Las dos caras de…

Manuel García-Castellón

por Jano Luna

15 febrero 2024

Si el protagonista de esta crónica hubiera sido consecuente con una de sus aficiones juveniles, estaríamos ahora hablando del brillante comisario García-Castellón, azote de la delincuencia organizada en el tramo previo al judicial. Admirador del escritor belga Georges Simenon, leyó con fruición las novelas del comisario Jules Maigret. Excelso mito del género policiaco.

El vallisoletano y licenciado en Derecho Manuel García-Castellón y García-Lomas, 72 años el próximo 16 de octubre, prefirió almacenar los volúmenes del Aranzadi —y buena parte del Boletín Oficial del Estado—en esa memoria que oculta su amplia frente, para ganar las oposiciones a la judicatura. Ha alcanzado la categoría paradójica de modesto ‘juez estrella’ en la Audiencia Nacional, en la fase de instrucción, con su apariencia sosegada mientras investiga casos políticos de alto voltaje. Las pesquisas de este magistrado no suelen gustar a los partidos ubicados en el arco de la izquierda.

Desde ese espectro ideológico, los medios afines le atizan por sus decisiones controvertidas. Unas veces la balanza del juez se ha inclinado ‘en contra de’. Así las añejas indagaciones sobre la clínica Ginemédica, pionera en la práctica del aborto en Valladolid. Más adelante, actuaciones que protestaron quienes homenajeaban a los presos de ETA. Al igual que el exlíder de Podemos, Pablo Iglesias, se quejó de su falta de ecuanimidad en el retorcido ‘caso Dina Bousselham’, donde asoma la gorra del ubicuo comisario Villarejo, contrafigura de Maigret. 

Hace pocas fechas, la acción concreta contra Carles Puigdemont por supuestas actuaciones terroristas, ha incendiado la política del gobierno central a favor de la amnistía para los independentistas catalanes. 

En la balanza ‘a favor de’, se le ha acusado de levedad —en ocasiones mediante archivo de las diligencias—, en las causas contra la ‘desaparición’ de españoles durante la dictadura chilena de Pinochet, de indulgencia hacia María Dolores de Cospedal y hacia Esperanza Aguirre, o de suma benevolencia acerca de las correrías erótico-financieras de Juan Carlos I y Corinna zu Sayn-Wittgenstein.

Frase publicada por persona admiradora: «Es prudente, analiza y medita las cosas». Ídem por persona detractora: «Busca que la realidad se amolde a su visión». No ha de faltar la excepción a la regla, pues García-Castellón procesó en 2021 al estrambótico exministro de Interior del Partido Popular, Jorge Fernández Díaz, por espiar a Luis Bárcenas con fondos reservados.

Su larga trayectoria, avivada por frecuentes choques con los fiscales —y premiada con reposos profesionales bien retribuidos en París y Roma—. termina dentro de siete meses, tras haber dilatado en dos años la jubilación dictada por ley. ¿Decidirá dar el salto a la política? Ofertas no le van a faltar. Su innegable talante conservador, indica por donde irían sus preferencias.

La resonancia pública de los jueces estrella no puede ocultar que para millones de españoles la justicia sigue siendo aquel «cachondeo» que denunció el alcalde de Jerez, Pedro Pacheco, cuando se paralizó la orden municipal para demoler el chalet de Bertín Osborne. Alimenta tal sensación una tesis de doctoral del magistrado sevillano Francisco Gutiérrez, donde concluye que el poder judicial es lento e ineficiente. Ya lo escribió Séneca siglos atrás: “Nada se parece tanto a la injusticia como la justicia tardía”. 

Si excluimos el colorido paisaje político, cualquier ciudadano que atraviese —como demandante o demandado— un pleito meramente civil, sufre las contradicciones entre la primera instancia, la audiencia que corresponda y el Tribunal Supremo. Si es que dispone de medios para pagar sucesivas minutas de abogados, procuradores y provisiones de fondos. Transcurrirán años de incertidumbre sobre el resultado final, con la experiencia surrealista de que cada sentencia puede contradecir a la anterior, aunque cada una de ellas se base en las mismas leyes.

Una noticia resuena de nuevo tras el asesinato de dos guardias civiles en Barbate. En febrero de 2023, la fiscalía de Cádiz tuvo que asumir la prescripción y archivo de un proceso contra cincuenta miembros de una red de narcotráfico en la provincia, luego de dieciséis años de investigaciones y trámites judiciales.

¿Existe corrupción además de ineficacia? Mucho cuidado con lo que se opine. El desacato a una alta autoridad —y un juez lo es— se mantiene de forma implícita en nuestro ordenamiento jurídico. Y puede llevar a la cárcel al infractor, si se considera delito grave… por un juez.