Carlos Berzosa
La gobernabilidad en estos tiempos turbulentos se ha puesto difícil en bastantes países de la Unión Europea, entre los que se encuentra España y dentro de nuestro país en varias Comunidades Autónomas. Se da el ejemplo de Francia donde aún no se ha resuelto quién presidirá el ejecutivo. En varios países se procede a coaliciones de partidos que gobiernan conjuntamente o bien con apoyo parlamentario. Todo ello obliga a negociar y a ceder en las pretensiones de unos y de otros.
Tras el resultado de las elecciones generales del 23 de julio de 2023 celebradas en España se consiguió por parte del PSOE capitaneado por Pedro Sánchez un gobierno de coalición con apoyo parlamentario de otras fuerzas políticas. Un encaje de bolillos que está dando buenos resultados económicos y sociales, aunque falta mucho camino por recorrer. Un acuerdo que sin duda en ocasiones pone de manifiesto sus debilidades y contradicciones, pero, aun así, el balance es positivo.
El acuerdo PSC-ERC hay que englobarlo en la necesidad de dar una salida política a esa situación compleja como fue el resultado de las últimas elecciones celebradas en Cataluña. Hay que considerar que los electores ya han hablado con su papeleta y corresponde a los políticos saber leer lo que las urnas han dicho. Hay que gestionar el resultado sin tener que llegar a la repetición electoral. Esto es lo que realmente se ha hecho. Desde este punto de vista hay que valorarlo positivamente si al fin llega a buen puerto, pues, por un lado, se evitaría una repetición electoral, y, por otro lado, se formaría una coalición de izquierdas, y no del nacionalismo independentista. A su vez hay que considerar que se ha desinflado el suflé independentista y la vuelta a la normalidad en Cataluña es beneficioso no solamente para esta Comunidad Autónoma, sino también para el resto de España.
Ahora bien, lo que hay que preguntarse es si la cesión realizada por el PSC con el apoyo del gobierno central no ha sido demasiada en lo que concierne al sistema fiscal. Esta es una cuestión que hay que admitir que es compleja y controvertida y resulta un tanto difícil dar un veredicto económico bien sobre sus posibles bondades o bien por los efectos que puedan ser negativos. Todo dependerá del desarrollo de la ley y su encaje en la Constitución. Además de cómo se establezca el cupo. Hay que aclarar que hay que diferenciar entre el “concierto” (quién recauda) y el concepto “cupo” (el cálculo del reparto). Ya se tiene un precedente, que supone una excepción sobre el régimen general, como es el sistema foral que se aplica en el país Vasco y Navarra. Se trataría de extender esta excepcionalidad a Cataluña. Se puede considerar que esto ampliaría más una situación injusta e insolidaria, admitiendo que lo sea, pero no tiene que ser así ni mucho menos.
En concreto, faltan todavía los elementos necesarios para poder juzgar sus consecuencias económicas. Sin esperar más, se han lanzado en tromba, sin ningún tipo de argumentación, contra este acuerdo, no solo los partidos de derecha, sino también dentro del PSOE por los de siempre que se opusieron a los indultos, amnistía y ahora a este acuerdo. Me gustaría preguntar al PP, que es quien gobernada cuando se produjo el choque de trenes, así como a los voceros del PSOE que se oponen a todo, ¿qué plan tienen para Cataluña? Parece que solamente les sirve la represión y no las soluciones políticas.
Por otra parte, usan los mismos tópicos que ya habían utilizado antes cuando los indultos y la amnistía. Esto es, que se van contra la igualdad de los españoles y contra la solidaridad. Se parte de hechos falsos que no se dan como que existe igualdad entre los españoles. Sobre esto ya escribí un artículo en esta misma publicación “La desigualdad social en España” (noviembre de 2023). En cuanto a la solidaridad tampoco se da, pues como exponen Olga Cantó en su artículo “la evolución de la desigualdad en el último medio siglo” y Sara Torregrosa-Hetland “¿Una fiscalidad para limitar las desigualdades? en el libro colectivoLa desigualdad en España el sistema fiscal español redistribuye poco si lo comparamos con otros países de nuestro entorno europeo.
A su vez sobre la desigualdad territorial escribe en el mismo libro mencionado Diego Loras Gimeno “Desigualdad territorial, brecha rural y despoblación” en el que señala:” que, en España, el 90% de la población vive en el 30 % del territorio. El 10% de la población española vive repartida por el 70% restante de la extensión del país”. Por tanto, como dice muy acertadamente: “Aun viviendo en el mismo país, el espacio de vida impone diferencias que complican las opciones de garantizar igualdad de derechos y oportunidades en todo el territorio”. Además, España es el país de Europa con una mayor desigualdad territorial en términos de despoblación. La desigualdad territorial no solo es elevada, sino que tiende a aumentar. Así que ni el sistema fiscal ni el Fondo de Compensación territorial han logrado cerrar la brecha que se da entre las diferentes comunidades.
De todo ello se deduce que es urgente hacer una reforma fiscal más redistributiva y evaluar el uso de los recursos del Fondo de Compensación. Estos son los problemas de fondo que hay que abordar si se quiere avanzar en el terreno de una mayor cohesión social. Esto es lo que me parece que es en dónde se deben situar las cuestiones principales con análisis rigurosos y no con palabras demagógicas y sin contenido real. El cupo catalán, por tanto, si prospera, se tendría que realizar en un sistema fiscal más redistributivo, tanto en la renta interpersonal como en rentas territoriales.
