios de comunicación son empresas sometidas a las leyes de mercado y a su vez, desarrollan una actividad fundamental en el funcionamiento de nuestro sistema democrático: orientan la conversación y la deliberación pública, garantizan el conocimiento por parte de la opinión pública del control de las instituciones y coadyuvan a la formación de la voluntad general. Son, por tanto, agentes clave en la construcción, mantenimiento y mejora de la democracia.
El debate sobre cómo deben cumplir mejor su función en democracia es distinto al de las redes sociales, que también debería ser abordado, si bien en este caso nos centramos exclusivamente en el papel de los medios de comunicación: – Pedimos a las asociaciones de medios y de profesionales que, junto con expertos y representantes de la sociedad civil impulsen un Consejo Profesional para el desarrollo del sector y la profesión en un contexto de complejidad del entorno digital, estableciendo criterios deontológicos que dificulten el ejercicio espurio de la profesión y exija la total transparencia en la publicación de la composición del accionariado de cualquier tipo de medio o plataforma de comunicación, así como el origen pormenorizado de sus ingresos (como exige el Reglamento Europeo de Libertad de los Medios de Comunicación. que debe transponerse a la legislación española con celeridad).
– Le pedimos al gobierno que proceda a revisar los criterios de publicidad institucional de forma que favorezcan la información de calidad y excluya de los fondos públicos aquellos que incumplan los criterios deontológicos establecidos por la industria y la profesión. Entre otros, se pueden plantear criterios relacionados con número de suscripciones, diferenciación de los suscriptores individuales de los institucionales, cumplimiento de las reglas fiscales, responsables jurídicos con nombres y apellidos, condenas firmes por faltar a la veracidad, porcentaje de contenidos creados con Inteligencia Artificial, etc. Todo ello debería mostrarse mediante las correspondientes auditorías como criterio para la obtención de financiación pública.
– Creemos imprescindible que el gobierno impulse un acuerdo con las asociaciones profesionales para una rápida reforma del derecho de rectificación, adaptándolo a la realidad de la sociedad digital
