Inmaculada Sánchez
El reinicio de la actividad en el Congreso ha llegado con la primera derrota parlamentaria del año para el Gobierno pero, también, con un valioso acuerdo con uno de sus más ariscos socios, Podemos. Mientras el ministro Puente brega con las consecuencias políticas del accidente de Adamuz, Sánchez se afana en recoser puentes con sus aliados para conjurar un fin abrupto de la legislatura y ha empezado a repartir raciones de bazas políticas a cada uno para desinflar posibles ideas desertoras. Regularización masiva de migrantes para los morados, dimisiones en Rodalies y Adif para los de Esquerra, encuentro y ampliación de promesas para el lehendakari Pradales y nuevas posibilidades de traspaso en competencias migratorias para los de Junts. ¿Será suficiente? Posiblemente no, pero, de momento, el presidente consigue que el Gobierno mantenga suelo sobre el que pisar.
Moncloa no necesitaba pacto alguno con Podemos para aprobar el decreto con el que se va a regularizar la situación de más de medio millón de inmigrantes que viven y trabajan en España sin papeles ni legalidad que los ampare, ya que no precisa pasar por el Congreso. Pero la gran noticia buscaba un necesario acercamiento a los morados, que mantienen posiciones en cada encuesta y han confirmado su condición de actor destacado a la izquierda del PSOE en las recientes elecciones extremeñas. El Gobierno ha dejado a Irene Montero que anunciara la regularización y se apuntara el tanto ante su electorado, después de más de un año sin acuerdo alguno con los socialistas y numerosas críticas al Gobierno. A cambio, los de Belarra abren la puerta a negociar el exigido traspaso de Junts de la competencias sobre migración a Cataluña que sus votos en el Congreso impidieron aprobar hace unos meses.
La anunciada regularización masiva, la séptima desde Felipe González, incluidas las dos que aprobó Aznar en su día, lanza un mensaje de refuerzo de Sánchez también por lo que significa: el Gobierno, pese a su debilidad parlamentaria, todavía puede tomar decisiones trascendentales, avanzar en su agenda ideológica y retratar, de nuevo, el peligro que supondría la alternativa en manos del PP y de Vox, que han vuelto a poner al unísono el grito en el cielo con la medida.
El pacto con Podemos contiene más sustancia aún: embrida a Yolanda Díaz de sus recientes aspavientos contra el Gobierno del que forma parte. Recordemos su patinazo exigiendo a Sánchez una profunda remodelación del Ejecutivo a finales de año cuando ingresaron en prisión Ábalos y Koldo García y fue detenida Leire Díez y el expresidente de la SEPI. Condescendientemente ninguneada por el presidente, Díaz hubo de ‘comerse’ su inconveniente órdago y mantener el paso en el Consejo de Ministros. Poner en el recorrido, nada más empezar el año, un acuerdo con sus archienemigos morados, en un tema que, además, Sumar también viene reivindicando desde hace tiempo, no debe haber sido plato de gusto. La ministra de Trabajo, no obstante, puede sobrellevar estos malos ratos luciendo la inminente subida del Salario Mínimo Interprofesional o la histórica bajada del paro que se acaba de situar por debajo de los dos dígitos por primera vez desde 2008.
Parecida jugada realizó Moncloa con EH Bildu cuando les cedió el anuncio de su pacto para subir las pensiones mínimas un 30 % en cuatro años. Ahora, sin embargo, la prioridad es el PNV y esta misma semana Sánchez ha recibido al lehendakari en Moncloa. Pradales ha salido con su dosis de compensaciones: antes de abril se acordará el traspaso de aeropuertos a Euskadi y se actualizará el cupo, además de negociar nuevas competencias para la ertzaina, precisamente en la política de inmigración que está adquiriendo una peligrosa relevancia en las exigencias de los socios y en el debate público del país.
ERC, por su parte, ya consiguió cobrar en diciembre, cuando Sánchez recibió a Junqueras y dio el visto bueno final al prometido pacto de ‘financiación singular’, que se ha materializado en el nuevo sistema de financiación autonómica propuesto hace unas semanas por la vicepresidenta Montero y que tantos dolores de cabeza le dará a la próxima candidata socialista a la Junta de Andalucía. La crisis ferroviaria de los cercanías catalanes, los conocidos rodalies, ha apremiado este enero nuevos pagos y Oscar Puente ha cesado al director de Operaciones y Explotación de Adif y al director operativo de Rodalies. También Salvador Illa, convaleciente aún en el hospital de un episodio neurológico-motor, requirió decisiones urgentes a Sánchez para hacer frente a la indignación popular.
La derrota del decreto ómnibus en el que se revalorizaban las pensiones no enturbia el empeño de reconstrucción del bloque de la investidura en el que está embarcado personalmente Pedro Sánchez. Sorprende la repetición del ardid parlamentario pero, previsiblemente, las pensiones serán revalorizadas con un nuevo decreto y algunas de las medidas del escudo social que lo acompañaban, aunque otras se vean abocadas a decaer. Entre tanto, la prioridad son los socios y las sucesivas elecciones autonómicas por delante. Al menos, seguimos viendo al presidente arremangado en el tajo.
