Inmaculada Sánchez
Tres solventes sondeos han confirmado esta semana que los españoles creen cada vez menos en la objetividad de la justicia, en la imparcialidad de los jueces, en su independencia y en que no haya lawfare en muchas de sus decisiones relacionadas con los políticos. La operación de acoso y derribo contra este Gobierno lanzada por la judicatura más conservadora no está saliendo gratis al prestigio de la institución. Tanto la IV encuesta del CIS sobre la Calidad de la Democracia en España como las de 40dB para ‘El País’ y de Ipsos para ‘La Vanguardia’ ofrecen unos datos desoladores sobre la confianza de la ciudadanía en los jueces. Pese a todo, no parece que les preocupe demasiado: también esta semana el juez sustituto de Peinado no ha dado permiso a la mujer del presidente para viajar a Ankara a la cumbre de la OTAN en calidad de consorte por la ‘deficiente cooperación policial’ con Turquía que permitiría a Begoña Gómez fugarse, aunque sí la deja ir a Londres a la graduación de su hija. Parecería de chiste si no afectara a uno de las instituciones más importantes del sistema. El daño no es que ya esté hecho, sino que crece cada día que pasa.
Tres de cada cuatro españoles considera que la justicia no es imparcial cuando investiga a partidos políticos, según la encuesta sobre nuestra democracia dada a conocer estos días por el CIS. Dos de cada tres piensa que en nuestro país hay lawfare, es decir, un uso político interesado en las denuncias y las decisiones judiciales, según el sondeo monográfico sobre la justicia realizado por 40dB para el grupo Prisa. Y el del Instituto Ipsos publicado por La Vanguardia constata que el 60 por ciento de los ciudadanos cree que hay jueces que hacen política. Nunca había tenido mayor descrédito la justicia en la reciente historia democrática española, donde tradicionalmente se sitúa en el segundo puesto, tras las fuerzas armadas, entre las instituciones mejor valoradas. Hoy se distancia significativamente del ejército, que roza el notable, con un 6,96 en valoración, con un suspenso de 4,74.
Casos tan llamativos como la sentencia del Supremo contra el anterior Fiscal General o la investigación del juez Peinado sobre la mujer de Pedro Sánchez, Begoña Gómez, han colaborado decididamente en socavar la confianza ciudadana. La ofensiva judicial contra el Gobierno de coalición se inició criticando y poniendo palos en las ruedas a legítimas decisiones políticas tomadas por Sánchez y sus socios, desde los indultos a los líderes del procés hasta la mismísima Ley de Amnistía, votada en las Cortes y que aún hoy no puede ser aplicada a Carles Puigdemont por las trabas en su interpretación introducidas por el Supremo. El Gobierno, aunque se mostraba crítico, todavía entonces expresaba su respeto y confianza en la justicia.
No era, sin embargo, suficiente, dado que el Ejecutivo ni se tambaleaba y la mayoría conservadora de la magistratura, con la colaboración de interesados denunciantes de la extrema derecha, ampliaron sus acometidas a personas concretas del entorno gubernamental y presidencial. Así es como entran en escena la condena a Álvaro García Ortiz y las delirantes y desproporcionadas acusaciones a la mujer de Sánchez, casos que, esta vez sí, llevaron al Gobierno a denunciar decisiones judiciales equivocadas, interesadas o rayanas con la prevaricación. La acumulación de procesos con perfiles claramente políticos ha saltado ya al debate público y la percepción ciudadana hasta al punto de que uno de cada tres españoles considera que los jueces tienden a favorecer a la derecha, según revela el sondeo de 40dB.
Otros datos sobre el desprestigio de los jueces que aportan los trabajos del CIS, 40dB e Ipsos resultan abrumadores: Un 82 por ciento considera a la justicia lenta y poco independiente, sólo un 32 cree que las resoluciones en asuntos relacionados con la política sean justas e imparciales, más del 68 no cree que la justicia trate a todos por igual, un 61, que los jueces se dejan influir por otros grandes poderes, un 10’4 exige reformas para despolitizar la justicia. Incluso el sondeo a priori más neutral, el de La Vanguardia, concluye que un 60 por ciento de españoles cree que hay jueces que directamente están haciendo política.
Podría decirse que, al igual que la llamada ‘policía patriótica’ que desplegó el PP en su día para atacar a enemigos políticos al margen de la legalidad, hoy campa a sus anchas en la justicia una especie de ‘judicatura patriotica’ capaz de lo que sea necesario para librarnos de Sánchez, al que ya hasta Feijóo insinúa una próxima imputación judicial. Si llegan a conseguirlo el precio habrá sido caro para la institución, pero no parece que les importe lo más mínimo.
